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23 de Junio de 2017

Fiscal Emiliano Arias y sanción en caso Incendios: “No he cometido ninguna infracción”

Ante esto, Emiliano Arias apuntó que "la verdad es que yo lo que quiero es trabajar tranquilo. Lo que busco es trabajar tranquilo con la gente"

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Emiliano Arias, fiscal regional de O’Higgins, reaccionó “sorprendido” y mostró su desacuerdo con la decisión del fiscal nacional, Jorge Abbott, de sancionarlo con el 5% de su remuneración por un mes, en el marco de su actuación en el caso Incendios, donde tiene imputados a tres ejecutivos de la empresa CGE.

Arias enfrentó los micrófonos de la prensa, señalando que “la pena de multa es una pena bastante alta en lo que dice relación con la escala de sanciones de naturaleza administrativa. Obviamente que no estoy de acuerdo con la disposición de la sanción”.

“Me sorprende, la verdad es que mi posición es no he cometido ninguna infracción”, indicó en Arias, a quien Abbott removió del caso Corpesca en agosto del año pasado.

Consultado sobre la sanción impuesta por el fiscal nacional, quien además designó a Mauricio Richards para indagar la grabación de un diálogo que sostuvo con víctimas del incendio de Pumanque en febrero pasado, Arias, apuntó que “la imposición de la sanción y la reasignación de la causa son facultades que nacen del fiscal nacional y en su ejercicio yo no puedo evaluarlas. Mauricio Richards es un muy buen fiscal, con muchos años de experiencia, y llevará muy bien esa causa”.

Ante esto, Emiliano Arias apuntó que “la verdad es que yo lo que quiero es trabajar tranquilo. Lo que busco es trabajar tranquilo con la gente”.

“En la región me ha ido bastante bien, en el tema de los incendios el equipo ha trabajado mucho: imagínense, estamos negociando la empresa la indemnización de las víctimas, una cuestión que no se había visto nunca antes en un proceso de esta naturaleza, lo que me tiene muy conforme y bastante motivado”, expresó.

No obstante, el fiscal de O’Higgins criticó que la normativa no permita a los persecutores apelar a este tipo de sanciones, apuntando que “no tenemos a quién recurrir, no hay un órgano imparcial, un tercero u otra instancia que pueda revisar esta decisión. Ése es un defecto del sistema, que podría ser incluso de naturaleza anticonstitucional”.

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