"Dime con cuánto andas…": Proyecto busca distinguir a consumidores de marihuana y traficantes

El pasado 31 de julio, los parlamentarios de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas de la Cámara de Diputados discutieron nuevamente sobre dos modificaciones a la Ley N° 20.000 de Drogas y Estupefacientes que podrían afectar directamente el consumo de marihuana en el país.

La propuesta surgió luego de que el debate sobre la despenalización de la cannabis sativa se reabriera este año. Las detenciones del actor Ariel Mateluna y del hermano del animador Sergio Lagos, Manuel Lagos, además de las voces que salieron en su defensa han hecho que incluso la marihuana haya sido tema entre algunos de los candidatos a la presidencia. Todo esto, enmarcado además en la inminente despenalización de la marihuana en el vecino país de Uruguay, donde ya se dio a conocer el precio de venta que tendrá el gramo de esta yerba.

Por eso, la discusión sobre la marihuana ha despertado todo tipo de posiciones entre los parlamentarios de la comisión, donde incluso algunos de ellos han planteado la posibilidad de sacarla de la lista de drogas duras. Este es el caso de la diputada UDI María Angélica Cristi, que afirma que “los daños de otras drogas duras como la pasta base, la cocaína, el éxtasis y tantas otras drogas que aparecen, incluso drogas químicas que generan un daño tremendo a los consumidores y que efectivamente son drogas duras, debieran mantener su categoría, versus la marihuana, la que más que legalizarla debería retirarse esa calidad de droga dura”.

Así, en la última reunión de la comisión, los diputados recibieron la visita de especialistas del mundo público y civil que dieron su punto de vista respecto al proyecto que pretende modificar el artículo 4° de dicha ley, que establece criterios sobre la “calidad y pureza de la droga”.

El proyecto que fue ingresado el 10 de enero de este año y que continúa en primer trámite constitucional, pretende definir nuevos estándares de cantidad (gramaje) y calidad (pureza) de la marihuana, para así, según sus defensores, facilitar la clasificación de un potencial narcotraficante y su diferenciación con el consumidor.

Según la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, la diputada Marcela Sabat, quien es también la autora de este proyecto de ley, “el objetivo principal de esta modificación es establecer un gramaje en la ley donde se pueda diferenciar de un consumidor a un microtraficante y, con esto, poder ayudar a los carabineros y a los jueces en todo el proceso que tiene que ver con incautación en etapa de juicio”.

Sin embargo, la iniciativa ha despertado diferentes críticas desde los propios parlamentarios de la comisión, que la consideran una medida “parche” que aumentará las detenciones de consumidores de marihuana, y de los especialistas, que afirman que lo primero que debe hacerse es replantear la política de drogas en el país.

Gramos de marihuana para un consumidor

Uno de los dos aspectos que se pretenden modificar y que se han discutido en la comisión es la falta de un criterio en común en la actual legislación en lo relacionado a la cantidad de marihuana con que es detenida una persona, ya que la actual legislación no entrega un gramaje, o peso límite que distinga a un consumidor de un  micro traficante.

En esa línea, la diputada Sabat asegura que esta ha sido incluso una solicitud de Carabineros, quienes “han pedido que ese gramaje esté establecido, cosa de que cuando ellos hacen la detención sea claro si efectivamente es una persona que consume o es un microtraficante”.

Sin embargo, la parlamentaria asegura que están lejos de poder establecer aún una cifra estimada de gramos de marihuana destinada a su consumo. 

“No puedo aventurarme en adelantar una cifra o un gramaje en particular porque tiene que ver mucho con el criterio del juez. Es distinto que una persona con ingresos, con trabajo, con una red de protección y buena situación económica tenga 100 gramos de marihuana a que una persona jubilada, que vive sola en una población, que no tiene ingresos y que no tiene de dónde sacar dinero, se le encuentren esos 100 gramos. Son casos distintos”, afirma.

Precisamente, este punto fue uno de los más criticados por los especialistas presentes en la última sesión de la comisión. Uno de ellos es Eduardo Vergara, presidente de la ONG Asuntos del Sur, la que está a cargo del Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Opinión Pública.

Según Vergara, con esta medida “hay que tener mucho cuidado, porque cuando generalmente se fijan parámetros tan rígidos tú puedes caer en el error de decir que de aquí para la izquierda todos somos usuarios, pero si te pasas un poco a la derecha, las penas son muchas más duras”.

“Primero hay que definir cómo se va a castigar a quienes no son usuarios, porque si pones un límite, de 40 gramos, por ejemplo, y te pillan con 41 gramos automáticamente recibirás mano dura, que fue lo que pasó en países como Brasil, donde se pensó que esta medida iba a ser buena, pero al final del día la mano dura para los que se pasaban un poco fue terrible”, añade el politólogo.

El análisis de las muestras

El segundo criterio que se ha discutido es sobre la calidad y pureza de la marihuana. Esto porque la actual legislación supone que a mayor pureza de la droga,  mayor es la posibilidad de que haya estado destinada al tráfico, solo porque se le puede descomponer y aumentar su volumen. En ese sentido, el proyecto de ley propone eliminar el análisis que entrega su pureza, y establecer un estándar único.

Hoy toda la droga incautada por Carabineros es analizada en los Servicios de Salud de la región respectiva. La propuesta inicial contemplaba que fuese Carabineros el responsable del análisis, lo que quedó descartado en primera instancia luego de que en la sesión del 13 de marzo de la comisión, el Director de Investigación Delictual y Drogas de Carabineros de Chile, General Gonzalo Blu afirmara que su institución “no está en condiciones de enfrentar la demanda de peritajes que conlleva la modificiación legal propuesta, a menos que se le otorguen los recursos necesarios para ello”, los que ascenderían a los 11 mil millones de pesos.

Este punto también contó con las críticas de los especialistas. Según Vergara, la propuesta en este punto parte de una idea errónea, ya que “es al contrario, porque mientras más pura la droga, menos riesgo del usuario, y entre más impura, el riesgo de quien consume y vende es mucho mayor”.

En la misma línea, el diputado y miembro de la  Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, Marcelo Schillling asegura que esta medida es “inviable” porque “según el propio “ISP dice que sería inconveniente porque las muestras que se toman no son uniformes, porque no estarían mezcladas proporcionalmente y no es representativa”.

Las posturas

Pese a las críticas, Sabat asegura que su propuesta defiende también a los consumidores de marihuana. Según la parlamentaria, la iniciativa es necesaria “sea con el gramaje u otras externalidades, es necesaria para poder establecer que es un consumidor y no un microtraficante”.

“Las cosas han cambiado, hay una apertura con el tema, hay personas que de alguna u otra manera tienen su libertad individual coartada, pero existen estos grupos vulnerables que son niños sin una red de protección para ser protegidos”, añade.

En la misma línea, el también miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, Ernesto Silva defiende el proyecto y desestima que sea una medida parche.

“Depende de lo que se quiera. Si uno lo que quiere es disminuir el consumo, va a priorizar cierto tipo de medidas, si uno lo que quiere es fomentar más el desarrollo de un área del mercado de la droga va a propiciar cierto tipo de medidas. Creo que todavía no está zanjado el debate de lo que se quiere lograr y por lo tanto es más difícil aún es avanzar en definir cuáles son los instrumentos”, aseguró el diputado UDI.

Desde la vereda del frente, el diputado Schilling afirma que esta iniciativa “va reiterar la tendencia que ya existe y va a llenar las cárceles de personas que no necesariamente tienen que estar ahí”.

Para el parlamentario, “esto tiene que ver con este afán de creer que con normas y persecusiones, y jueces y cárceles es posible detener estos fenómenos que en realidad, ya está visto que estas llamadas guerras al narcotráfico están fracasadas en todas partes del mundo. La Ley 20 mil hay que revisarla entera, no se trata de solo hacer una reforma. Tiene un pecado original, que no penaliza el consumo pero sí el cultivo y el transporte”, añade.

Para Eduardo Vergara, en tanto, “lo que tenemos que hacer es despenalizar realmente el consumo de drogas, en un país donde la despenalización del uso es mentira, donde todos los actos preparatorios para el consumo, o incluso el consumo concertado están castigados. Hay que tener mucho cuidado con establecer esta regla, porque muchas personas pueden terminar tras las rejas como traficantes por pasarse en lo que la ley dice”.