Viña del Mar aparece como la comuna más saturada del país, siguiéndole Valparaíso con cuatro aéreas. En el caso de la ciudad jardín comprenden la zona de Calle Cuatro con Bellavista, en el terreno que se ubica en la calle El Violín con Mario Kreutzberger y en la calle Habana con calle del agua, entre otras, detalla el vespertino La Segunda.

En la región Metropolitana los territorios más saturados corresponden a las comunas de Las Condes y La Florida, son seis zonas identificadas, seguidas por Maipú con cuatro.

Les siguen en la lista las comunas de La Reina, Estación Central, Peñalolén, Puente Alto, Quinta Normal, Recoleta y Renca, con tres territorios cada una de ellas.

Un territorio urbano se considera saturado cuando existen dos o más torres de 12 metros de altura dentro de un radio de 100 metros a la redonda desde el eje vertical de cualquiera de las torres persistentes.

A partir de esta publicación las compañías tendrán 90 días para informar a la Dirección de Obras de cada municipio cómo resolverán esta situación y luego contarán con un año de plazo para implementar la medida.

El nuevo régimen entrega facultades reales a los municipios para intervenir en los procesos de instalación de torres, las que ahora necesitarán un permiso previo de la Dirección de Obras de cada comuna, además de reuniones informativas que cada empresa deberá tener con los vecinos para definir qué medidas de mitigación o compensación acompañarán cada proyecto de instalación de torres, entre otras cosas.

Por ello, y a través de un comunicado, las empresas de telefonía móvil manifestaron estar trabajando intensamente en los aspectos técnicos para adaptar su infraestructura según los nuevos requerimientos, expresando su disposición de trabajar con la autoridad para obtener la correcta implementación que exige la normativa, y asimismo intentar evitar problemas de cobertura o servicio que pudieran afectar a los clientes.

Junto con lo anterior, consideraron importante el rol que la nueva ley otorga ahora a los municipios y a la comunidad, donde dijeron “esperan construir un clima de colaboración para conciliar el despliegue de todas las infraestructuras”.

Tras una década de debate, este año fue aprobada por amplia mayoría la nueva Ley en el Congreso Nacional y tras la aprobación del Tribunal Constitucional, fue promulgada por el Presidente Sebastián Piñera.

Los ministros de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz, y de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez, destacaron que la normativa reduce el impacto urbanístico de estas infraestructuras, abre espacios de participación ciudadana a nivel local de forma previa a la entrega de los permisos municipales, y cautela de forma preventiva la salud de las personas fijando un límite para las emisiones radioeléctricas que ubica a Chile entre los cinco países más estrictos de la OCDE.

El ministro Pérez resaltó que esta Ley “entrega por fin facultades reales a los Municipios para intervenir en los procesos de instalación de torres en su territorio comunal, porque estas obras requerirán permiso previo de las Direcciones de Obras de cada comuna. Además de los estudios técnicos y una serie de obligaciones urbanísticas que deberán cumplir e informar las empresas a los municipios y vecinos, se abre un inédito espacio de participación ciudadana para que los propietarios de inmuebles cercanos tengan un rol clave a la hora de definir qué medidas de mitigación o compensación acompañarán cada proyecto de instalación de torres”.

Por su parte, el ministro Errázuriz indicó que “además de proteger el paisaje urbano y la plusvalía de los barrios, la nueva ley se hace cargo de lo más importante: la salud de las personas de forma precautoria como recomienda la Organización Mundial de la Salud, fijando límites estrictos a las potencias de las antenas. Chile está marcando pauta en este sentido y nos hemos puesto entre los países más exigentes del mundo en este sentido. De esta forma, se armoniza el respeto al entorno urbano y calidad de vida de los vecinos, con el indispensable despliegue de infraestructura para servicios de telecomunicaciones que demandan los usuarios y que necesita el país”.

Entre los aspectos más relevantes de la nueva ley están los incentivos y opciones que entrega a las empresas para usar soportes de menor altura, menos invasivos, con diseños acordes al paisaje urbano o para usar infraestructura de terceros ya existentes en las ciudades, evitando los bosques de antenas.

En esta línea, el subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton, resaltó que la nueva ley apunta hacia un nuevo modelo en las telecomunicaciones, el de la compartición de infraestructura, que responde a una lógica de racionalidad económica. “Con la evolución tecnológica que ya existe y se está usando en los países avanzados de la OCDE, Chile puede tener los niveles de cobertura y calidad de servicio que necesita el país para su desarrollo, compartiendo la infraestructura, gastando menos recursos en fierro y cemento, bajando los costos e invirtiendo más en conectividad avanzada de forma más distribuida en las ciudades, que es lo que se necesita hoy para responder a los usuarios. Las torres grandes son del pasado. Esta tendencia se está expandiendo entre los principales operadores mundiales y en Chile anticipamos este cambio tecnológico en la nueva Ley”, afirmó.

En este nuevo escenario, la autorización para iniciar las obras de instalación de una torre soporte de antenas -de más de tres metros de altura- en un sector urbano de la comuna, es responsabilidad de la municipalidad respectiva a través de su Dirección de Obras Municipales, la cual estará encargada de recibir las obras finalizadas y verificar que las estructuras físicas cumplen con el proyecto autorizado y las normas establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Adicionalmente, la Ley entrega plazos a las empresas para ajustar sus antiguas torres ubicadas en territorios saturados y zonas sensibles a la nueva normativa, proceso que debe ser informado a cada Municipio y será fiscalizado por las Direcciones de Obras de cada comuna.

En su último trámite legislativo, el Senado ratificó por 33 votos a favor y cero en contra la nueva normativa que tendrá efectos retroactivos en varias de sus disposiciones.

Introduce por primera vez el principio precautorio en salud conforme a parámetros internacionales y corrige el impacto urbano de la instalación de torres, eliminando los bosques de antenas.

En materia de salud, establece que la norma de control de emisiones se dictará bajo la ley de medio ambiente y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), fijando un nivel muy exigente que debe ser igual o más riguroso que el promedio de los cinco países de la OCDE con los estándares más severos en la materia.

Asimismo, fija condiciones más estrictas de distanciamiento para el emplazamiento de torres cerca de áreas sensibles como hospitales, escuelas, asilos de ancianos y jardines infantiles.

La iniciativa legal favorece también la compartición de infraestructura o colocalización, la mimetización de los soportes, la instalación de antenas de menor tamaño, medidas de mitigación urbana y compensaciones para resguardar la plusvalía de los barrios con retasación de contribuciones.

En lo formal, la construcción de torres soportes de tres metros o más deberán tener un permiso previo de las direcciones de obras municipales y deberán ser informadas a los vecinos con 30 días de anticipación por carta certificada ante notario con planos de la obra para que los vecinos puedan opinar y participar en el proceso.

El ministro Errázuriz resaltó que “éste es un triunfo para miles de vecinos en todo el país que han luchado por sus derechos. Siempre hemos defendido como Gobierno que era posible un equilibrio entre las telecomunicaciones, que son vitales para comunicar a los chilenos, con la protección de la salud y el respeto al entorno urbano. Eso se ha logrado en este proyecto de ley”.

Además, el parlamentario dijo que en cuanto entre en vigencia la nueva legislación “cada proyecto de instalación tendrá que ser respaldado por estudios de ingeniería”. También la iniciativa apunta a aumentar la participación ciudadana, para que puedan opinar los vecinos del lugar donde se construirá uno de estos elementos.

Otro de los puntos de la nueva ley pretende evitar la contaminación urbanística, como cuando estas antenas son “mimetizadas”.

Sin embargo, para la gente que sí esté de acuerdo con la instalación de estos elementos, también podrán pedir compensaciones, como obras “de beneficio”, así como iluminación, parques, juegos o espacios públicos.