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6 de Julio de 2017

El potente gráfico con que Boric explica su rechazo al informe del Sename

Si bien se ha cuestionado que el Gobierno hizo un "lobby" para que se rechazara el polémico texto, hay documentos que explicaron otras razones para abstenerse o rechazar el documentos.

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El Servicio Nacional de Menores (Sename) finalmente cifró en 1.313 menores fallecidos bajo el cuidado de organismos colaboradores o propios de la institución a lo largo de los últimos doce años, bajo tres distintos gobiernos, siete ministros de Justicia distintos -de quien depende el organismo- y siete otros directores a nivel nacional.

Es la información de una gráfica publicada por el diputado Gabriel Boric en su cuenta en Twitter, donde se analiza los momentos en que han ocurrido estas muertes y bajo qué administraciones, como una forma de justiciar una de las razones por las que decidió rechazar el informe de la comisión investigadora ad hoc este martes.

“No tengo interés en defender a Blanco, pero ¿el resto de los responsables?”, cuestionó en esa publicación. El diputado magallánico explicó largamente ayer las razones de su rechazo, argumentando que el informe proponía algunas soluciones “interesantes”, pero que no se hacía cargo del problema de fondo, razón por la que incluso René Saffirio -uno de los diputados que ha llevado la bandera de lucha por el Sename- también rechazó el informe.

En esa línea, la gráfica muestra que durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet murieron 439 niños y niñas, cifra que aumentó durante la administración de Sebastián Piñera, con 453 menores muertos. En tanto, durante el actual gobierno van 339 fallecidos.

La información también apunta a todos los ministros que han encabezado Justicia en la última década, periodo en que se ha ido profundizando la crisis del organismo. En 2005, el secretario de Estado era Luis Bates (independiente), quien fue seguido por Isidro Solís (radical), Carlos Maldonado (PR), Felipe Bulnes (independiente), Teodoro Ribera (RN), Patricia Pérez (independiente) y José Antonio Gómez (PR).

Al mismo tiempo, la línea de tiempo muestra a los siete directores del organismo que ha habido en el último tiempo.

Boric afirmó que llegó a la convicción de que el polémico informe del Sename no abordaba la problemática de fondo que es “una institucionalidad centrada en subvenciones a instituciones colaboradoras sin una evaluación profunda de su actual desempeño que en muchísimos casos ha demostrado serias irregularidades“, además de “permanencia de las instituciones de administración directa por parte de Sename sin una revisión estructural de sus falencias”.

“El informe negaba la posibilidad de reparación a todos quienes han sufrido vulneración de sus derechos humanos por parte del Sename”. A eso, añadió la “condescendencia con autoridades responsables de la crisis del Sename. Sólo se mencionaba a Javiera Blanco y sin establecer responsabilidades concretas. Esto desde mi punto de vista es grave puesto que en la práctica con este informe se eludía las responsabilidades políticas, administrativas y eventualmente penales (a determinar por tribunales) de muchos de los responsables de la crisis”.

Saffirio fue aún más duro. “Yo rechazo este informe no porque hay que excluir a la ex ministra Blanco, sino porque considero que es un informe falso, insuficiente y condescendiente con los responsables. Para eso, no estoy disponible”.

Según el parlamentario, el texto “soslaya responsabilidades políticas y no enfrenta un cambio fondo que permita terminar con el lucro de los organismos colaboradores, y no es más que un maquillaje” y critica que en el informe se pida más recursos a pesar de las faltas y eventuales delitos cometido por estas instituciones, sin contar la ausencia de reparación para los niños tratados por el organismo.

Criticas similares hizo la diputada PC Camila Vallejo, quien destacó -eso sí- que del informe de la comisión investigadora se debe rescatar la propuesta de crear una comisión independiente y transversal sobre verdadjusticia y reparación, similar a la de los casos de violaciones a los derechos humanos en dictadura.

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