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30 de Enero de 2018

Estado de Chile realiza ceremonia de reparación a la pastora aymara Gabriela Blas

En mayo de 2011, Blas denunció al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por vulneraciones a derechos y garantías.

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El caso de Gabriela Blas parece haber tenido su último capítulo, tras casi 10 años, con el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado de Chile.

La mujer aymara había sido condenada a 12 años de prisión tras ser procesada por el abandono de su hijo, quien fue hallado muerto. El 9 de junio de 2012 fue indultada por Sebastián Piñera, con una rebaja de su pena de 12 a seis años.

En 2007, mientras pastoreaba en el altiplano, al interior de Arica, extravió a su hijo de tres años, mientras intentaba recuperar dos llamas que se habían separado del rebaño. El cuerpo del niño fue encontrado finalmente en diciembre de 2008, a 18 kilómetros de dónde lo dejó la madre.

A pesar de que ella denunció de inmediato el extravío del niño a Carabineros, fue detenida, procesada y condenada a 12 años de cárcel por abandono con resultado de muerte en el Tribunal Oral de Arica.

La autopsia reveló que no había signos de acción de terceros y que no había elementos suficientes para formular una hipótesis de causa de muerte. Blas estuvo tres años en prisión preventiva, además de tres meses en una celda de aislamiento, y tras dos juicios orales, fue sentenciado en abril de 2010.

Mientras estuvo privada de libertad, su hija mayor, quien se encontraba bajo el cuidado del Sename, fue entregada en adopción internacional pese a la oposición expresa de la madre.

En mayo de 2011, Blas denunció al Estado de Chile, representada por Corporación Humanas y el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por vulneraciones a derechos y garantías reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Finalmente, el Estado alcanzó un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA), en junio de 2016, poniendo fin a la denuncia ante la CIDH. Parte de este acuerdo incluyó ser recibida en La Moneda por Michelle Bachelet.  Además, se le concedió una pensión de gracia de por vida.

Dicho acuerdo de solución amistosa considera medidas que tienen como objetivo reparar el daño provocado a la mujer aymara, así como evitar que hechos como los sufridos por ella no se repitan.

Entre las medidas destacan la eliminación de antecedentes penales de Gabriela Blás, otorgarle el acceso a una vivienda definitiva en la ciudad de Arica y la realización de programas de capacitación sobre derechos humanos de mujeres indígenas y acceso a la justicia a funcionarios y funcionarias del Estado.

El acto fue realizado el 29 de enero, encabezado por el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, en el Gran Salón de la Cámara de Diputados. La pastora aymara no pudo asistir a la ceremonia de por problemas de salud.

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