Mientras la camilla cruza el umbral del pabellón y las puertas se van cerrando, a César lo atropella el recuerdo de las páginas de El Mercurio y La Segunda que aseguraban que era integrante de la banda de narcotraficantes “Los Cavieres”. Y se le vuelven a doblar las piernas al evocar su foto en una infografía de TVN como miembro de una asociación ilícita.

La fuente de los periodistas era Alejandro Peña Ceballos, en ese entonces jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur del Ministerio Público.

Lo despidieron de su trabajo; tuvo que abandonar su casa, la financiera le quitó su auto, y; estuvo cesante muchos años. Pero piensa que nada repara el peor de todos los daños: el hijo que su esposa perdió cuando la presión y el escarnio la consumieron. La separación matrimonial fue el fondo del pozo al que este técnico jurídico fue arrojado por la trama orquestada por el cuestionado Alejandro Peña.
Hoy, la justicia dijo que César Soto era inocente y aunque en primera instancia se había condenado al Estado a pagarle una indemnización de $220 millones, la Corte de Apelaciones de San Miguel lo rebajó, la semana pasada, a sólo $30 millones. Una diferencia importante si se considera el daño que la sentencia da por acreditado que se provocó a Soto y su familia.

El caso de este ex funcionario es el único, hasta hora, de una indemnización por perjuicios a una víctima de un montaje del ex fiscal Peña.

En enero, la Corte Suprema confirmó que el fisco debe pagar más de $500 millones, pero a cada una de las defensas de seis de los jóvenes que eran inocentes de las acusaciones de Alejandro Peña, respaldadas por el Gobierno, de colocar artefactos explosivos.

Los medios

César Soto cumplía como, todos los días, una crucial función en la unidad de crimen organizado que existía en la Fiscalía Metropolitana Sur. Allí se ventilaban las investigaciones más complejas y peligrosas contra bandas dedicadas al narcotráfico. Los mayores golpes que le dieron prestigio al ex fiscal Peña provienen de los frutos del trabajo de esta unidad.

De la mano de este organismo cayeron “Los Cavieres” y los “Cara Jarro”, entre 2007 y 2008, entre muchos otros. Sin embargo, mientras Soto trabajaba en estos temas, desde 2005, junto a otros colegas fundaron la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur.
Desde ese momento comenzaron todos mis problemas”, asegura el ex funcionario. Varios funcionarios se desafilian de la asociación aduciendo presiones y amenazas de los jefes de la Fiscalía y del propio Alejandro Peña.

Las presiones se ejercieron en contra de funcionarios y dirigentes. A los primeros los obligaban a desafiliarse de la organización sindical y a los segundos les obstaculizaban el uso de la horas destinadas a trabajo sindical, además de sufrir constantes agresiones verbales en reuniones y diferentes instancias”, explicó Natalia Cesped, presidenta nacional y regional de la Asociación de Funcionarios del Ministerio Publico.

Ella junto a César Soto y Paulina Ruiz, actual secretaria de la entidad, fueron los fundadores de la organización y también quienes debieron enfrentar a Peña.

Paulina Ruiz recordó un caso que le afectó directamente a ella. “ anteriormente a lo que le hicieron a César, el señor Peña instruyó un sumario en mi contra por el uso de horas sindicales. Ante lo inconsistente de los cargos y la labor de mi abogado que hizo contundentes descargos, se vieron obligados a amonestarme verbalmente, una sanción menor, pese a que ante la fuerza de la evidencia debí ser sobreseída.

Desatada una verdadera batalla laboral, en octubre de 2007, unos 30 funcionarios se desafiliaron de la asociación, dicen, producto de las amenazas. Ante esto, denuncian las prácticas antisindicales y piden sumario contra Peña. “En el sumario que se llevó en contra de Peña y que investigó la fiscal regional Solange Huerta (caso Tsunami) se comprobó la desafiliación forzada de a lo menos 16 asociados, con el fin de mermar el quórum de la organización sindical”, cuenta Natalia Cesped.

La fiscal sumariante levantó cargos contra el entonces fiscal Peña y fue sancionado los primeros días de junio del 2008. La presidenta de los funcionarios dijo que “al día siguiente de ser notificado de su sanción, Peña abre sumario y una causa penal en contra de César Soto Torres, funcionario de la fiscalía de drogas y ex secretario de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Sur. En cuestión de semanas, el funcionario fue destituido”.

 Fiscalía actuó “imprudentemente y con negligencia”

Era un día normal de trabajo. Un 20 de junio de 2008, a César Soto lo llaman del Departamento de Recursos Humanos de la Fiscalía. “Cerca del mediodía me notificaron que iba a ser investigado por un posible vínculo con una banda, por leerle una minuta a un abogado de narcotraficantes de “Los Cavieres y “Cara de Jarros”, y me sacaron de la institución. Pero lo más grave es que a las 12:30 de ese mismo día apareció en todos los medios de prensa que yo pertenecía a la banda y de hecho en Televisión Nacional aparecía con nombre y fotografía en el organigrama de la banda”.

César Soto intentó en vano recurrir al Fiscal Nacional Sabas Chahuán para advertir que todo era una persecución y en las tres oportunidades que solicitó su intervención, se encontró con oídos sordos. “Cuando me iniciaron el sumario le pedimos una audiencia al fiscal nacional, don Sabas Chahuán para decirle que todo era una persecución. Nunca me quiso recibir. Yo no sé si no nos recibió porque alguien le dijo que no nos recibiera o él simplemente no le dio importancia. Luego pedí oapelar, y no siquiera se revisó. Ló último fue la reincorporación pero tampoco lo quiso dar.

Natalia Cesped también recuerda que Sabas Chahuán, nunca debió ratificar la destitución del funcionario Soto, pues jamás se probó su relación con el narcotráfico, motivo que originó el despido del funcionario. Más aún, durante años nos ha negado copia del sumario administrativo con que se sancionó a Peña, privándonos de conocer la verdad y de iniciar eventuales acciones legales y sindicales en contra de quienes persiguieron a los trabajadores, como César Soto, y los dirigentes de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Sur. El fiscal nacional nos ha privado, en este ámbito, de la verdad y la justicia que nuestros asociados merecen.”

La justicia de primera instancia y, posteriormente la Corte de Apelaciones de San Miguel, confirmaron que la Fiscalía del Alejandro Peña actuó “imprudentemente y con negligencia al difundir la noticia de que el demandante de autos (César Soto), se encontraba vinculado a una banda de narcotraficantes sin antes haberse comprobado ese hecho por la justicia en un debido proceso que contuviera todas las garantías otorgadas por la ley, existiendo la falta de cuidado que debe tener quien realiza una conducta, con el objeto de evitar la producción de resultados indeseables, los que son posibles de prever”.

La sentencia de la jueza del Cuarto juzgado Civil de San Miguel, ratificada en todos sus puntos por la Corte, agrega que ella que las falsas acusaciones se realizaron “sin mediar ni sopesar las consecuencias que esto podría acarrear en su persona y familia, especialmente a sus hijos, que son los más vulnerables, llegando a la situación en que se encuentra actualmente”.
César Soto cuenta que tras aparecer, especialmente en TVN y La Segunda “en el condominio donde yo vivía con mi familia comenzaron a llegar las amenazas contra mi familia, contra mis hijos. Estaban muy asustados, no me quedó otra que cambiarlos de colegio. Mi señora estaba embarazada y por lo mismo, el miedo, las noches sin poder dormir, sufrió una pérdida…con eso el mundo  se nos vino abajo.”

Vanos fueron sus intentos por defenderse. “Solicité la grabación pero nunca me la pasaron para poder defenderme. Se la pedí a Daniela Palma, que me hizo el sumario interno, y me dijo que la habían destruido. Osea material de prueba para un juicio fue destruido. Eso habla de lo irregular de todo esto”, relata César Soto

La conclusión de la justicia es tajante: “los hechos precedentemente descritos afectaron a la honra del demandante, a su reputación dentro de la sociedad, lo que constituye un capital simbólico de cada persona, el cual se vio profundamente afectado por el atentado contra su imagen y su honra, que realizó con su actuar la Fiscalía Metropolitana Sur, produciendo una profunda depreciación del demandante frente al resto de la sociedad y su entorno, lo que lleva a estimar a esta Juez con mucha convicción, acerca de la procedencia de una justa reparación del daño causado”.

Por eso es que la jueza Cecilia Vega le otorga, en septiembre de 2012, un total de $220 millones de pesos de indemnización, considerando el daño y el tiempo sin poder trabajar. El Consejo de Defensa del Estado, a cargo de defender los intereses del fisco frente a los hechos producidos por Alejandro Peña apeló desconociendo el daño y alegando que aún estaba en duda la participación de Soto en una banda de narcotraficantes.

Pero la justicia fue clara con el CDE, porque “no allegó al proceso probanza alguna en orden a desvirtuar los dichos de la demandante, no acompañando antecedente alguno al proceso, de conformidad a los medios de prueba que le otorga la ley”.

La Corte de Apelaciones San Miguel confirmó todo lo resuelto en primera instancia, pero rebajó a sólo 30 millones el monto. Un monto que no deja conforme a César Soto que dice que ganaba 800 mil pesos mensuales y que eso sólo cubre menos de tres años de sueldos perdidos, tras ser despedido y no encontrar trabajo.
En la forma, la Corte sí hace justicia porque se acreditó el daño que se hizo contra mi familia y mi persona. Lo que no estoy de acuerdo es el monto por el cual se valoró esta reparación porque realmente eso no compensa. Ni siquiera se condenó en costas para pagarle a los abogados que creyeron en mi y me defendieron” reflexiona el ex funcionario.

Epílogo

Al cierre de este reportaje, no fue posible localizar al ex fiscal Alejandro Peña. Su teléfono celular y su correo electrónico no figuran en función.

Al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, se le envió un cuestionario para responder por el caso de César Soto, pero al momento de la subida de esta nota a la web de El Dínamo, no se había recibido respuesta.

El tema no es cómodo tras el estrepitoso fracaso del “caso Bombas” y los cuestionamientos a un sistema que daba garantías y mostraba buenos resultados.
Paulina Ruiz, sostuvo que “lo peor de todo es que esto ocurre precisamente al  interior de una fiscalía. Es decir, el órgano persecutor encargado de perseguir delincuentes arremetió arbitrariamente contra uno de sus trabajadores como si fuera un criminal, aún sabiendo que no lo era, y utilizó todas las herramientas que tuvo a su alcance para acusarlo, exponerlo y castigarlo, pero sin que tuviera nunca acceso a un justo proceso, derecho que el Estado sí le garantiza hasta al peor criminal”.

Por ello es que tras el caso Bombas, varias voces se levantaron para reclamar por los costos que está pagando el fisco. El propio César Soto dice que “ese dinero debería salir del bolsillo de Alejandro Peña y Héctor Barros que fueron los que armaron todo esto contra mi. Hay una fiscal que dejó la fiscalía y se fue a Japón y que me advirtió, en ese entonces, que ellos querían sacarme a como diera lugar. No había cómo. Yo siempre fui un funcionario de excelentes calificaciones y nunca fui cuestionado.”

La presidenta nacional de los funcionarios del Ministerio Público también concuerda con que “sería muy importante que el ex fiscal regional Alejandro Peña, respondiera ante esta situación, así como en otras, en donde se acusó injustamente a personas inocentes. Si bien, el Estado debe responder ante estas situaciones, no me parece justo que quien las genera, en este caso Peña, no responda jamás ante un tribunal o ante quienes persiguió. El estado pagara la indemnización de César Soto y las costas del ‘caso bombas’. ¿Cuándo responderá el señor Peña ante estas situaciones?”

La hija de César Soto nació con una deformación física que este fin de semana, de manera exitosa, fue corregida tras una cirugía en el Hospital “Ezequiel González”. El sábado, cuando salió de recuperación, su padre la esperaba, estaba junto a su madre, tomados de la mano, con la misma mirada y con una gran sonrisa, una que la joven no veía desde casi seis años.

“El Subsecretario del Interior, por ley, es quien tiene la responsabilidad de firmar la autorización del pacto del precio de referencia”, señaló el otrora jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior, informó Bío Bío.

En su declaración, Peña agregó que desconocía si Ubilla conocía las relaciones entre Tecnodata y su cartera, por un preacuerdo para pactar un precio de los fibroscopios.

El presidente de la Comisión, el DC Matías Walker, explicó que “el señor Alejandro Peña ha ratificado que el señor Rodrigo Ubilla, como subsecretario del Interior, determinó los precios a pagar por cada uno de estos equipos y que el señor Felipe Baeza no tenía atribuciones de autorizar compras de equipos por 35 mil millones”.

El jefe de bancada de RN, Pedro Browne, por el contrario, señaló que “las resoluciones que se toman dentro de la subsecretaría van con la autorización del subsecretario es algo lógico y que ocurre en todas las subsecretarías y ministerios. No se entiende mucho la postura de la Concertación en esta comisión. Pareciera que la conclusión ya la tienen hecha y no escuchemos lo que digan los invitados porque da la verdad lo que digan porque ellos interpretan cualquier cosa”.

La Comisión Investigadora por el llamado Caso “Sobreprecios” acordó volver a citar al ex fiscal Alejandro Peña, además de recibir en su próxima cita al ex jefe de proyectos de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior, Felipe Baeza y al general director de Carabineros, Gustavo González Jure.

Sin embargo, en absoluto sigilo, el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Raúl Guzmán, decidió intentar una última acción que busca rebajar a sólo $21 millones el monto a repartir entre las defensas.

Una maniobra arriesgada, que apostaba a que se resolviera por la sala de verano que operó en febrero, durante el feriado judicial con una integración distinta a la que desestimó todos los recursos anteriores. Sin embargo,  el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, nunca le dio la preferencia solicitada por el fiscal Guzmán, dejando inalterable el orden normal establecido de dicha sala, que da prioridad aquellos recursos donde se deben resolver materias relativas a la libertad de las personas o garantías constitucionales.

El nuevo recurso de queja (ROL Nº 8562-2012) había sido presentado el 4 de febrero, después que se rechazara una queja del Ministerio Público en contra de los jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago que, a su vez, días antes habían declarado inadmisible una apelación a lo resuelto por los jueces orales que fijaron los $520 millones por las costas del juicio.

Guzmán alegó personalmente en el escrito que la Corte de Apelaciones “ha omitido pronunciamiento respecto a (…)corregir de oficio las faltas o abusos denunciados a lo que está llamado este excelentísimo tribunal”, o sea la Corte Suprema, y alegando que tenían la “inexcusabilidad” de hacerlo.

Asimismo, el fiscal solicitó rebajar de $520 millones a $21.911.526, lo que implicaba poco más de $3 millones para cada defensa. El fiscal regional que reemplazó a Peña, calificó como “desproporcionado e infundado el monto “estableciendo en definitiva una indemnización, concepto que escapa completamente de lo que comprende las cosas de un proceso, desnaturalizándose este mecanismo de cosas”.

El jueves último, la Sala Penal de la Corte Suprema, integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y el abogado integrante Jorge Baraona, en una sola página rechazó los planteamientos con un simple y escueto “no ha lugar”.

De esta forma, desde que fueron absueltos los jóvenes y se determinó el monto de las costas, la Corte de apelaciones de Santiago y la Corte Suprema respaldaron todos los planteamientos realizados por el Tercer Tribunal Oral de Santiago integrado por los jueces Marcela Sandoval, Blanca Rojas y Carlos Carrillo.

El ministerio público deberá pagar poco más de $86.6 millones a cada defensa de los seis absueltos del caso.

Historia del fracaso

El Tercer Tribunal Oral en lo penal de Santiago, tras más de seis meses de juicio, el más largo de la historia de la Reforma Procesal Penal, absolvió de todos los cargos a los seis jóvenes acusados inicialmente por el ex fiscal Alejandro Peña y respaldado por el ex ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, en julio de 2012.

Francisco Solar Domínguez, Gustavo Fuentes Aliaga, Felipe Guerra Guajardo y Mónica Caballero Sepúlveda, eran inocentes de los delitos de colocación de artefactos explosivos e incendiarios. Asimismo, Omar Hermosilla Marín y Carlos Riveros Luttge, también fueron absueltos de fabricar e instalar “bombas” en diversos puntos de Santiago, delitos de carácter terroristas.

Tras derrumbarse toda la tesis de Peña, respaldada públicamente por Hinzpeter, todos los recursos presentados por el Ministerio Público, el ministerio del Interior y el Consejo de Defensa del Estado, fueron rechazados uno por uno. Primero un recurso de nulidad y luego las apelaciones y quejas.

Mauricio Daza: “una tinterillada del Ministerio Público

“Se trata de una mera tinterillada absolutamente extemporánea, impertinente y infundada” sostiene el abogado Mauricio Daza sobre  el intento del Ministerio Público para revertir el pago de las millonarias costas a que fueron condenados tras perder el “caso bombas”.

Para el profesional, que defendió a Francisco Soler, fue un intento que “pretendía aprovechar, la sala de verano, con una integración distinta poder obtener un resultado para ellos”.

Respecto a la justificación del monto de las costas, El abogado explicó que el tribunal oral tuvo en consideración los gastos en que debieron incurrir las defensas para enfrentar el juicio.

“Hubo seis personas imputadas. Cada defensa tenía equipos de abogados que se turnaban dada la extensión del juicio. En nuestro caso, éramos cuatro los abogados que rotábamos, que preparábamos interrogatorios con días de anticipación, que no pudimos tomar otros casos y todo esto sumado a la prueba técnica”, sostuvo.

Agrega que hubo que pagar peritajes científicos en diversas materias como químicos, médicos incluso de ADN para descartar la presencia de los imputados en determinados lugares.

Daza recalcó que “el juicio por el caso bombas no lo ganamos porque el Ministerio Púbico no haya podido probar su tesis. Lo ganamos porque aportamos pruebas científicas de alta complejidad que descartaron las acusaciones del Ministerio Público”.

El abogado adelanta que preparan demandas civiles en contra del fiscal nacional Sabas Chahuán, el ex fiscal Alejandro Peña y el ex ministro del interior Rodrigo Hinzpeter “por ser ellos los grandes responsables de este verdadero desastre judicial“. “Son ellos los que debieran pagar de su propio bolsillo los gatos en que incurrió el Estado y las defensas en esta verdadera operación política de la cual lo que hicieron fue profitar”, agrega.

Aseguró que “como abogado del ejercicio privado, he podido tener contacto directo con los problemas de las personas y ofrecerles una solución concreta. Eso es una satisfacción enorme, el cambio en lo personal ha sido positivo”.

Peña analizó su paso por el sistema público, luego de abandonar su cargo en octubre de 2012, al estallar un escándalo por irregularidades en la licitación de equipos antidrogas incluidos en el Plan Frontera Norte, de acuerdo a lo informado por Emol.

“Habiendo una causa polémica y mediática, como era el Caso Bombas -en la que el ministerio era parte- no tuve la capacidad de analizar las consecuencias de mi ingreso. Creo que cometí un error cuando me fui al Ministerio del Interior”, declaró Peña y reflexionó diciendo que “no fue lo más óptimo hacerlo inmediatamente después de ser fiscal, eso produjo una distorsión mediática que en definitiva, conllevó al derrumbe del caso”.

“Todos en la vida cometemos errores, no fue prudente en su momento el haberme ido a trabajar al Gobierno, pero es un error de Alejandro Peña, no de terceros. Estaba tan metido en las causas, habíamos recién formalizado a los funcionarios de Gendarmería por el incendio de la cárcel de San Miguel, estábamos corriendo para terminar la acusación del caso Bombas, entonces, no tuve el espacio necesario de reflexión para apreciar todas las variables que significó el cambio de trabajo”, explicó.

Acerca del “Caso Sobreprecios”, el ex fiscal aseguró a Radio Futuro que nunca detectó irregularidades al interior del Ministerio del Interior, pero que puso su cargo a disposición porque ”quise dar un paso al costado para no ser un obstáculo a la investigación. Segundo, yo llevaba un año y medio siendo objeto de múltiples y macabros ataques personales de distintos sectores (…) y tercero, quería dar una señal. Yo era el jefe de la división de estudios, si se produjo una anomalía, ahí estaba mi puesto”.

En junio pasado, el subsecretario Ubilla argumentó la imposibilidad de entregar la información solicitada basándose en un artículo de la Constitución Política: “La CP y la Ley 20.285 reconocieron los derechos de las personas  a la seguridad de la Nación, al interés nacional y al debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estad, como límites a la Transparencia”.

Esa respuesta impulsó a los abogados Valentina Horvath y Mauricio Daza a recurrir al organismo que encabeza Alejandro Ferreiro y solicitar la exigencia de revisar estos emails.

En su resolución el Consejo señala que acogió parcialmente la petición de los abogados, resaltando que Interior deberá entregar copia de los “correos electrónicos enviados y/o recibidos en la casilla institucional del ministro , entre el 11 de marzo de 2010 y el 11 de abril de 2011, cuyo destinatario o remitente sea el ministerio, vinculado con al incorporación del sr. Alejandro Peña como dependiente o prestador de servicios a cualquier título del ministerio”.

Ademés exige que Interior entregue “los oficios y/o cualquier documento escrito que el subsecretario, en sus calidad de tal, hasta redactado y/o suscrito y que digan relación con la contratación del señor Alejandro Peña Ceballos como dependiente o prestador dde servicios a cualquier título del Ministerio del Interior y Seguridad Pública o alguna otra repartición pública”, consignó La Segunda.

En entrevista al diario La Tercera, el ex persecutor  detalló su nuevo proyecto en el mundo privado y adelantó que se focalizará en materia criminal, “pero también vamos a ver causas civiles y comerciales. Voy a seguir vinculado a lo penal”, dijo.

Aseguró también que “no voy a defender jamás causas vinculadas al narcotráfico. Tampoco a acusados por delitos sexuales contra menores. Nuestro énfasis es defender a quienes hayan sido víctimas de un delito”.

Y sobre el caso sobreprecios resaltó que él fue el único que presentó su dimisión voluntaria. “Cada persona evalúa su rol y sus competencias. Desconozco las razones por las cuales a los otros funcionarios se les pidió la renuncia; yo fui el único que, voluntariamente, de inmediato, presenté la renuncia”, agregó.

Consultado sobre cómo se sacará el estigma alcanzado en el caso Bombas, Peña dijo que espera mantener su imagen. “La imagen instalada es una imagen que esperamos mantener, en cuanto a ser muy vehementes en la obtención de resultados en beneficio de nuestros clientes”, dijo.

No manejo los antecedentes que tienen los fiscal

Según publica 24 Horas, “Se hubiera llegado a otro resultado con un buen trabajo de la fiscalía”, explicó Chahuán en el programa Estado Nacional de TVN.

La máxima autoridad del Ministerio Público recononició que “hubo error de la fiscalía en la presentación de las evidencias. Hubo errores investigativos, no se firmaron informes, hubo repetición de evidencias. Es un cúmulo de errores, pero también hay errores administrativos”.

Agregó que “todos los acusados en el Caso Bombas son inocentes. Otra cosa es que el Ministerio Público crea que son culpables”.

El Fiscal Nacional también se refirió a la conducción mediática del ex fiscal Alejandro Peña del caso destacando que “hubo una exacerbación mediática, son buenos fiscales los que estaban bajo la tutela de Peña, pero yo quiero discreción para la fiscalía”.

Respecto de la investigación por sobreprecios en la división que encabezaba Peña, opinó que va a ser difícil acreditar eventuales delitos de corrupción y que independiente de quiénes puedan estar involucrados, la obligación del ministerio público es investigar y esclarecer si hubo delito e identificar a los autores.

Sobre esta misma materia reconoció conocer a Alfredo Giacoman, dueño de Tecnodata, empresa involucrada en el caso de sobreprecio de equipos para la detección de droga, pero aclaró que sólo se debe a actividades sociales en las que han coincidido.

Sin embargo, la autoridad no dejó de lado la oportunidad para rechazar las críticas efectuadas por los magistrados a las anunciadas modificaciones, indicando que “no corresponden”, pero a renglón seguido indicó que ellos pueden estar ”muy tranquilos” de que no habrá presiones o atentados a su independencia.

En diálogo con Radio Agricultura, Chadwick  también tuvo palabras directas para el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Leopoldo Llanos, quien había indicado que las críticas del Ejecutivo ”deben ser fundadas, y que no atenten y no menoscaben la independencia del juez”.

“El Gobierno no ha improvisado nada en la materia, no corresponde a un magistrado hacer una evaluación de eso sin tener conocimiento de lo que ha hecho, tenemos 27 modificaciones ya absolutamente afinadas”, dijo el ministro.

Andrés Chadwick fue enfático al afirmar “que el presidente de la Asociación de Magistrados esté muy tranquilo, que no tenga ningún temor de ningún tipo de presiones. Se está viendo y revisando un sistema de procedimiento penal de la misma manera como se hizo hace 10 ó 12 años, en que se cambió por completo, para combatir con más fuerza la delincuencia“, manifestó Chadwick.

El ministro subrayó que no hay presiones para el poder Judicial, agregando que Ejecutivo está ejerciendo su facultad constitucional de enviar al Congreso un proyecto de ley para modificar el sistema, y no pretende imponer su visión.

“El Gobierno lo que está señalando es que frente a un sistema procesal penal que está vigente ha llegado el momento de introducirle modificaciones, en el pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Está preparando dichas modificaciones para que el Congreso Nacional pueda evaluarlas, estudiarlas, rechazarlas o aprobarlas, y en ese caso pasan a ser leyes. Y siendo leyes tienen que ser aplicadas por los magistrados en el pleno ejercicio de sus atribuciones”, detalló.

Según Chadwick la prioridad del Gobierno apunta a que “se combata con más fuerza y decisión la delincuencia, y para eso creemos que hay que introducir hoy día modificaciones al sistema procesal penal chileno”.

Caso Sobreprecios y Ubilla 

El vocero también se refirió al polémico caso de sobreprecios en la compra de equipos para el combate contra las drogas que culminó con la renuncia de tres funcionarios de gobierno, incluido el abogado Alejandro Peña. Chadwick respaldó los dichos de Peña al indicar que el ex jefe de la División del estudios del ministerio del Interior, no podía estar al tanto de todo lo que hacían sus subalternos, ya que estaba “trabajando en La Moneda, no en un penal”.

“No estamos trabajando con delincuentes pero si hay personas que entran en una presunta sospecha de haber tenido contactos con proveedores en forma previa a las licitaciones y eso pueda haber traído consigo un beneficio indebido para esos proveedores, eso se investiga y si hay responsabilidades se sanciona”, sostuvo

Chadwick reiteró que el Gobierno está “colaborando a 1000%” en la investigación, ya que “uno puede equivocarse, pero el que intente meter las manos, el que intente hacer o intentar un fraude al Fisco, inmediatamente vamos a ser inflexibles en poner todos los antecedentes a disposición de la justicia y que se determinen los responsables por los tribunales”.

Con respecto al subsecretario de la cartera, Rodrigo Ubilla, el vocero volvió a blindarlo.”Obviamente que está firme en su cargo y cuenta con el respaldo del Gobierno”, dijo al tiempo que criticó fuertemente a quienes, desde la oposición, han cuestionado su idoneidad de cara al rol que deberá cumplir para la entrega de los resultados de las próximas elecciones municipales.

“Separemos completamente esto de lo que es la próxima elección municipal. He visto voces de la Concertación que ya están preocupadas de generar una suerte de falta de confianza. Eso me parece de una irresponsabilidad democrática gigantesca”, puntualizó.

“Ambos fuimos engañados“, afirmó el también ex fiscal, en declaraciones al diario La Tercera.

El martes pasado, Peña sostuvo antes los fiscales a cargo del caso que Ubilla era responsable de aprobar los contratos con la firma Tecnodata, en la ahora cuestionada licitación. El tono de sus palabras al matutino, sin embargo, es distinto: “No está involucrado para nada. Está sumamente dolido, igual que yo“.

El abogado también se refirió a la salida del ingeniero comercial Felipe Baeza, quien figura como principal responsable del visado de los contratos. “A Felipe lo traje yo (desde la Fiscalía Sur). En su caso las confianzas están congeladas. Le tengo un profundo aprecio. Si se comprueba su inocencia se le ha hecho un profundo daño. Si se comprueba su culpabilidad no solamente se le ha hecho un profundo daño al Fisco, sino también a las confianzas personales”.

Distinto es el caso del sociólogo Carlos Alvarez, quien presentó su renuncia ayer. Según Peña, el ex funcionario de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) “nunca transparentó su relación con Giacoman (dueño de la empresa Tecnodata) al interior de la división. El no tenía por qué tener relación con los proveedores y no tendría por qué haber tenido antecedentes de la licitación”, aseveró.

Respecto a la decisión de Ubilla de no seguir adelante con una licitación que se encontraba pendiente -la compra de visores termales para detectar a narcotraficantes en el altiplano- el ex fiscal la consideró “sumamente acertada”.

“Creo que él debe seguir liderando la investigación que se está realizando. No sé si otra persona pudiera hacerlo, porque él conoce en detalle todo lo que se hizo”, agrega.

Para Peña, resulta especialmente grave que el caso arroje una sombra de duda en el proyecto estrella de lucha contra el narcotráfico: el Plan Frontera Norte, con un presupuesto de $ 10 mil millones.

“Acá no se están comprando computadores ni automóviles. Acá se están comprando instrumentos que estaban destinados a un noble fin, que era evitar que la droga ingrese a nuestro país. Acá el único que gana es el crimen organizado. Falta una jueza como Gloria Ana Chevesich (que indagó las irregularidades del caso MOP Gate), que sacuda el sistema y que investigue, que sacuda a todos los proveedores de estos equipos”, sentencia el abogado.