Ministra Rincón afirmó que Ley del Lobby "posee significativas deficiencias"

El Gobierno considera que la ley que regula el lobby, aprobada durante la presidencia de Sebastián Piñera, “posee significativas deficiencias”, a pesar de que supone un gran avance.

“Nos costó diez años aprobar la ‘ley de lobby’. No fue un camino fácil, porque hubo muchas presiones y fuertes intereses que vencer en el camino”, reconoció la ministra secretaria general de la Presidencia, Ximena Rincón, durante un seminario celebrado esta semana.

Y a pesar de que la ministra considera que “la existencia de una ley es, sin duda, un gran avance”, advirtió de que “posee significativas deficiencias”, según señala un comunicado difundido por su cartera.

“Resulta paradójico, por ejemplo, que los protagonistas de la actividad que se pretende reglamentar no sólo no estén obligados a registrarse, sino que además no se les pueda sancionar en caso que incurran en tráfico de influencias o tengan conflictos de interés”, añadió.

La ley de “lobby”, publicada en el Diario Oficial el pasado 8 de marzo tras años de tramitación, busca regular las actividades de privados que desarrollan gestiones particulares ante las autoridades y funcionarios a cambio de una remuneración.

Los principales objetivos de los “lobbistas” son los diputados y senadores, altos funcionarios del Gobierno y el Estado, de quienes pretenden que influyan en la aprobación de leyes o medidas gubernamentales para favorecer a determinadas empresas o sectores económicos.

El proyecto legislativo ingresó al Congreso en 2008, durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, con el fin de regular las actividades de personas que se dedicaban al “lobby”.

Sin embargo, la iniciativa se aprobó durante la administración del Presidente Sebastián Piñera, con un cambio de enfoque, al no centrarse en la regulación de la actividad de los “lobbistas”, sino en la publicidad de la agenda de las autoridades del país.

Al intervenir esta semana en el seminario “Ley de Lobby: Los desafíos de su implementación”, organizado por la Universidad Católica, la ministra anunció que en breve comenzará a implementarse el reglamento de la ley.

Dicho reglamento, que fue sometido a finales del pasado mes de mayo a una inédita consulta ciudadana abierta, busca regular los registros de las audiencias solicitadas a legisladores, ministros y otras autoridades, con el fin de individualizar a las personas con las cuales se sostendrán reuniones.

Rincón reconoció que la puesta en marcha de la ley supondrá un fuerte desafío en recursos humanos y tecnológicos para preparar a toda la Administración del Estado, además de modificaciones y correcciones, como el aumento de las atribuciones del Consejo para la Transparencia.