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El Dínamo

Adopciones irregulares: Los recién nacidos del sur que desaparecieron en Santiago

Fueron dados por muertos y separados de sus madres, estas son las historias de las familias de los recién nacidos que fueron trasladados de un hospital del Sur a Santiago, y desde donde perdieron el rastro de sus hijos. Estas denuncias son parte del secuestro de lactantes de familias de escasos recursos que hoy buscan la verdad.


País

14 de julio, 2014

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Tema de El Dínamo

adopciones irregulares

El secuestro del hijo del María Carmela Concha (69), una mujer de Chillán que al momento de dar a luz tenía apenas diecinueve años, se suma a una serie de denuncias de madres de la octava región que acusan haber sido víctimas de un sistemático proceso de sustracción de recién nacidos durante la dictadura.

La mayoría de estos casos, que también incluyen la comuna de Quirihue de la región de Bío bío, ubicada a 72 kilómetros de Chillán, ocurrieron con familias de escasos recursos con perfiles similares: mujeres sin un trabajo fijo, con bajo nivel de escolaridad e incluso analfabetas a quiénes se les hacía firmar o estampar la huella digital en documentos de adopción aprovechándose de su vulnerabilidad. En uno de estos casos ocurrido en los 80, se chequeó cómo una recién nacida salió desde Chile con destino a Francia, pero no en condición de adoptada, sino que con un permiso emitido por el Tribunal de Quirihue antes de cumplir los 20 días de nacida y donde aparece la firma de su madre aceptando la salida. Ella hoy asegura que “no sabía lo que estaba firmando”.

Hasta hace algunos días poco y nada se sabía de estas denuncias que fueron apareciendo paulatinamente en la octava región. A la fecha ya se contabilizan una veintena de testimonios desde que en abril explotó el caso del sacerdote Gerardo Joannon y  comenzó la investigación sobre adopciones irregulares.

La mayoría de los casos de Chillán quedaron registrados en la Fundación Nos buscamos y engrosan las lista de secuestros de recién nacidos que habrían ocurrido en cinco hospitales Santiago: El Hospital Barros Luco, San Borja Arriarán, las clínicas Carolina Freire y Santa María y los hospitales de Chillán y Calvo Mackenna y hoy están siendo investigados por el Juez Mario Carroza.

En total, el ministro investigará 12 de los 21 casos de presuntas adopciones irregulares ocurridas en los años 70 y 80 derivadas por la Fiscalía Centro Norte. El magistrado aceptó la competencia, luego que el Ministerio Público se declarara incompetente al respecto, considerando que los supuestos actos habrían sido cometidos antes de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal.

El Dínamo tuvo acceso a la querella interpuesta el viernes, en el Juzgado de Garantía de Chillán por Guillermo Valdés, abogado de María Carmela Concha. Allí se consigna cómo la mujer, originaria de la pequeña localidad El Carmen,  dio a luz una niña en el Hospital Herminda Martin el 11 de abril de 1975, la llamó Patricia, y la ha buscado por casi cuatro décadas.

Según los antecedentes registrados en el documento, la niña supuestamente habría nacido “por parto en podálico, con sufrimiento fetal, y asfixia neonatal”, entre otras complicaciones. Por esta razón fue trasladada al Instituto de Neurocirugía e Investigaciones Cerebrales de Santiago, donde estuvo hasta el dos de julio, luego fue llevada al Hospital Calvo Mackenna y en ese establecimiento  su madre le perdió el rastro. La pequeña Patricia Flores hoy tendría 39 años.

El ministro Carroza también tiene en sus manos otro caso ocurrido en Chillán, similar al de María Carmela. De acuerdo a la querella presentada por el abogado Cristian Letelier, esta mujer fue trasladada al hospital Barros Luco, desde donde le habrían secuestrado a su hijo.

Un duelo sin cuerpo

Separada de su hija desde el día en que nació, María Carmela Concha se encontraba descansando en la comuna de El Carmen y sin medios para viajar a Santiago, por eso fue su prima quien se encargó de visitar a la menor a diario contándole a través de cartas como progresaba la salud de la lactante en el Hospital de Neurocirugía. Le informaba a través de cartas y frases como “la niña está gordita” o “se está recuperando”.

Sin embargo la tranquilidad duró muy poco y la primera semana de julio la prima de María Carmela se encontró con la cuna vacía. Los doctores le indicaron que Patricia había sido trasladada al Hospital Calvo Mackenna, lugar donde habría fallecido producto de la falta de abrigo y calefacción del Hospital de Neurocirugía, según consta en una antigua ficha clínica.

En esta historia, como en otras,  los médicos se negaron a entregar el cuerpo de la recién nacida. Argumentaron que sólo un familiar directo podía retirarlo. Desde ese momento María del Carmen perdió todo contacto con su hija y nunca más supo de ella.

La recién nacida permaneció en el Hospital de Neurocirugía hasta el 2 de julio de 1975. La ficha clínica asegura que falleció a las 8:45 horas, pero hay una hoja de interconsulta que dice que a las 18:45 llegó al Hospital Calvo Mackenna, trasladada desde el Hospital de Neurocirugía.

“Cuando María Carmela se recuperó fue a Carabineros a preguntar por el cuerpo de su hija. Ahí le confirman el fallecimiento con indicaciones desde la gobernación de Santiago, también le dicen que no será posible trasladar el cuerpo. En ese momento pierde toda pista de su hija, no hay acta de defunción, ni nombre de los funcionarios encargados de trasladar a la menor, lo único que existe es un documento que se llama Anamnesis que es un resumen de comentarios médicos firmados por algunos doctores y el certificado de nacimiento donde aparece inscrita en la comuna de Chillán, sale firmado por ambos y con la huella digital del padre, porque don Juan Enrique no sabía leer”, comenta el abogado de María Carmela, Guillermo Valdés.

El jurista lamenta que el Hospital Herminda Martin sólo haya entregado respuesta a través de los medios donde apenas comentaron que “Colaborarán con la investigación”.

“Lo ideal sería hacernos parte de las investigaciones que lleva el ministro Carroza en Santiago. La guagua nació en Chillán y fue trasladada a Santiago, pero en ese traslado no sabemos si se contaba con los permisos que se requierían en la época y por ende acá se habría originado un delito en caso de existir esta red de adopciones irregulares”, concluye el abogado.

En contacto con El Dínamo el Departamento de Comunicaciones del Hospital Calvo Mackenna comentó que el establecimiento tendrá disponibilidad para todo lo que se requiera durante la investigación.

El caso que investiga el juez Carroza

El abogado Cristián Letelier lleva una segunda querella por otro caso ocurrido en Chillán. La historia de María Carmela se repite de un modo casi idéntico en otra madre de la ciudad confirmando el modus operandi observado en otros casos que ya son parte de la investigación.

“Efectivamente las maniobras dolosas para obtener ilícitamente criaturas recién nacidas sustraídas a sus madres y entregarlas a terceros, supuestamente por un precio o recompensa, eran muy similares en todos los casos que hemos conocido”, afirma Letelier.

El abogado explica que la querella que presentó se sustenta en el testimonio de una madre que habría sido trasladada desde Chillán hasta Santiago para realizar el parto y ser internada en el Hospital Barros Luco. La mujer afirma que tuvo a su hijo en este recinto 19 de septiembre de 1976 pero nunca lo recibió en sus brazos. Las monjas del hospital le habrían informado del fallecimiento del recién nacido y su posterior traslado al crematorio. El padre reclamó, pero no obtuvo ninguna respuesta.

“Los casos son iguales. Es el mismo procedimiento, una madre joven que llega a la maternidad del Hospital Barros Luco, tiene parto normal, y no ve nunca a más a la criatura pues una enfermera, médico o religiosa les manifiesta que su hijo o hija murió, sin entregarle los restos ni darle mayor información”, agrega.

Estos dos casos se unen a la veintena de denuncias que han aparecido en la región, incluyendo la comuna de Quirihue, donde incluso se menciona un posible incentivo económico a algunas familias a cambio de los recién nacidos.

Adopciones con huella digital

El abogado encargado del área jurídica del Servicio Nacional de Menores ( Sename) de la Región del Bío Bío, Rodrigo Sepúlveda, asegura que también  están en conocimiento de otro tipo de casos en donde las madres no sabían lo que estaban firmando, regalando a su hijos sin saber que se trataba de adopciones y que estos casos de la región ya están en conocimiento de la institución en Santiago.

Según el abogado, en la mayoría de las denuncias se logró acreditar que los recién nacidos salieron del país al extranjero, pero que no se iban como adoptados, sino que lograban salir con una autorización del Tribunal y también de sus madres y luego los procesos de adopción se regularizaban en el extranjero.

El profesional explica que no puede entregar más detalles por la reserva en la que se encuentran los casos, pero perfila un poco a las madres víctimas de estas sustracciones. “Son parecidos a los que ha seguido el ministro Carroza, la mayoría de los casos tienen relación con gente de escasos recursos, con niños reconocidos sólo por la madre, padres que no tenían un trabajo fijo, con bajo nivel de escolaridad e incluso mujeres analfabetas, siguiendo los casos en el tiempo en otros casos se encuentra estampada una huella digital en papeles que ni siquiera se formaban ante notario, porque la ley de ese tiempo no lo exigía. En otros casos, los recién nacidos fueron entregados en adopción sin saber y desconociendo el trámite que se estaba realizando”, explica.

El abogado agrega que los casos que se conocen en la región están siendo centralizados por Sename de Santiago y que situaciones como la vivida por María Carmela, cuando el recién nacido ha sido robado y en el certificado aún aparece vigente porque no se ha indicado la defunción, se deben revisar bajo la figura del “secuestro permanente”.

“Estuvimos con el abogado Guillermo Valdés y la señora María Carmela, y ahora con la autorización de Santiago tenemos la facultad de hacernos parte de la querella por la figura de secuestro permanente que permite interponer acciones sin perjuicio del tiempo que ha pasado. Al igual de los otros casos que ya hemos tomado conocimiento, ocurrieron en las décadas de los 70 y los 80, lo ideal que estos puedan ser revisados a fondo en una investigación profunda para que estas mujeres sepan qué pasó con sus hijos”, concluyó Sepúlveda.

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