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La historiadora argentina que investiga a los empresarios y “cómplices civiles” de las dictaduras latinas La historiadora argentina que investiga a los empresarios y “cómplices civiles” de las dictaduras latinas

Victoria Basualdo investiga el rol de los colaboradores de las dictaduras latinoamericanas y compara qué tuvieron en común los empresarios que se enriquecieron durante este brutal período a cambio de su apoyo material con las fuerzas armadas. “Hoy existen fuertes resistencias de distintos sectores a que estas causas avancen”, sostiene

Nacional

La historiadora argentina que investiga a los empresarios y “cómplices civiles” de las dictaduras latinas

Por Equipo El Dínamo 20 de septiembre de 2017

La investigadora argentina Victoria Basualdo es hoy una piedra en el zapato a ambos lados de la cordillera. Historiadora de las relaciones sindicales y laborales durante la dictadura en su país, se ha especializado también en indagar y registrar la responsabilidad de empresarios como colaboradores de regímenes militares, lo que abre -a su juicio- una oportunidad para superar un episodio que parece vedado para la justicia chilena

En Argentina, las investigaciones de la comisión integrada por Basualdo identificaron a nivel documental 25 casos de empresas que participaron activamente de estos procesos, incluso permitiendo la “instalación de infraestructura dedicada exclusivamente a la tortura de trabajadores”.

¿Cuál fue el ecosistema político y social que permitió que este tipo de investigaciones generasen resultados a nivel judicial? La historiadora destaca el trabajo conjunto entre instituciones particulares y de gobierno como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales a través del Área de Economía y Tecnología, el Centro de Estudios Legales y Sociales o el Programa Verdad y Justicia, más la Secretaría de Derechos Humanos dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de Cristina Fernández.

“Al rastrear las responsabilidades privadas en la ejecución y consolidación de una dictadura siempre resulta difícil y costoso poner el foco en las distintas formas de responsabilidad y participación de sectores decisivos del poder empresarial en la violación a derechos humanos. Esto por su lugar central en la economía, la política y la sociedad”, sostiene Basualdo.

La investigadora asegura que la apertura de causas judiciales que analizan la responsabilidad de empresarios particulares en estos delitos ha sido un paso muy significativo pero que históricamente se ha enfrentado siempre a numerosos obstáculos y dificultades.

“Por un lado, analizar las responsabilidades de empresarios requiere una serie de instrumentos conceptuales, analíticos y metodológicos diferentes a los que se aplicaron para analizar las responsabilidades de las fuerzas armadas, así como acceso a archivos y fuentes distintos, y capacidad de interrogarlos de otra manera, por lo cual en primera instancia se requiere un apuntalamiento muy importante de diversos sectores. Pero además existen fuertes resistencias de distintos sectores a que estas causas avancen”, dice.

En esa línea, sobre causas emblemáticas y que sentaron un precedente como la condena de Marcos Levín, dueño de la empresa de transporte La Veloz del Norte. Levín se transformó en el primer empresario condenado por violaciones a los derechos humanos en la dictadura argentina al considerársele “autor necesario” del secuestro y torturas del sindicalista Víctor Cobos. Junto a Levín, tres policías fueron sentenciados a 12 años de prisión en lo que se ha denominado un “juicio histórico”.

Para Victoria Basualdo esto abrió un camino para otras causas abiertas referidas a responsabilidades empresariales que se encuentran abiertas y en las que es imprescindible avanzar. Enfrentada a la dispar suerte de otros magnates que participaron activamente en la dictadura chilena como el ex dueño de El Mercurio, Agustín Edwards o el empresario Ricardo Claro, la historiadora cree que sanciones sociales como la “funa” o la expulsión de Agustín Edwards como miembro del Colegio de Periodistas, también suman algún trecho en el camino hacia la justicia.

“Hay que destacar que en situaciones de clausura de instancias judiciales, el activismo y la visibilización de estos fenómenos por parte de sectores de la sociedad es un paso importante, una alternativa de construcción valiosa que permite hacer un trabajo de memoria y de denuncia, hasta el momento en que pueda encontrarse la vía de avanzar hacia un proceso de justicia”, afirma.

La autora explica que esto se debe a que el mismo interés económico persiste y que en particular en las distintas regiones del sur de Argentina o Chile, donde la persecución política, sindical y obrera se ha transformado en la persecución de los pueblos mapuches.

“Las grandes extensiones de tierra en manos de empresarios extranjeros y que implican la imposibilidad del acceso a recursos vitales en estas zonas es algo que también está en tela de juicio y que son el telón de fondo de otros delitos contra los derechos humanos como la desaparición de Santiago Maldonado”, sostiene.

Y agrega que “hoy el Estado debe hacerse cargo de sus responsabilidades al cuidar a la población, controlar a sus fuerzas de seguridad y darles un mandato que sea compatible con sus compromisos internacionales en DD.HH.”

Por estos días Victoria Basualdo se encuentra en Chile para dictar el taller “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar argentina: investigación académica y proceso de memoria, verdad y justicia” en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde compartió su metodología de trabajo con pares locales y también su perspectiva acerca de este tema, que cruza el polémico concepto “cómplices pasivos”.

-¿Reconoces un denominador común del involucramiento de los empresarios latinoamericanos civiles que fueron útiles a las dictaduras?

-Creo que en este campo pueden distinguirse dos niveles diferentes. Por un lado, el de las relaciones más generales entre las direcciones empresariales y las fuerzas armadas, que puede plasmarse, por ejemplo, en la presencia de directivos o gerentes de empresas como funcionarios de importancia en distintos puestos clave de las dictaduras, las conexiones a nivel corporativo de ambos y sus interacciones en la planificación de los golpes o bien de un trabajo de tipo político que, a la larga, otorgó grandes beneficios económicos a estos empresarios. Por otro lado, puede delimitarse una cuestión más específica que es la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, es decir, el involucramiento y la participación directa de figuras empresariales en la política represiva concreta. En ambos casos hay coincidencias interesantes entre investigadores de las dictaduras de los distintos países de la región donde más que analizar cómo los empresarios “fueron útiles” a la dictadura, se están analizando las interacciones y confluencias entre estos sectores, con lógicas, objetivos y modos de acción diferenciados pero que confluyen en determinados puntos.

Creo que los aportes más interesantes sobre estos temas a nivel latinoamericano parten de una mirada que cuestiona las explicaciones unilaterales y unidimensionales de una narrativa exclusivamente centrada en las fuerzas armadas y en las organizaciones políticas o bien en las dimensiones económicas, como si sólo ellas fueran el motor de la historia. El desafío de hoy es combinar estos niveles de análisis y poder determinar el papel, interacciones y responsabilidades de un conjunto de sujetos históricos entre las fuerzas armadas y el poder económico.

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