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17 de Noviembre de 2017

Ejército responde por acusaciones contra Martínez: “Se efectuó un reproche ético y moral”

El organismo explicó que Martínez hizo llegar al ministro Alejandro Madrid "las copias autenticadas de la Investigación Sumaria Administrativa en su integridad"

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El Departamento de Comunicaciones del Ejército emitió un comunicado respondiendo a las acusaciones contra el recién nombrado comandante en jefe de esa rama de las Fuerzas Armadas, Ricardo Martínez, referentes a que documento con su firma en que se autorizó la quema de archivos de la Central Nacional de Información (CNI), originados durante la dictadura.

Una declaración pública afirma que “la Investigación Sumaria Administrativa en comento fue ordenada instruir en el mes de enero 2016, con la finalidad de averiguar y esclarecer los hechos que dicen relación con el tratamiento regular que debió tener la documentación en poder de DINE de los años 1980 y 1982, designándose para tal efecto como Fiscal a un Oficial General”.

“El Jefe del Estado Mayor General del Ejército, tras recibir el dictamen fiscal del sumario, resolvió el Sumario, señalando en lo principal que dado el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos, jurídicamente y en el ámbito administrativo de su competencia, no resultaba posible decretar medidas disciplinarias en contra de los eventuales responsables por encontrarse prescrita dicha responsabilidad administrativa”, señala el documento.

En esa línea, el documento afirma que “se efectuó un reproche ético y moral” por los hechos ocurridos por “no haberse dado cumplimiento a lo dispuesto reglamentariamente para los casos de destrucción de documentación”. “Es decir, el general Martínez, en su calidad de Jefe del Estado Mayor General del Ejército, no dispuso la destrucción de documento alguno, como ha trascendido en algunos medios”, explica el documento.

El Ejército explicó que Martínez hizo llegar al ministro Alejandro Madrid “las copias autenticadas de la Investigación Sumaria Administrativa en su integridad” y que es un deber de ellos “aclarar a la opinión pública que se ha actuado con apego a la legalidad y a su competencia respecto de hechos ocurridos con anterioridad”.

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