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INDH interpone querella ante caso de menor desnudada en comisaría INDH interpone querella ante caso de menor desnudada en comisaría

El escrito presentado por el INDH, establece que “la aplicación de tormentos o tortura, además de constituir un delito en Chile, constituye una violación grave a los derechos humanos reconocidos por tratados internacionales vigentes en Chile”.

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INDH interpone querella ante caso de menor desnudada en comisaría

Por 7 de Noviembre de 2012

Una querella criminal presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en contra de quienes resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores por el delito de apremios ilegítimos o tortura llevados a cabo por personal de Carabineros de Chile de la 36 Comisaría, contra una estudiante detenida en el marco de una manifestación estudiantil realizada el pasado 23 de agosto.

Según el relato proporcionado por la víctima, “una funcionaria de Carabineros, que no pudo identificar, la condujo a una habitación. En ese lugar, le ordenó primero sacarse la ropa; en segundo lugar, levantarse los sostenes y bajarse los calzones a la altura de las rodillas; y, finalmente, le ordenó hacer tres sentadillas (flexión de piernas con las manos detrás de la nuca) y volver a vestirse”.

El escrito presentado por el INDH, establece que “la aplicación de tormentos o tortura, además de constituir un delito en Chile, constituye una violación grave a los derechos humanos reconocidos por tratados internacionales vigentes en Chile”, el documento agrega que “es posible considerar que la finalidad de los desnudamientos reiterados en el marco de una inspección personal, poseen claros elementos intimidatorios y punitivos hacia los y las manifestantes privados(as) de libertad, además de ser un antecedente para disuadir a otras personas manifestantes de participar de movilizaciones sociales”.

Finalmente, la acción judicial presentada por el Instituto señala que “los Estados, sobre la violencia de género, y considerando la vulnerabilidad arraigada en algunas sociedades, tienen un deber reforzado de establecer un marco normativo efectivo de protección, de impulsar estrategias de prevención integrales, de condenar a los responsables de violencia, y sobre todo, de que los mismos agentes estatales no actúen de manera discriminatoria”.

 

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