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El Dínamo

Corte de Apelaciones ratifica absolución de ex albacea de Pinochet por delitos tributarios

En el proceso, se acusaba a Aitken de no pagar impuestos por unos 750 mil dólares que recibió como albacea de Pinochet, una vez descubiertas la cuentas secretas que el dictador mantenía, bajo nombres falsos, en el Riggs Bank de Estados Unidos y en otras entidades financieras extranjeras.


País

9 de julio, 2014

Autor:

Oscar Aitken

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó hoy la absolución de Óscar Aitken Lavanchy, ex albacea de Augusto Pinochet, en un caso de delito tributario derivado del llamado caso Riggs, que involucró al dictador en los últimos años de su vida, informaron fuentes judiciales.

Aitken estaba acusado de presentar declaraciones de impuestos “maliciosamente incompletas o falsas” entre los años 2002 y 2005, pero el juez a cargo, Alejandro Rivera, lo absolvió el pasado enero, lo que ahora fue confirmado en un fallo unánime de la XI Sala del tribunal de alzada.

En el proceso, se acusaba a Aitken de no pagar impuestos por unos 750 mil dólares que recibió como albacea de Pinochet, una vez descubiertas la cuentas secretas que el dictador mantenía, bajo nombres falsos, en el Riggs Bank de Estados Unidos y en otras entidades financieras extranjeras.

El descubrimiento de esas cuentas dio origen a una investigación sobre el origen de la fortuna del dictador, estableciéndose en 2010 que de 21,32 millones de dólares que poseía, 17,86 millones millones no tenían una justificación contable.

Al momento de morir, en diciembre de 2006, Pinochet estaba procesado por fraude al fisco y falsificación de pasaportes y desaforado, paso previo a su procesamiento, por malversación de fondos públicos.

Aunque en un momento del juicio hubo familiares y colaboradores de Pinochet procesados en el caso, finalmente nadie fue condenado, aunque se mantiene hasta hoy un embargo judicial sobre sus bienes, que incluyen numerosas propiedades en Santiago y otras ciudades del país.

El fallo que absolvió hoy a Óscar Aitken señala que en la investigación “no se estableció judicialmente la existencia del hecho punible sobre presentar declaraciones falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que correspondía”.

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