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El Dínamo

La arremetida de los Sitios de la Memoria para lograr financiamiento estatal permanente

Muchos espacios de memoria viven difíciles momento debido a la falta de una política que les permita preservarse. Agrupados en una coordinadora, buscan que el Estado se comprometa en la promoción de una cultura democrática de respeto a los Derechos Humanos.


País

8 de mayo, 2014

Autor:

Tema de El Dínamo

/ Agencia Uno / Agencia Uno

Noche a noche, Juan Espina interrumpe su trabajo como taxista para darse una vuelta por la calle Santa Teresa, en la comuna de La Cisterna, y vigilar la casa signada con el número 037. Ahí se ubica la Casa Museo Alberto Bachelet, conocida durante la dictadura como Nido 20, cuando sirvió como centro clandestino de prisión política, tortura y desaparición del órgano represivo de la Fuerza Aérea, el Comando Conjunto. Espina teme que alguien se aproveche de la oscuridad y robe las escasas pertenencias que ha atesorado en el lugar el Comité de Derechos Humanos Nido 20, que preside.

Hace un par de semanas, un sospechoso robo de pertenencias afectó a otro de los llamados sitios de la Memoria, la casa de José Domingo Cañas 1367. Una de las coordinadoras de la organización, Hilda Amalia Garcés, dice que solo descubrieron el hurto de la CPU de la computadora el lunes, cuando llegó la persona del aseo. “Todo esto de los robos tiene que ver con la vulnerabilidad de las casas de la memoria. Donde puede entrar cualquiera, y no hay protección ni tampoco recursos para tomar mayores medidas de seguridad”, dice la dirigenta.

En Santiago existen actualmente una docena de lugares conocidos como Sitios de Memoria, cuyo estatus legal varía de un caso a otro. Al igual que su vulnerabilidad. Por ello, la semana pasada la coordinadora que agrupa a estos sitios emitió una declaración pública donde llama al Estado de Chile a establecer políticas públicas que vayan en rescate de este patrimonio.

En el texto se llama al “financiamiento y la provisión de los medios necesarios para la preservación patrimonial”, pues “nos parece que no estamos ante un robo común, sino que a una forma de amenaza, de amedrentamiento”.

“Creemos que son lugares que es necesario preservar y mantener para que la sociedad toda, tenga la posibilidad de encontrarse con el pasado reciente, donde el terrorismo de Estado cometió crímenes contra opositores políticos de manera planificada, sistemática e impune. Es necesario que el Estado proteja estos Sitios de Memoria y se comprometa en la generación de políticas públicas, comprometida con la promoción de una cultura democrática y de respeto irrestricto de los Derechos Humanos”, se lee.

La petición no es azarosa. El programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet dedica un capítulo a establecer la política respecto a los Derechos Humanos, donde se señala que “se deben desarrollar planes de educación y memoria histórica tendientes a desterrar definitivamente la posibilidad de que tan graves atentados a la vida y dignidad humana se repitan y a fomentar una cultura de la paz y la tolerancia”, dentro de las cuales “apoyaremos el mantenimiento de las instituciones de la sociedad civil de defensa y promoción de los derechos de las víctimas de los crímenes de la dictadura, especialmente de las que poseen una trayectoria histórica y simbólica en la materia”.

“Desarrollaremos una política de recuperación de todos los sitios de memoria histórica donde se violaron los derechos humanos, velando por su mantención básica y permanente. Desarrollaremos una estrategia específica para vincular a los sitios de memoria histórica con las nuevas generaciones”, dice.

Y es que en los Sitios de Memoria se replican las inequidades del país. Aquellos mejor organizados o con mayor peso específico en las esferas gubernamentales tienen un estatus diferente a aquellos más alejados de los centros de poder. El resultado es deplorable. En el norte del país no existe ningún sitio de memoria, mientras que en el sur solo pudo recuperarse –gracias a gestiones municipales- la propiedad de Punta Arenas conocida como “el Palacio de la Risa”, casa que se mantiene apenas en pie.

En Santiago, en tanto, hay propiedades como la de Irán 3037 (“Venda Sexy”) que pertenece a particulares, o Tres y Cuatro Alamos, cuya recinto  las agrupaciones de derechos humanos deben compartir con un centro del Sename.

AUTOGESTIÓN

Raúl Brito, presidente del comité de Tres y Cuatro Alamos, cuenta que a mediados de junio esperan presentar ante el Consejo de Monumentos Nacionales el expediente solicitando que se les otorgue el reconocimiento como monumento histórico de carácter nacional. Para ello, han debido recopilar una serie de antecedentes que incluyen cartas de apoyo, documentos históricos y testimonios, que una vez analizada la solicitud debe ser aprobada por el ministro de Educación. Es la curva final de un largo camino para obtener el reconocimiento de un sitio por el que se calcula pasaron más de mil prisioneros, muchos de los cuáles murieron o están desaparecidos.

“Todos los demás sitios estamos buscando alcanzar la categoría de Villa Grimaldi o Londres 38, que tienen la categoría de monumento y con ello financiamiento por parte de la Dibam. Al lograrlo, también podemos pedir el comodato de esto”, dice Brito.

Mientras tanto, tras seis años de trabajo, aún se reúnen en la Casa de  los Derechos Humanos de San Joaquín y se mantienen gracias a proyectos, aportes personales, y “haciendo un acto por acá, una fiestita por allá”.

No muy diferente es la situación en Nido 20. Habla Juan Espina: “Nosotros nos tenemos que financiar por nuestros propios medios. Acá tenemos repartida la propiedad en dos partes. Una, donde ocurrían las torturas, la tenemos considerada como Iglesia. Y atrás, donde está el salón, está abierto a la comunidad, y se arrienda para eventos culturales o clases de salsa y yoga que nos sirven para pagar las cuentas… Es una forma de financiar el lugar”, explica.

El comité se formó en 2004, señala, y hace tres años el Ministerio de Bienes Nacionales les entregó la propiedad en comodato por dos años, el que fue prorrogado a uno el año pasado. Pero ellos quieren que sea por lo menos diez. Actualmente es monumento nacional y se mantienen los edificios originales.

“Nosotros queremos que nos financien los gastos en que incurrimos mensualmente que son como 150 mil pesos mensuales, lo que incluye agua, luz, internet y teléfono”, se excusa.

La casa de José Domingo Cañas cumplió cuatro años este sábado. Sin embargo, mucha agua debió correr para lograr la construcción de la casa, que se hizo con dineros estatales. Primero tuvieron que justificar porque era necesario considerarlo como un sitio histórico, por lo que tuvieron que recurrir a la Comisión Rettig, a los diarios, a testimonios. Luego averiguar de quien era el sitio, entonces en manos de la familia Rochet, los también dueños de la recordada juguetería. Recién entonces, tras 8 años de trabajo, pudieron obtener que el estado comprara el lugar y se les entregara en comodato. Era un sitio eriazo del que no quedaban rastros del ex centro de tortura. 

Nosotros como Casa de Memoria José Domingo Cañas llevamos como 20 años de trabajo. El intento de recuperación del terreno comenzó con la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y hace 14 logramos que fuera declarado como sitio histórico. Y tuvieron que pasar otros diez años para que nos apoyaran en la construcción la casa”, recuerda Hilda Garcés. Recién ahora están negociando un financiamiento más estable, tras presentar propuestas a la anterior administración que no dieron resultados.

Lo que buscan es que la mantención de estos Sitios “sea una política pública, del Estado, que no sea cada Gobierno quien decida si tiene o no tiene recursos, o si está de acuerdo o no con que este sea un sitio de memoria. Queremos que este sea un lugar memoria para todos. Que venga gente de todas las edades para explicarles lo que pasó y lo que hacemos para que no vuelva a ocurrir”.

 RECUPERACIÓN

Si bien el proceso de acreditación del Sitio y su transformación en espacio de memoria es tarea de Monumentos Nacionales, la recuperación de las propiedades y la puesta en marcha de planes para poner de relieve el significado de éstos para el país es realizada por el Ministerio de Bienes Nacionales.

El ministro Víctor Osorio, en conversación con El Dínamo, señala que en esta nueva administración han tomado un conjunto de medidas orientada a poner en marcha una política nacional de Derechos Humanos, vinculada a la preservación del patrimonio público.

Como primera medida, relanzarán la Ruta Patrimonial de la Memoria este 25 de mayo, día del Patrimonio Nacional. La idea es agrupar lugares de la región Metropolitana que o fueron lugares donde se ejecutaron violaciones a los DD.HH. en dictadura o bien espacios donde se hizo una defensa contundente de estos. El “tour” incluye al Estadio Nacional, al Estadio Víctor Jara, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, el Palacio de La Moneda, la Vicaría de la Solidaridad y Londres 38.

Dice: “Que sea un espacio permanente, ya que que material y simbólicamente nos interesa preservarlos como memoria histórica, y por otro lado, queremos cautelar la defensa y protección de los DDHH como una condición básica de la democracia”.

Esto iría acompañado de la creación de una unidad de DD.HH. en el Ministerio, cuya primera acción será lanzar una página web de inmuebles fiscales usados por agentes del Estado durante el régimen militar, que va a permitir identificar con fotos, mapas y direcciones estos lugares.

“Nosotros también hemos instruido a las seremis regionales para que propongan rutas de la memoria de carácter nacional, como paso previo para la creación de una segunda ruta patrimonial que está constituida por sitios de la memoria a lo largo del país”, añade.

Una última dimensión es la recuperación de los sitios. La tarea es complicada, dice, porque si bien hay algunos que son propiedad fiscal, no se han logrado establecer como espacios reivindicatorios de la memoria. Para ello, agrega, concretar una coordinación más amplia de organismos del Estado.

¿Y el financiamiento? Osorio explica que “lo que hemos estado trabajando como objetivo es hacerlo en una relación asociativa entre el sector público y la sociedad civil. En el caso de Londres 38, lo que hicimos fue entregar una concesión gratuita durante 15 años al espacio de la memoria Londres 38, que agrupa sobrevivientes y familiares de las víctimas para los efectos de que ellos se encarguen de la administración y gestión de ese lugar”.

Finaliza señalando que “lo que estamos haciendo es dibujar esta ruta patrimonial, pero para que esto vaya creciendo necesitamos primero una asociación con la sociedad civil, con las organizaciones de derechos humanos, y luego con ministerios y servicios públicos”.

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