Con el fusil cargado los diputados de oposición esperan al ex fiscal Peña en la comisión investigadora del caso Bombas

Una batería de extensas preguntas prepara el diputado DC René Saffirio para el próximo martes, fecha en que se espera la asistencia del ex Fiscal del caso Bombas, Alejandro Peña, a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Peña, quien es actualmente Jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se encuentra obligado a asistir en su condición de funcionario público, según lo establecido por la Constitución.-

Saffirio agregó al respecto que “han sido diversos y complejos los antecedentes que hemos conocido hasta el momento y, sin duda, muchos hechos apuntan a la actuación del ex fiscal, por lo tanto, su asistencia es de enorme relevancia, pues buscamos confrontar declaraciones y aclarar, especialmente, las acusaciones de montaje e irregularidades que motivaron la creación de esta comisión”.

El parlamentario DC señaló, además, que “si bien la acción judicial aún está en curso,  la comisión busca aclarar otro tipo de situaciones y, esta tarea, ha sido una verdadera caja de Pandora”.

Precisó que, entre otros hechos, “es clave saber qué nos dice el ex Fiscal en torno a la información relativa a pagos de testigos protegidos por la Fiscalía, en la época en que él se encontraba a cargo”, refiriéndose al caso de un testigo, de origen cubano, que habría sido infiltrado en la cárcel para escuchar las conversaciones de los inculpados en este caso, quienes finalmente fueron absueltos.

Otro antecedente que incluye la investigación y que se busca aclarar es “el pago de dinero a un ex miembro del Mapu Lautaro, a quien la PDI le habría ofrecido dinero para inculpar a los detenidos; un hecho claramente anómalo que deberá ser ratificado”.

En tanto, en la Justicia, la  Corte Suprema fijó para el jueves 30 de agosto, la audiencia de revisión del recurso de nulidad del caso bombas. Esto, luego de que declarara admisible el recurso que solicita la nulidad del juicio, presentado el pasado 23 de julio por el Ministerio Público