Es de esperar que tras sucesos tan aberrantes como éste, la discusión de la Ley Antidiscriminación se haga más expedita, y deje de cuestionarse la inclusión de la orientación sexual y la identidad de género entre las categorías protegidas” señala Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional- Chile.

Avanzar con esta ley sería un paso fundamental para que la legislación chilena se ajuste a estándares normativos internacionales en materia de protección contra la discriminación en razón de la orientación sexual, especialmente considerando el reciente fallo en el caso de Karen Atala.

Sin embargo, el proyecto de ley antidiscriminación, en su actual redacción, se encuentra reducido a una acción judicial que permite reclamar por casos de discriminación, pero no obliga al Estado a prevenirla y tomar las medidas de educación, capacitación, medidas de acción afirmativa u otras similares que vayan en ese camino.

“No obstante, hechos tan crueles como el sufrido por Daniel Zamudio dejan de manifiesto que Chile necesita medidas preventivas que promuevan el respeto y el reconocimiento para todas las personas sin excepción. Si bien la discriminación no se elimina por ley, las medidas de prevención, educación y las sanciones a quienes discriminan aceleran los cambios necesarios para disminuir y finalmente erradicar los niveles de maltrato.

Estos van desde la burla, la discriminación laboral hasta llegar a situaciones graves de violencia como la que vimos en este caso. En este sentido, una Ley Antidiscriminación adecuada puede ayudar a salvar vidas”, concluye Ana Piquer.

“Es alarmante el gran número de denuncias de abusos por parte de la policía durante marchas y protestas que se han venido registrando especialmente durante el último año. Estas denuncias comprenden el uso excesivo de la fuerza, uso inadecuado de gases lacrimógenos y cañones de agua, detenciones arbitrarias e informes de tortura y maltrato, incluyendo golpes y amenazas de violencia sexual”, detalló, Ana Piquer.

Según Piquer, “cientos de personas, incluidos niños y niñas, fueron detenidas durante las manifestaciones de estudiantes. En muchos de los casos las detenciones parecerían arbitrarias. Un gran número de personas detenidas denunciaron haber sufrido maltrato y otras violaciones de derechos humanos mientras estaban bajo custodia policial, en algunos casos el tratamiento fue de tal severidad que podría ser considerado tortura”.

La directora de AI Chile, subrayó que “la gran preocupación de todo lo anterior es que no se están tomando medidas al respecto; es que los actos de violencia que se denuncian y que se cometan por Carabineros o por fuerzas policiales tienen que ser tomados en serio e investigados de manera inmediata e imparcial y los responsables sancionados como corresponda y eso vemos es algo que no se está dando”.

Según informes recibidos por AI, han tenido como resultado decenas de casos de asfixia debido a gases lacrimógenos, además de lesionados por impacto de bombas lacrimógenas y balines en el cuerpo y cara.

“Nuevamente vemos que en el contexto de una protesta social existe un gran número de denuncias por uso excesivo de la fuerza, la utilización indebida de gases lacrimógenos, el uso de balines metálicos y detenciones que podrían ser arbitrarias”, dijo Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional en Chile.

Además manifestaron que “las autoridades tiene la obligación de mantener el orden público cuando hay episodios de violencia, pero esto debe siempre desempeñarse en línea con las normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza y sin cometer abusos”. Por esto mismo estimaron que “Carabineros no debe utilizar la fuerza salvo que sea estrictamente necesario y, aún en este caso, en el menor grado posible que exijan las circunstancias”.

Ana Piquer señala, en este sentido, que “es necesario recordar a las autoridades que el uso de la fuerza contra manifestantes es una de las medidas más extremas que el Estado puede tomar, y que por ello deben ser el último recurso para garantizar el orden público”.

La noticia aparecida hace unos días en la prensa de Teherán de que expertos chiíes en ley islámica están discutiendo si la mujer debe ser ahorcada o lapidada ha reactivado la campaña de recogida de firmas en contra de la pena de muerte.

Ashtianí fue condenada entre 2004 y 2006 -por dos tribunales iraníes distintos- a morir lapidada por haber cometido adulterio y ser ahorcada por participar, junto a su amante, en el asesinato de su esposo.

En 2010 una campaña de recogida de firmas internacional obligó al régimen iraní a suspender la sentencia y anunciar que la condena a morir lapidada se encontraba bajo revisión.

Ahora AI España ha reactivado una petición de firmas a través de su web que se remitirán al líder supremo iraní, el ayatolá Sayed Ali Khamenei, con la petición de que se anule la pena de muerte y que se esclarezca completamente la situación legal de Ashtianí.

Además, la organización defensora de los derechos humanos pide que, “en el camino hacia la abolición total de la pena de muerte, se declare una suspensión de las lapidaciones” y que se despenalicen las relaciones sexuales consentidas entre adultos.

En un comunicado, AI, con sede en Londres, anuncia los actos previstos con motivo del aniversario, que se cumple el 11 de enero de 2012 y que incluyen la publicación de un exhaustivo informe sobre el centro de detención y la escenificación frente a la Casa Blanca (EEUU) de una cadena humana de voluntarios vestidos con el mono naranja que llevan los reclusos en Guantánamo.

Amnistía recuerda que, pese a la promesa de Obama de cerrar la prisión estadounidense ubicada en Cuba para el 22 de enero de 2010, a mediados de este mes había todavía en ella 171 detenidos.

Al menos doce de ellos fueron transferidos el 11 de enero de 2002, hace casi ya diez años, apunta la organización.

Según AI, uno de ellos cumple cadena perpetua tras haber sido condenado por una comisión militar, pero el resto ni siquiera han sido acusados.

En su informe “Una década de daños a los derechos humanos”, Amnistía denuncia el tratamiento ilegal de los presos recluidos en Guantánamo y detalla “diez mensajes contrarios a los derechos humanos” que el centro continúa enviando al mundo.

Además, contará el caso de cinco víctimas, los saudíes Abd Al Rahim Hussayn Al Nashiri y Abu Zubaydah, el yemení Musa’ab Omar al Madhawani, el mauritano Mohamedou Ould Slahi y el etíope residente en el Reino Unido Binyam Mohamed.

“Por nuestra amarga experiencia con Amnistía, su programa no está justificado. Nadie se lo toma en serio”, añadió Kemal.

Bush llegó hoy a Etiopía, tras haber visitado Tanzania y Zambia, para concienciar a la población en la lucha contra el sida y el cáncer de cuello uterino, enfermedades que acaban con miles de vidas cada año en África.

Antes de la gira del expresidente, AI había solicitado a esos tres países el arresto de Bush por haber “autorizado el waterboarding”, una técnica de interrogatorio que recurre a un ahogo simulado y que muchos consideran una forma de tortura.

Al igual que Etiopía, Zambia también ha desestimado la petición de la organización defensora de los derechos humanos.

Entre otros compromisos de su agenda en Etiopía, el ex-gobernante estadounidense tiene previsto participar en la XVI Conferencia Internacional sobre el Sida y las Infecciones Sexuales Transmitidas (ICASA), que empieza hoy en Adis Abeba.

El ex mandatario se encuentra en la región hasta el próximo 5 de diciembre, como parte de la iniciativa del programa de salud global del Instituto George W. Bush (GWBI) para promover la lucha contra cáncer de mama y de útero, los más extendidos entre las mujeres de África Subsahariana y América Latina.

AI considera que estas naciones tienen la “obligación” de detener a Bush porque existen “pruebas suficientes” para investigar su responsabilidad en casos de tortura.

“Todos los países por los que George W. Bush viaje tienen la obligación de llevarlo ante la justicia por su papel en torturas“, señaló en un comunicado Matt Pollard, asesor legal de AI.

La organización reconoce “el valor” de aumentar la conciencia sobre el cáncer de útero y de mama en África, pero subraya que “esta no puede menoscabar la lucha contra la tortura permitiendo que alguien que ha autorizado el ‘water-boarding’ (asfixia simulada) pueda viajar sin tener que enfrentar las consecuencias recogidas en la ley”.

AI ha enviado una carta a los ministros de Justicia de cada país para recordarles sus obligaciones bajo la ley internacional y aportar documentación para sustentar una investigación contra Bush.

“Etiopía, Tanzania y Zambia deben aprovechar la oportunidad de cumplir con sus obligaciones y acabar con la impunidad de la que George W. Bush ha disfrutado hasta ahora”, señaló Pollard.

La organización hizo la misma petición a Canadá el pasado octubre cuando Bush viajó para participar en un foro económico.

Bush llegó hoy a Tanzania para visitar varios proyectos de ayuda humanitaria vinculados a la lucha contra el sida, financiados por la organización estadounidense USAID y por su propia fundación.

El ex presidente, que estuvo acompañado de su mujer, Laura, y su hija Barbara partirá mañana de Tanzania con destino a Zambia y posteriormente a Etiopía.

Según un informe dado a conocer hoy en Madrid y Londres por Amnistía Internacional, ha habido casos de acoso en Canadá, Chile, Francia, Alemania, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.

En un comunicado, la organización denuncia que dichos activistas han sufrido “intimidación por parte de funcionarios diplomáticos y otros”, y que, al parecer, “en algunos casos sus familias en Siria han sufrido hostigamiento, detención e incluso tortura”.

“A través de la protesta pacífica, ciudadanos sirios expatriados han intentado llamar la atención sobre unos abusos que nuestra organización considera equivalentes a crímenes de lesa humanidad, lo que representa una amenaza para el régimen sirio”, afirma AI en un comunicado.

La respuesta siria a esas acciones de protesta, recalca AI, ha sido “poner en marcha una campaña sistemática, y en ocasiones violenta, para intimidad a los sirios en el extranjero y silenciarlos”, señala Neil Sammonds, de Amnistía Internacional.

Para este investigador sobre Siria, esto es “otra muestra de que el gobierno sirio no va a tolerar la opinión disidente legítima y está dispuesto a ir muy lejos para amordazar a quienes lo cuestionan públicamente”.

AI afirma haber descubierto que diplomáticos sirios han grabado y fotografiado a “participantes” en acciones de protesta, a quienes posteriormente habrían “acosado”, mediante “llamadas telefónicas y mensajes por correo electrónico y a través de Facebook, para advertirles que lo dejaran”.

En España, el acoso ha sido de “tal gravedad” que la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio (AAPS) está preparando “acciones legales ante la Justicia española”.

El personal de la embajada, asegura AI, ha fotografiado y grabado en vídeo las manifestaciones de protesta que se han convocado frente a la delegación diplomática, para “identificar a los participantes y obstaculizar posteriormente cualquier trámite que esos residentes sirios en España tengan que hacer”.

También se les ha acosado e intimidado “en sus hogares y lugares de trabajo”, denuncia la organización, que asegura que se han tomado represalias contra sus familiares en Siria.

La organización de defensa de los derechos humanos relata varios casos en otros países, como el de los padres de Malek Jandali, que vive en Estados Unidos, que tienen 66 y 73 años, “que sufrieron un ataque en su domicilio de Homs” después de que su hijo, pianista y compositor de 38 años, participara en Washington, ante la Casa Blanca, en una manifestación a favor de la reforma del régimen sirio.

Sus progenitores, según la denuncia de Malek, fueron “golpeados y encerrados en el cuarto de baño mientras su piso era saqueado”. Tras lo ocurrido, huyeron del país, ha informado AI.

El comunicado de Amnistía Internacional denuncia, además, que las autoridades del régimen han obligado a ciudadanos sirios a “repudiar públicamente a sus familiares en el extranjero”.

Por todo ello, pide a los gobiernos de esos países que tomen medidas “más contundentes contra las embajadas sirias acusadas de organizar estos actos de hostigamiento e intimidación” y que protejan “el derecho a la libertad de expresión y de asociación” de los ciudadanos sirios.

Amnistía Internacional llega a pedir que a los “funcionarios” responsables de tales actos se les pida “que abandonen el país”.