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12 de Junio de 2014

INDH denuncia abuso de fuerza policial durante las movilizaciones de 2013

El 'Informe Anual 2013 sobre Derechos Humanos y Función Policial' que la directa del instituto entregó hoy al ministro Peñailillo destaca algunos avances al resaltar que los 29 protocolos de Carabineros que regulan este tipo de materias recogen muy bien los estándares de derechos humanos "aunque vemos una brecha entre esos protocolos y el actuar concreto de los carabineros en las calles".

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 El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entregó hoy al gobierno un informe en el que revela los avances y deficiencias en el uso de las fuerza pública y realiza recomendaciones que contribuyan a encuadrar dicho actuar en la garantía y respeto de los derechos de las personas.

El estudio entregado al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo por la directora del INDH, Lorena Fries, contiene los resultados de las observaciones desarrolladas por el Programa de Seguimiento y Registro del Abuso Policial en manifestaciones públicas, realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.

“Entre las deficiencias están el uso proporcional y gradual de la fuerza en contextos de movilización. También hay problemas en la lectura de derecho de personas detenidas, en la constatación de lesiones y en que no se entregan copias a las personas que son detenidas en contextos de manifestación”, señaló Fries.

Sin embargo, el  ‘Informe Anual 2013 sobre Derechos Humanos y Función Policial’ destaca algunos avances al resaltar que los 29 protocolos de Carabineros que regulan este tipo de materias recogen muy bien los estándares de derechos humanos “aunque vemos una brecha entre esos protocolos y el actuar concreto de los carabineros en las calles”.

En este sentido Fries reiteró la solicitud del organismo de derechos humanos de hacer públicos los protocolos.

“En un país democrático, las fuerzas de seguridad son parte de la institucionalidad democrática y deben regirse por el principio de transparencia y publicidad de los actos”, añadió.

El informe cuenta de cinco apartados: el actuar policial en el contexto de manifestaciones públicas; el tratamiento de personas privadas de libertad en custodia de las policías, la función policial y grupos vulnerables -niños y niñas y adolescentes mapuche- afectados por operativos policiales y las actuaciones del personal de la Policía de Investigaciones respecto a personas inmigrantes.

También a la reacción estatal ante los abusos policiales, y finalmente señala el informe, una sección sobre formación y capacitación en derechos humanos de Carabineros y la policía de investigaciones (civil).

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