El Dínamo

Sólo dos de los cinco integrantes que conforman la Comisión de Salud del Senado - Fulvio Rossi y Guido Girardi- se muestran a favor de la despenalización de la marihuana, agregando que se debe cambiar la actual “política de criminalización” por una con enfoque sanitario.

Por el contrario, los parlamentarios Mariano Ruiz-Esquide, Gonzalo Uriarte y Francisco Chahuán, consideran que la medida significará “aumentar el consumo y tráfico” del alucinógeno, consigna La Tercera.

Esto, pese a que un reciente informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) donde ésta recomienda a los países de las Américas a despenalizar el consumo de algunas drogas, y al entusiasmo que la idea provocó en el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien se manifestó a favor de la postura del organismo, aunque desde La Moneda prontamente le quitaron el piso.

El presidente de la comisión, Mariano Ruiz Esquide (DC), está en completo desacuerdo con despenalizar ninguna droga, “ni permitir bajo ninguna circunstancia el uso de la marihuana. Esto, bajo mi punto de vista médico”, sostuvo.

“He conversado con distintos psiquiatras y me quedo con la información que me han dado, por ello no avalo esta postura“, manifestó. “La marihuana no es inocua y produce daño cerebral en algunas personas, entonces por proteger a la población, estoy en contra”.

Por su parte, el RN Francisco Chahuán, afirmó que  ”sería un error experimentar con una política pública que puede generar tanto daño, sin una evidencia clara de su resultado”.

Para Chahuán “no existe evidencia de que un cambio de política produzca resultados positivos (…) Es un error generalizar políticas públicas aplicadas o pensadas para otras realidades territoriales u otros países, donde el tráfico de drogas tiene características diferentes”, indicó.

“Chile tiene un problema de consumo abusivo de drogas y de microtráfico y sería una señal contradictoria que por un lado aumentemos el control del consumo abusivo de alcohol y, por otro, relajemos otro problema social, como es el consumo de drogas, que a menudo sabemos dónde empieza, pero no donde termina”, sentenció Chahuán.

En el caso de Gonzalo Uriarte (UDI), éste opina que ”el gran problema que tiene Chile son los altos niveles de consumo de droga. En tercero medio, por ejemplo, uno de cada cuatro alumnos consume marihuana”, dijo, citando cifras del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA).

“Lo que tenemos que hacer como país, no es aumentar el consumo, sino que mejorar las políticas públicas de prevención y rehabilitación para disminuirlo”, apuntó Uriarte. “No hay que olvidar que el consumo privado está permitido y lo único que hoy se sanciona -como falta y no delito – es el concierto para consumir y el consumo en lugares públicos“.

Desde el lado de quienes están a favor, el PPD Guido Girardi apuntó que “es importante respaldar el anuncio de la OEA y aprender de experiencias internacionales exitosas como Portugal, país que despenalizó la marihuana en 2001 (…) logrando disminuir el consumo y gastando menos de la mitad de recursos públicos en trámites legales, administrativos, y carcelarios, que en 2001″.

“Es mucho más caro penalizar el tema que establecer un sistema de rehabilitación real. Un adicto debe ser tratado como un paciente enfermo y no como un criminal”, considera Girardi, agregando que “es un error tratar a quien consume, como un delincuente“.

Finalmente, el socialista Fulvio Rossi, quien lidera el proyecto sobre “auto cultivo de marihuana“, puntualiza que “si vamos a auto cultivar es evidente que no puede penalizarse el consumo.

“Casi todos los países del mundo están despenalizando el consumo, los que tienen sanciones administrativas al menos, porque se han dado cuenta de que la criminalización del consumidor es un error. Desde esta perspectiva estamos avanzando hacia una política de derechos humanos, aspectos sanitarios y menos en la Ley penal”, argumentó.

“El debate tiene que ver con el rol del Estado. Lo importante es cambiar la política basada en criminalización y penalización, a otra basada en los derechos humanos, aspectos sanitarios y seguridad pública”, finaliza Rossi.