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El informe de Contraloría que complica a Carter y lo acusa de abuso de publicidad electoral El informe de Contraloría que complica a Carter y lo acusa de abuso de publicidad electoral

El edil UDI que va a la reelección deberá responder junto a tres de sus funcionarios por el gasto de $18 millones en pendones instalados en las principales calles de la comuna con propaganda política de su candidatura. Se le responsabiliza de por omisión de daño al patrimonio municipal.

País

El informe de Contraloría que complica a Carter y lo acusa de abuso de publicidad electoral

Por 8 de Octubre de 2012

A dos semanas de los comicios municipales, el edil de La Florida junto a varios de sus funcionarios han caído en la mira de la Contraloría general de la república debido a una denuncia por el gasto de $18 millones en pendones instalados en las principales calles de la comuna; material que a juicio del ente contralor responde a publicidad de la candidatura del UDI que pugna por la reelección.

Tras un proceso de fiscalización en terreno y un juicio de cuentas se apuntó a Carter como responsable por omisión de daño al patrimonio municipal. Es así como los letreros en los que se puede leer: “La Florida limpia, alcalde Rodolfo Carter y su concejo municipal” o “17.000 nuevas luminarias, Rodolfo Carter y su concejo municipal”, a juicio de la Contraloría “más que dar cuenta de acciones o prestaciones concretas a la comunidad, se limita a consignar frases de índole publicitaria, sin contener información adicional, determinándose de este modo la improcedencia de los desembolsos realizados, siendo el municipio como institución, quien entrega los servicios que se exponen, en cumplimiento de sus funciones, y no el alcalde ni el órgano colegiado en forma independiente, como pudiera entenderse en la excesiva explotación de sus identidades”, consigna El Mostrador.

La impresión de lienzos, pendones, posteras y sumaron un gasto de $ 18.518.255, y los decretos de pago poseen como respaldo “solo las facturas por las prestaciones de que se trata y el decreto exento que reconoció la realización de los servicios anotados en ellas”.

Asimismo, “cabe hacer presente que el citado decreto excento, firmado por la señora Angélica Céspedes Cifuentes, en su calidad de alcaldesa subrogante, señala en su considerando, que la dirección de comunicaciones informó que para la impresión de la publicidad se requirieron los servicios de los proveedores ahí singularizados, y debido a la urgencia y premura del tiempo que no se pudo realizar el proceso de contratación respectivo“, agrega el dictamen.

Es en este escenario que a juicio de la Contraloría, se han vulnerado la ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, “por cuanto ese municipio omite el pertinente proceso de compra, limitándose a reconocer y pagar por un servicio prestado con anterioridad”.

Lo que sabía el alcalde

De cara a la responsabilidad que la cabe a Rodolfo Carter, se indicó que éste “no pudo desconocer la adquisición irregular de afiches y lienzos que se dispusieron en los postes del alumbrado público, difundiendo obras y/o adelantos de la referida comuna, en los que se destaca su nombre y el del concejo municipal, puesto que tales elementos publicitarios estaban instalados en las principales calles de la comuna, siendo de público conocimiento, no obstante, no adoptó ninguna medida en relación con estos actos reñidos con la citada normativa legal”.

Asimismo se subrayó que “en su calidad de jefe máximo del servicio, a quien le corresponde la dirección, administración y supervigilancia de este, no actuó en forma diligente, permitiendo que se incurriera en gastos de publicidad improcedentes, cuya contratación, por lo demás no se estableció a los procedimientos establecidos en la ley Nº 19.886”.

Entre los funcionario sancionados se cuenta, además de Angélica Céspedes Cifuentes, al director de administración y finanzas subrogante, Reinaldo Toledo y el director de control, Arturo Molina.

La Contraloría finalmente solicitó al juez de cuentas admitir el reparo a tramitación y condenar solidariamente a los demandados al pago de esta suma nominal de $ 18.518.255, equivalentes a 476,94 UTM, que a la fecha de formulación de la demanda, esto es, agosto de 2012, asciende a $ 18.872.912.

 

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