Chile Vamos ante el TC: acusa al gobierno de legislar el “aborto directo o provocado”
La oposición, liderada por la presidenta de la UDI, llegará mañana hasta la sede del organismo para apelar en contra del proyecto de ley que busca despenalizar aborto en tres causales.
Por Redacción EL DÍNAMO
Este miércoles, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, tras la aprobación de otros diez senadores de Chile Vamos, llegará hasta la sede del Tribunal Constitucional para presentar el documento con el que buscan apelar en contra del proyecto de ley que busca la despenalización del aborto en tres causales.
Uno de los principales argumentos que presentarán en el documento que consta de 67 páginas, según reveló La Tercera, es que el proyecto “no despenaliza la ‘interrupción voluntaria del embarazo’, sino que legaliza el aborto directo o provocado”.
A eso, agregan que la iniciativa “manda e impone a terceros la obligación de realizarlo, como prestación de salud, para garantizar así el derecho subjetivo de la mujer y su ejercicio”. En ese sentido, sostienen que “es indudable que todos quienes hemos intervenido en el debate parlamentario, desde el gobierno y la oposición, no sólo reconocemos, empatizamos y adherimos al sufrimiento y al dolor que la madre y las demás personas afectadas“.
“Aquello no está en cuestión. Como tampoco creemos que quienes apoyan el contenido del proyecto que objetamos deban ser, sencillamente y en todos los casos, considerados como contrarios a la vida. Se trata de plantear si una determinada decisión legislativa se ajusta o no a la Constitución”, añaden.
Los argumentos de la oposición no presuponen que el que está por nacer es persona, sino que se basan en que la Constitución protege la vida del que está por nacer. Por eso, crear “un derecho subjetivo” de abortar es contrario a la Carta Magna.
De esta manera, el objetivo no es centrar la discusión en lo “valórico” o en las “convicciones” de cada uno, sino que se está legislando en contra de la Constitución y de aprobarse la ley, se extralimita el mandato de la competencia del Congreso Nacional al infringir la Carta Fundamental.
“La Constitución obliga directamente a gobernantes y gobernados. A todos los órganos del Estado, incluido el legislador. Este debe someter su actuar a la Constitución, conforme a lo establecido en ella”, plantean.
