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8 de Enero de 2015

Enrique Aldunate, abogado caso Penta: "Si el fiscal tiene pruebas importantes, no sé hasta qué punto sea razonable un juicio abreviado"

El abogado querellante del PS plantea la responsabilidad penal de la empresa por “facilitar” los delitos de cohecho entre funcionarios de Penta y ex funcionarios del Servicio de Impuestos Internos.

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Desde el viernes pasado, una vez que tuvo acceso a la carpeta de la investigación del caso Penta, Enrique Aldunate ha dado una atención “casi exclusiva” a este tema. El abogado querellante del PS dice que demoró cerca de cuatro días en leer los seis tomos del expediente. Y si bien reconoce que “aún quedan diligencias por hacer”, aborda en entrevista con El Dínamo la nueva querella presentada que busca sacar a la luz una nueva arista: la responsabilidad penal del grupo Penta. Un proceso que, explica, podría terminar con la disolución de esa empresa.

“Si son delitos tributarios reiterados, como la obtención fraudulenta de devoluciones, eso podría habilitar un caso extremo donde se aplique la máxima sanción que contempla esta ley: la disolución de la empresa”

-¿Cuál es el objetivo de la ampliación de la querella?

-Guarda relación con establecer y delimitar con más precisión cuáles son las responsabilidades en este caso, en la línea que se está investigando por la corrupción de ex funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, los que habrían participado en diversas operaciones de rectificación de declaraciones de impuestos. El fin era que las empresas obtuvieran devoluciones improcedentes. Además, es necesario establecer que la empresa tiene una responsabilidad. Es decir, los controladores tienen un deber de vigilancia, de supervisión respecto a los hechos que hacen sus subordinados y si ellos aceptaban este tipo de prácticas, obviamente también responden.

-¿Habría intención por parte de los controladores de no “fiscalizar” a sus propios empleados?

-Evidentemente existe una decisión que validaba este tipo de prácticas. En la investigación no existen antecedentes que permitan concluir que Penta había adoptado modelos de prevención adecuados para evitar este tipo de hechos. El nexo entre la propia empresa Penta y los ex funcionarios del SII era una cuestión casi cotidiana.

-¿Con esta nueva querella se podría disolver la personalidad jurídica de Penta?

-Eso va a depender de las penas que estén vinculadas a los hechos de Penta. Si son delitos tributarios reiterados, como la obtención fraudulenta de devoluciones, eso podría habilitar un caso extremo donde se aplique la máxima sanción que contempla esta ley: la disolución de la empresa. Y la pena mínima sería una multa que se gradúa según si es un simple delito o un crimen.

La bancada socialista amplia la querella en el caso Penta

“Si la pena que está comprometida, ya sea por lavado de dinero o por delitos tributarios reiterados, excede los cinco años, no hay ninguna posibilidad de ir a juicio abreviado… Si el fiscal tiene pruebas importantes, yo no sé hasta qué punto sea razonable un juicio abreviado”

-Esta querella se realiza en paralelo a la investigación a cargo de la fiscalía. ¿Qué participación tendrían ustedes si se acuerda un juicio abreviado?

-Eso es materia de acuerdo entre la fiscalía con los imputados, pero el Código Procesal Penal nos da la posibilidad de oponernos a ese tipo de acuerdos. El fiscal tiene la deferencia de preguntar antes a los querellantes. El juicio abreviado es posible en la medida en que la solicitud se enmarque dentro del límite que establece el código. Si la pena que está comprometida, ya sea por lavado de dinero o por delitos tributarios reiterados, excede los cinco años, no hay ninguna posibilidad de ir a juicio abreviado. Pero no es una cosa que aparezca tan clara ahora.

-La reforma procesal penal abre una serie de “caminos alternativos”. ¿Se desvirtúa el procedimiento regular?

-Son las denominadas salidas alternativas. No desvirtúa el procedimiento en la medida en que se den los presupuestos para acceder a este tipo de salida. Ahora, si el fiscal tiene pruebas importantes, yo no sé hasta qué punto sea razonable un juicio abreviado.

Con la colaboración que prestaron recientemente los controladores del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, la defensa tendría como estrategia este punto: llegar a un juicio abreviado y así tener la posibilidad de “atenuar” la condena, en caso de ser culpables de los delitos que se les imputa. De ser así, la pena puede verse reducida a una firma mensual por cerca de 300 días. (Ver “Declaraciones a la Fiscalía: la jugada de Délano y Lavín para evitar ir a la cárcel”)

-El nuevo requerimiento que presentaron por cohecho de ex funcionarios del SII , ¿involucra también a parlamentarios?

-En la primera querella planteamos la tesis de la arista política, que eran los antecedentes que estaban a la vista. Se planteó que en algunos casos de parlamentarios en ejercicio que pedían este mecanismo de financiamiento, podrían haber incurrido en una suerte de cohecho por este tipo de conductas. Este es otro tema vinculado a la arista -que venía del caso fraude al FUT- en relación al tema de los funcionarios de impuestos internos que también tenían nexos con empresas Penta para hacer todo este tipo de operaciones tributarias, que en nuestro concepto pueden ser constitutivas de delito tributario.

Conferencia de Prensa de Ernesto Silva

“En cuanto a Pablo Longueira y Evelyn Matthei es curioso las declaraciones que se hacen sobre ellos porque Hugo Bravo dice: “A ellos les entregamos plata limpiamente”. ¿Cómo se explica que digan que a ellos se les hizo un trato limpio? En el argumento del sentido contrario se da a entender que entonces los otros aportes no eran limpios”

-A raíz del mail entre Ernesto Silva y Carlos Eugenio Lavín por la ley de Isapres ¿hay otros correos que demuestren de manera categórica que Silva u otro parlamentario habría legislado en favor de Penta?

-En cuanto a correos de similar naturaleza,  no he avizorado en la carpeta algo que vaya en esa línea.

-El ex subsecretario de minería, Pablo Wagner (UDI) habría recibido pagos de Penta a través de familiares. ¿Es más delicada su situación que la del resto, dado que recibió dinero mientras era funcionario público?

-Obviamente el estatus de funcionario público está sujeto a estrictas normas de probidad, es casi un concepto moral que emplea la ley porque les exige a las personas una conducta intachable. Lo que aparece en la carpeta es que él habría recibido por un período de tiempo prolongado sumas de dinero mensual y después bimensualmente. En total $42 millones entre marzo de 2010 y octubre de 2012. Además, los dichos de la seremi de esa cartera lo sitúan interesado en un proyecto minero vinculado a los dueños de Penta, que era Dominga.

-En la arista política del caso hay una serie de parlamentarios y ex parlamentarios que estarían involucrados. Incluso gran parte de uno de los capítulos refiere al rol de Jovino Novoa como distribuidor de las platas que entregaba Penta a las campañas electorales de la UDI. ¿La investigación muestra que esto era sistemático u ocasional?

-El ex senador Novoa aparece en la investigación por testimonios que dicen que visita a los dueños de Penta, al menos en unas dos o tres oportunidades acompañando a algunos candidatos.

-¿Cuál era el modo de operación?

Me imagino por el grado de conocimiento con estas personas, él podía llegar con mayor facilidad a conversar con ellas. El tema de él está vinculado a la emisión de ciertas boletas de honorarios de cierta persona que aparentemente habría prestado servicios para su estudio. Se trata de una funcionaria de una empresa de turismo que habría dejado un talonario a disposición del estudio jurídico de Novoa en virtud de la cual, las propias funcionarias del estudio se encargaban, a requerimiento del ex senador, de llenar las glosas de las boletas y poner montos dirigidos a las empresas Penta con el fin de que esas boletas se ingresaran a la contabilidad respectiva.

/ Agencia Uno

/ Agencia Uno

-¿Hay más políticos que hayan recibido dinero para sus campañas a través de boletas ideológicamente falsas?

-Los nombres que han aparecido son los que siempre estuvieron en la mirada especulativa de cuando esto estaba secreto. Son los nombres que aparecieron respecto a Laurence Golborne, Pablo Zalaquett, Ena von Baer, Iván Moreira, Andrés Velasco, el ministro Alberto Undurraga, Alberto Cardemil, Felipe De Mussy. En cuanto a Pablo Longueira y Evelyn Matthei es curioso las declaraciones que se hacen sobre ellos porque Hugo Bravo dice: “A ellos les entregamos plata limpiamente”. ¿Cómo se explica que digan que a ellos se les hizo un trato limpio? En el argumento del sentido contrario se da a entender que entonces los otros aportes no eran limpios.

-El hecho de que anteriormente Ena von Baer, Ivan Moreira y Laurece Golborne, entre otros, hubiesen negado tajantemente cualquier vínculo con Penta y sus controladores, ¿es un agravante a la hora de la formalización?

-Es problemático porque los compromete en un sentido. Ahora, la declaración que para estos efectos tiene valor puede ser la que presten ante el fiscal o en un juicio. Ese es el testimonio que para ellos va a tener algún valor, por lo tanto, una vez atendido los antecedentes van a tener que retractarse.

-El diputado Osvaldo Andrade dijo que “hay un grupo de empresas bajo el paraguas del Grupo Penta que han hecho de su cultura corporativa, de su actuación permanente, el fraude al Fisco” y se filtró que Corpbanca, Soquimich, Ripley habrían usado, presuntamente, el mismo modelo de Penta. ¿Cómo aparecieron esas boletas?

-Eso se vincula más a la línea de investigación de la situación de Pablo Zalaquett. En las declaraciones de los colaboradores Zalaquett se habla de este modelo de campaña de financiamiento de las empresas que ellos gestionaban para servicios que estas realizaban para la campaña de Zalaquett. El aporte en sí mismo podría ser excesivo conforme a los límites del gasto electoral. Acá la dinámica era un aporte (económico) a cambio de que se emitiera una factura para incorporarla de nuevo en la contabilidad interna de la empresa. Entonces volvemos a la misma práctica de buscar mecanismos de rebaja de impuestos por la vía de la emisión de facturas, por servicios que teóricamente en este caso se prestaron pero se emitieron a una persona que no correspondía. Acá derechamente dicen que los servicios se prestaron, pero el problema es que tiene que cobrársele a las personas que prestaron el servicio, vale decir, era una factura que tenía que rendirse conforme al gasto electoral y no se hizo.

Carlos Eugenio Lavín

“El cambio al sistema de financiamiento de la política es necesario tras este escándalo y eso va a traer una repercusión en el cambio de las prácticas corporativas de las empresas”

-¿Hay más empresas involucradas?

-Al menos en el análisis de la investigación las que han salido en la prensa son las mencionadas, pero solo en ese episodio, no es que estén vinculadas en forma reiteradas a otras personas.

-El escándalo que ha provocado el caso Penta y su arista política, ¿es similiar o aún mayor que el MOP-Gate?

-Las magnitudes desde el punto de vista a comparar son complejas, por el monto defraudado, por el número de personas involucradas. El caso MOP-Gate fue un caso absolutamente relevante porque significó un cambio de varios conceptos que se manejaban en la administración pública, requirió de muchas modificaciones legales y también tuvo repercusiones para las personas involucradas porque muchas de ellas cumplieron pena efectiva. Mientras no se produzca ese escenario en este caso no podríamos hacer un punto de comparación.

-Pero este caso también abrió el debate de realizar modificaciones legales.

-Esto es una demostración de que se va a generar un cambio institucional inevitablemente. Es decir, el cambio al sistema de financiamiento de la política es necesario tras este escándalo y eso va a traer una repercusión en el cambio de las prácticas corporativas de las empresas.

-Si bien la justicia dictó condena a los involucrados en el MOP-Gate también se llegó a un acuerdo político entre el ex Presidente Ricardo Lagos y Pablo Longueira. ¿Podría reproducirse un acuerdo de esa naturaleza para este caso?

-En el MOP-Gate hubo un acuerdo político para reformar la legislación, pero las personas que se vieron involucradas fueron condenadas. Acá el alcance de un eventual acuerdo político no pasa más allá de establecer la reformas institucionales adecuadas para evitar este tipo de prácticas, pero que eso tenga alguna incidencia en el proceso lo descarto tajantemente.

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