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Lorena Fríes, directora del INDH: “Existen actos de tortura en aquellos lugares donde el Estado custodia personas” Lorena Fríes, directora del INDH: “Existen actos de tortura en aquellos lugares donde el Estado custodia personas”

Fríes defiende las atribuciones del INDH en el resguardo de los derechos civiles durante las marchas. Argumenta que los parlamentarios que hoy critican aprobaron la ley que la faculta a la entidad. También explica por qué el Instituto no ha tenido un rol tan visible en el conflicto mapuche.

País

Lorena Fríes, directora del INDH: “Existen actos de tortura en aquellos lugares donde el Estado custodia personas”

Por Daniel Zegers 23 de Octubre de 2012

El Instituto Nacional de Derechos Humanos funciona en la casa que antes albergaba al consulado británico. Un gran inmueble que alberga una cantidad inimaginable de oficinas y personas que ejecutan los programas y acciones de esta institución que funciona operativamente desde 2010.

Su directora, Lorena Fríes, abogada que trabajó por mucho tiempo en organizaciones de la sociedad civil como La Morada, nos recibe en las preparatorias de un seminario sobre migración que se realizará esta semana. Parte de la labor del INDH  tiene que ver con promover una cultura de DD.HH en distintos frentes. Sin embargo, a partir de este año se ha visto mucho más abocado a la supervisión y resguardo de los procedimientos de detención de carabineros en las últimas marchas, función que la Contraloría ha ratificado como parte de su competencia.

Pero a pesar del aval del órgano contralor, al oficialismo no le ha parecido para nada el rol activo que el INDH ha tomado en las protestas ciudadanas. Y es por eso que la institución -y en particular Fríes- ha sido objeto de duros cuestionamientos de parlamentarios de la Alianza. El senador Alberto Espina (RN) lo calificó como “un órgano político de la izquierda”. Y  diputados de la Alianza presentaron un requerimiento en tribunales para impedir el acceso a los buses de Carabineros.

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¿Cómo se entiende la labor del INDH en medio de estas críticas a dos años de su existencia?

Todos los parlamentarios estuvieron involucrados en la creación del INDH. Fue finalmente una aprobación transversal, ciertamente con dificultades, pero la ley que salió es producto del consenso, por lo tanto hay consenso de cuales son nuestras atribuciones y hay consenso también en cuál es nuestra misión. Yo espero que nadie haya pensado que esto era legislar de mentira, porque por lo menos todos los que trabajamos aquí en el Instituto, incluido el Consejo se ha tomado muy en serio el mandato legal.

Ese mandato trae implícito un enfoque que hace que se mire la vulneración de los DD.HH de los civiles. Pero, al parecer no de, por ejemplo, los carabineros. ¿Por qué sucede esto?

Todo puede ser visto desde el punto de vista de los DD.HH, sólo que en distintos momentos. La obligación de garantizar y respetar los DD.HH es para el Estado. Y el Estado es una ficción compuesta por agentes del Estado.  Por lo tanto, en concreto,  quienes pueden violar los DD.HH son los agentes del Estado.

Cuando un hecho violento se produce entre dos particulares hay legislación penal que permite que esas personas sean dispuestas frente los tribunales de justicia y si se comprueba una culpabilidad, ser procesado y sancionado. ¿Cuándo entra ahí el tema de los derechos humanos? Si el Estado no hiciera nada por sancionar a través de los tribunales, si no tuviera leyes para sancionar el homicidio, por ejemplo, o cuando no hay un debido proceso y no se están cumpliendo elementos básicos de garantía a los DD.HH que el Estado debe resguardar.

Por lo tanto, nuestro primer foco son estos agentes del Estado y no sólo la policía, también el Poder Judicial, el Poder Legislativo cuando no adecua su legislación a estándares internacionales.

¿Es entonces un problema cultural el que se critique la labor del Instituto desde la Alianza?

Hay un problema cultural, un problema de desconocimiento y un problema de desconfianza, que tienen que ver con el contexto en el que hemos vivido.  Cuando recuperamos la democracia Chile firmó una serie de tratados, pero no tenía una cultura receptiva al derecho internacional y en particular de los DD.HH. Esto se ha ido abriendo, con ciertas resistencias, pero hemos ido haciendo este camino.

El constitucionalismo chileno se desarrolló por mucho tiempo de espaldas al derecho internacional de los DD.HH porque era de donde provenía la crítica a lo que estaba pasando acá. Eso hoy día se  empieza a borrar y yo esperaría que de aquí a un tiempo más haya mucha más coherencia entre aquello que se aprueba y se ratifica a nivel internacional  y aquello que se realiza a nivel nacional.

Por otro lado, Naciones Unidas ha promovido la creación de estos organismos de DD.HH  como el Instituto, como las defensorías del pueblo, porque después de la Segunda Guerra Mundial y a pesar de la voluntad de los gobiernos, no siempre se respetan los DD.HH y por lo tanto han promovido la existencia de estos organismos, públicos, no estatales y autónomos como una forma de reforzar las obligaciones que tiene el Estado en materia de DD.HH

Pero lo que al parecer está despertando más suspicacia es el tema de los observadores del INDH en los buses de Carabineros para las manifestaciones,  ¿por qué estos observadores están focalizando ahí la acción?

Es que si no hiciéramos eso, estaríamos incumpliendo nuestro mandato legal. Tenemos, además de promover y difundir una cultura de DD.HH, un mandato de protección. En estos casos que ha visto la opinión pública, que no son lo únicos, hemos entrado porque la prohibición de la tortura es una de las cosas más fuertes a nivel internacional.

Hay todo un camino que permite prevenir los actos de tortura.  Por supuesto en Chile no son actos sistemáticos ni generalizados como lo fueron en la dictadura, pero existen actos de tortura en aquellos lugares donde el Estado custodia personas y uno de esos espacios son los vehículos policiales, que son espacios de “retención” de personas. En esos espacios no siempre hay un actuar que se corresponde con los estándares  de DD.HH.

Ahora nos dicen que hay cámaras, que no se requiere nuestra presencia. A mí me parece que es excelente que haya cámara, el punto es que alguien tiene que poder ver lo que se graba ahí  y lo que nosotros queremos es llegar a una buena coordinación con Carabineros, que nos permita mirar lo que pasa en los buses desde las cámaras.

No queremos obstaculizar la labor de carabineros, la seguridad es un derecho humano también, el problema no es seguridad y uso de la fuerza a todo evento, hay límites y esos límites son los que estamos custodiando.

¿Por qué estos observadores no están en este momento en La Araucanía, donde al parecer si se están vulnerando DD.HH?

En todos los eventos en los que ha habido exceso de violencia por parte de Carabineros, el instituto, o ha estado presente en terreno, o a estado presente a través de la relación que tenemos con la Defensoría Penal Pública, o deduciendo acciones de amparo y protección, de las cuales varias hemos ganado en la Corte de Apelaciones, o en la Corte Suprema.

Estamos preocupados por la situación mapuche porque entendemos que este no es un problema que se va a resolver de políticas de seguridad, tampoco se va a resolver a través de políticas de superación de pobreza. Acá hay un tema que tiene que ver con un nuevo actor que son los pueblos indígenas que requieren niveles de reconocimiento y participación en la sociedad chilena, porque si no los tienen, les estamos restando la posibilidad de sobrevivencia como pueblo.

El tema está mucho más abajo  y tiene que ver con revindicaciones de territorio y recursos naturales, pero tiene que ver también con revindicaciones de derechos políticos. Mientras no resolvamos esos dos grandes temas, todo eso va a canalizarse en actos de violencia.

¿Qué le parecen las palabras  del presidente en su última visita a Ercilla, la semana pasada, en las que respaldó a los parceleros afectados por tomas de terreno y calificó de criminales a las comunidades movilizadas que se toman fundos?

Yo creo que fue excesivo, que fortaleció solo una mirada  a este tema. También hay que decirlo, la gente que no es mapuche y que está residiendo  ahí  está viviendo un drama, el punto es que eso lo tiene que resolver el Estado, no los Urban, ni los Luchsinger, ni tampoco lo tienen que resolver los comuneros, lo tiene que resolver el Estado. Pero esto no es solo un traspaso de tierras, es tener una política de reconociemiento a los pueblos originarios que, me parece, las palabras del presidente de la República no contribuyeron demasiado.

Esto también tiene que ver, desde mi punto de vista, con una lógica electoral. La Novena Región tiene un 54% de población que vota a la Alianza y en ese sentido, si no logramos poner a todos los actores en la mesa, las dinámicas polarizadas que acompañan un escenario electoral se van a reeditar.

En el Presupuesto 2012 hubo un reajuste al presupuesto del INDH, pero no un aumento de los recursos para funcionar ¿Considera eso una “pasada de cuenta” del Ejecutivo?

Yo no lo interpreto como una “pasada de cuenta”. Creo que hay varios organismos en la misma situación, quizás yo hubiera esperado que le dieran más relevancia de la que se refleja en el presupuesto, porque nosotros ahora tenemos que pasar por una acreditación de Naciones Unidas y vamos a pasar “raspando”, con las mínimas calificaciones, justamente porque no tenemos el presupuesto suficiente para llevar nuestro mandato a todo el territorio nacional y eso estaba en conocimiento del Gobierno, y si no lo priorizó  es por que no le está dando la relevancia que necesita un organismo nacional de DD.HH.

En relación  a las demandas de  las demandas actuales de organizaciones homosexuales  ¿es posible considerar el matrimonio homosexual como un DD.HH?

El matrimonio homosexual no es un DD.HH como tal, lo que si es un derecho, es la no discriminación y el acceso a lo que no te está dando esa discriminación.  La obligación del Estado es generar a través de distintos mecanismos que esa situación de acceso a derechos esté equiparada. Hay también un reconocimiento de la comunidad internacional hacia los distintos tipos de familia y en ese sentido no hay una norma que establezca que la familia se constituye solo a través del matrimonio heterosexual y con hijos.

No son los movimientos sociales y los movimientos de diversidad sexual los que deben ponerse una cortapisa a sus demandas. A ellos lo que les corresponde es demandar el máximo y eso es el matrimonio homosexual para muchas de estas organizaciones. Es en esa lucha que el Estado va asumiendo y los movimientos sociales lo que hacen es empujar constantemente la valla más allá.

El campo de los derechos humanos es progresivo, hoy día los sectores conservadores tienen razón cuando dicen “les vamos a abrir una puertita  y van a llegar a un portón”. Y  efectivamente eso es así, si no hay que ver el caso del movimiento de derechos civiles en EE.UU, que empezaron desafiando en un bus y terminaron con una igualdad plena y con un presidente que es afrodescendiente. Ese es el camino de los DD.HH y si uno no lo quiere entender, entonces va en contra de la historia.

 

 

 

 

 

 

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