Fiscales critican al Ministerio Público por salida de Gajardo y Norambuena: “Suspensión de Moreira no era obligación”
La Asociación hizo un llamado a que quien tomó la decisión respecto al caso del senador, explique "por qué se opta por un camino que difícilmente será entendido por la ciudadanía".
Por Redacción EL DÍNAMO
A raíz de la salida alternativa que le ofreció el Ministerio Público al senador de la UDI Iván Moreira, en el marco del caso Penta, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena presentaron su renuncia a la entidad, situación que la Asociación de Fiscales lamentó a través de una declaración pública.
En el documento, recalcaron que los persecutores, “durante sus años en la institución aportaron con un trabajo profesional, serio y de calidad en investigaciones de una complejidad que difícilmente nuestro sistema procesal penal podía avizorar. Es innegable que su trabajo ha sido un aporte invaluable para el posicionamiento del Ministerio Público en la comunidad”, consignó Emol.
En ese sentido, y respecto a sus renuncias, afirmaron que “constituyen una oportunidad para reflexionar sobre el fondo del asunto y es que estas investigaciones han dejado al descubierto una relación entre política y dinero que es y ha sido rechazada por la sociedad y por nosotros como miembros de la misma”.
“Al respecto, no podemos soslayar el hecho que las bajas penas asociadas a estos delitos permiten que cumpliéndose ciertos requisitos los imputados puedan optar a salidas alternativas, decisiones que, si bien técnicamente no merecen reparos, dejan al descubierto la incoherencia de nuestro sistema penal que admite posibilidades que producen una justificada molestia en la ciudadanía, puesto que finalmente los jueces no podrán pronunciarse sobre el fondo del tema, lo que resulta lamentable”, añadieron.
No quisieron culminar esta declaración, sin antes referirse a la decisión adoptada respecto al desaforado senador Moreira: “Llegar a una suspensión condicional en el caso del Senador Moreira no era una obligación para el Ministerio Público. Se trata de una opción que es jurídicamente legal, pero opinable desde una óptica político criminal. Corresponde a quien ha tomado la decisión explicar por qué se opta por un camino que difícilmente será entendido por la ciudadanía”.
