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La historia del caso que inició las investigaciones por mal uso de asignaciones parlamentarias La historia del caso que inició las investigaciones por mal uso de asignaciones parlamentarias

El caso de Maximiano Errázuriz en 2011 abrió las investigaciones por uso de recursos parlamentarios.

Nacional

La historia del caso que inició las investigaciones por mal uso de asignaciones parlamentarias

Por 6 de septiembre de 2017

Alejandro Guillier, senador y candidato presidencial, está en la mira de la fiscalía por el uso de recursos parlamentarios para financiar informes copy paste a través de una asesoría brindada por la empresa Beltrán Asociados Spa. Su caso ampliará una investigación a todo el Senado.

Pero fue en 2011, cuando la fiscalía logró la primera y única condena por este motivo contra un parlamentario, Maximiano Errázuriz.

En diciembre el ex militante RN escuchaba el fallo que marcaría el fin de su prolongada carrera parlamentaria: 4 años de libertad vigilada, una multa por el 10% de lo defraudado y la imposibilidad de por vida a optar a un cargo público tras cometer fraude al fisco y uso malicioso de instrumento privado falso.

Dicha sentencia del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago cerraba una investigación iniciada por la Fiscalía de Valparaíso en junio de 2009, que comenzó dicho proceso en su contra por el uso ilícito de sus asignaciones parlamentarias.

Inicialmente, el Ministerio Público había solicitado una pena de siete años de presidio y el Consejo de Defensa del Estado, por su parte, había solicitado 15 años en su contra.

Los hechos investigados se conocieron tras una publicación La Nación, en que se detallaban irregularidades que cometió Errázuriz entre 2000 y 2009, específicamente al simular el arriendo de sus cuatro sedes parlamentarias. Una de estas sedes, en calle Huérfanos, era usada como su oficina de abogados; otra no estaba ocupada, y las otras dos restantes eran arrendadas a un valor más barato de lo que el parlamentario cobraba a la Cámara de Diputados, quedándose así con la diferencia.

Estas maniobras incluían una serie de contratos falsos y una defraudación por más de $25 millones fiscales que traspasaba a su cuenta personal y con los que se estableció compraba tortas, panes y dulces para clubes de ancianos en su distrito, premios para realizar bingos, almuerzos, regalos de Navidad para 86 personas, vinos, correos y pelotas de fútbol, entre muchas otras cosas.

Durante el juicio, Errázuriz reconoció los ilícitos y devolvió a la Cámara $31 millones, cifra mayor a lo defraudado, lo que le permitió acceder al procedimiento abreviado.

Además de la condena judicial, Errázuriz fue duramente juzgado por su partido, Renovación Nacional, al conocerse esos hechos. La colectividad, dirigida en ese momento por Carlos Larraín, lo acusó de cometer el delito de fraude al Fisco por el arriendo irregular y le solicitó la renuncia voluntaria a su reelección como diputado. Su caso fue analizado por el Tribunal Supremo de la colectividad y, ese mismo día, Errázuriz presentó su renuncia y declinó presentarse como candidato a las elecciones parlamentarias de diciembre de 2009. Así terminó una carrera parlamentaria que había iniciado en 1971 como miembro del Partido Nacional.

Aunque Errázuriz ha sido el único diputado hasta ahora condenado, su caso ha permitido investigar estas malas prácticas y que han obligado a pasar por tribunales por mal uso de asignaciones a Claudia Nogueira, Julio Dittborn, Jorge Sabag y Jaime Orpis.

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