Sin embargo, en absoluto sigilo, el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Raúl Guzmán, decidió intentar una última acción que busca rebajar a sólo $21 millones el monto a repartir entre las defensas.

Una maniobra arriesgada, que apostaba a que se resolviera por la sala de verano que operó en febrero, durante el feriado judicial con una integración distinta a la que desestimó todos los recursos anteriores. Sin embargo,  el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, nunca le dio la preferencia solicitada por el fiscal Guzmán, dejando inalterable el orden normal establecido de dicha sala, que da prioridad aquellos recursos donde se deben resolver materias relativas a la libertad de las personas o garantías constitucionales.

El nuevo recurso de queja (ROL Nº 8562-2012) había sido presentado el 4 de febrero, después que se rechazara una queja del Ministerio Público en contra de los jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago que, a su vez, días antes habían declarado inadmisible una apelación a lo resuelto por los jueces orales que fijaron los $520 millones por las costas del juicio.

Guzmán alegó personalmente en el escrito que la Corte de Apelaciones “ha omitido pronunciamiento respecto a (…)corregir de oficio las faltas o abusos denunciados a lo que está llamado este excelentísimo tribunal”, o sea la Corte Suprema, y alegando que tenían la “inexcusabilidad” de hacerlo.

Asimismo, el fiscal solicitó rebajar de $520 millones a $21.911.526, lo que implicaba poco más de $3 millones para cada defensa. El fiscal regional que reemplazó a Peña, calificó como “desproporcionado e infundado el monto “estableciendo en definitiva una indemnización, concepto que escapa completamente de lo que comprende las cosas de un proceso, desnaturalizándose este mecanismo de cosas”.

El jueves último, la Sala Penal de la Corte Suprema, integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y el abogado integrante Jorge Baraona, en una sola página rechazó los planteamientos con un simple y escueto “no ha lugar”.

De esta forma, desde que fueron absueltos los jóvenes y se determinó el monto de las costas, la Corte de apelaciones de Santiago y la Corte Suprema respaldaron todos los planteamientos realizados por el Tercer Tribunal Oral de Santiago integrado por los jueces Marcela Sandoval, Blanca Rojas y Carlos Carrillo.

El ministerio público deberá pagar poco más de $86.6 millones a cada defensa de los seis absueltos del caso.

Historia del fracaso

El Tercer Tribunal Oral en lo penal de Santiago, tras más de seis meses de juicio, el más largo de la historia de la Reforma Procesal Penal, absolvió de todos los cargos a los seis jóvenes acusados inicialmente por el ex fiscal Alejandro Peña y respaldado por el ex ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, en julio de 2012.

Francisco Solar Domínguez, Gustavo Fuentes Aliaga, Felipe Guerra Guajardo y Mónica Caballero Sepúlveda, eran inocentes de los delitos de colocación de artefactos explosivos e incendiarios. Asimismo, Omar Hermosilla Marín y Carlos Riveros Luttge, también fueron absueltos de fabricar e instalar “bombas” en diversos puntos de Santiago, delitos de carácter terroristas.

Tras derrumbarse toda la tesis de Peña, respaldada públicamente por Hinzpeter, todos los recursos presentados por el Ministerio Público, el ministerio del Interior y el Consejo de Defensa del Estado, fueron rechazados uno por uno. Primero un recurso de nulidad y luego las apelaciones y quejas.

Mauricio Daza: “una tinterillada del Ministerio Público

“Se trata de una mera tinterillada absolutamente extemporánea, impertinente y infundada” sostiene el abogado Mauricio Daza sobre  el intento del Ministerio Público para revertir el pago de las millonarias costas a que fueron condenados tras perder el “caso bombas”.

Para el profesional, que defendió a Francisco Soler, fue un intento que “pretendía aprovechar, la sala de verano, con una integración distinta poder obtener un resultado para ellos”.

Respecto a la justificación del monto de las costas, El abogado explicó que el tribunal oral tuvo en consideración los gastos en que debieron incurrir las defensas para enfrentar el juicio.

“Hubo seis personas imputadas. Cada defensa tenía equipos de abogados que se turnaban dada la extensión del juicio. En nuestro caso, éramos cuatro los abogados que rotábamos, que preparábamos interrogatorios con días de anticipación, que no pudimos tomar otros casos y todo esto sumado a la prueba técnica”, sostuvo.

Agrega que hubo que pagar peritajes científicos en diversas materias como químicos, médicos incluso de ADN para descartar la presencia de los imputados en determinados lugares.

Daza recalcó que “el juicio por el caso bombas no lo ganamos porque el Ministerio Púbico no haya podido probar su tesis. Lo ganamos porque aportamos pruebas científicas de alta complejidad que descartaron las acusaciones del Ministerio Público”.

El abogado adelanta que preparan demandas civiles en contra del fiscal nacional Sabas Chahuán, el ex fiscal Alejandro Peña y el ex ministro del interior Rodrigo Hinzpeter “por ser ellos los grandes responsables de este verdadero desastre judicial“. “Son ellos los que debieran pagar de su propio bolsillo los gatos en que incurrió el Estado y las defensas en esta verdadera operación política de la cual lo que hicieron fue profitar”, agrega.

Sobre la ex Presidenta Michelle Bachelet y sus posibilidades como eventual abanderada de la oposición dijo que ”hay una presidenta que objetivamente no hizo un buen gobierno (…) Hay una campaña donde quieren que esté prohibido recordar todo lo que se hizo mal, porque cada vez que uno lo dice, dicen que uno la está atacando a ella”.

Hinzpeter también se refirió a su actuación en el polémico Caso Bombas y recalcó “no me cabía otra conducta que la que tuve como ministro del Interior. Creo que comunicacionalmente, con la intención en algunos casos, y con, quizás, desidia en otros, se instaló una idea de que yo estaba prácticamente coludido, como si el sistema permitiera una cosa así, con un fiscal, para que en forma totalmente injusta, los Tribunales de Justicia despacharan órdenes de detención en contra de personas. Se dijo que aquí había un montaje (…) Eso es una soberana torpeza y tontera pensarlo así“.

Se trata de más de 21 mil e-mails, de los cuales 13 están calificados de “muy sensibles” y 140 como “sensibles”. En su gran mayoría, contienen reenvíos de notas de prensa y cables de agencias; algunos añaden breves comentarios antes de las noticias, publica Qué Pasa.

Pero eso no es todo.  También se incluyen documentos que analizan aspectos específicos de las políticas chilenas. Uno de ellos es del 13 de julio de 2011, y revela que un agente de la firma preguntó a una autoridad nacional si el gobierno tenía intenciones de privatizar Codelco.

El análisis era que sólo se buscaba una reestructuración interna y que el agente no pensaba que fuera posible por los “bajos niveles de aprobación” de Sebastián Piñera. Además, otros temas analizados son el 27-F, las protestas estudiantiles y el “Caso Bombas”.

Los citados fiscales -Marcos Emilfork, Pablo Sabaj, Francisco Rojas y Víctor Núñez- representados por los abogados José Luis Pérez y Rocío Berríos, se mostraron en contra de dar a conocer  la indagatoria administrativa, consigna La Tercera.

La razón para no querer divulgar el sumario es “el temor que sienten sus representados a ser objeto de ataques violentos por su participación en el caso bombas y que hay una amenaza cierta de que ello ocurra”.

Alegaron también que los fiscales Rojas y Núñez ya habían sido víctimas de una situación inusual luego de ser inscritos vía internet como empleadores y generar deudas previsionales por servicios inexistentes, a raíz de lo cual fueron incorporados a Dicom. Este hecho aún está siendo aclarado.

“Ciertos datos sensibles que pudieron salir en esa investigación pueden ser usados de mala manera“, insistió al respecto el abogado José Luis Pérez.

Al respecto, el diputado Gutiérrez afirmó ayer que “es una argumentación sin fundamentos, ya que ese temor que ellos aducen carece de hechos fácticos. No hay nada que acredite lo que ellos están diciendo”.

“Si tienen temor a la verdad y tienen temor a que la ciudadanía conozca estos antecedentes, entonces ese temor estaba justificado”, agregó el parlamentario.

Según informa Cooperativa, la decisión se tomó luego de rechazar cinco recursos de queja que habían presentado la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio del Interior y dos querellantes particulares en contra de la decisión de la Corte de Apelaciones de no revisar una petición de estudio de los costos del proceso.

El informe determinó que el caso había producido un gasto por 470 millones de pesos, los que deberán ser pagados a los abogados e imputados.

La investigación que desarrolló el ex fiscal Alejandro Peña fue anulada el 16 de julio del 2012 por parte del tribunal, decisión que respaldó la Corte Suprema el 10 de octubre del mismo año, luego de rechazar el recurso presentado por el Ministerio Público y el Ministerio del Interior.

En junio pasado, el subsecretario Ubilla argumentó la imposibilidad de entregar la información solicitada basándose en un artículo de la Constitución Política: “La CP y la Ley 20.285 reconocieron los derechos de las personas  a la seguridad de la Nación, al interés nacional y al debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estad, como límites a la Transparencia”.

Esa respuesta impulsó a los abogados Valentina Horvath y Mauricio Daza a recurrir al organismo que encabeza Alejandro Ferreiro y solicitar la exigencia de revisar estos emails.

En su resolución el Consejo señala que acogió parcialmente la petición de los abogados, resaltando que Interior deberá entregar copia de los “correos electrónicos enviados y/o recibidos en la casilla institucional del ministro , entre el 11 de marzo de 2010 y el 11 de abril de 2011, cuyo destinatario o remitente sea el ministerio, vinculado con al incorporación del sr. Alejandro Peña como dependiente o prestador de servicios a cualquier título del ministerio”.

Ademés exige que Interior entregue “los oficios y/o cualquier documento escrito que el subsecretario, en sus calidad de tal, hasta redactado y/o suscrito y que digan relación con la contratación del señor Alejandro Peña Ceballos como dependiente o prestador dde servicios a cualquier título del Ministerio del Interior y Seguridad Pública o alguna otra repartición pública”, consignó La Segunda.

El viernes pasado, la Corte de Apelaciones le revocó el arresto domiciliario que le fijó el 13° Tribunal de Garantía y que le había permitido salir de prisión preventiva después de más de un año de reclusión. Desde ese día, no se ha visto a Niemeyer.

El problema, señalan fuentes cercanas al caso,  fue que el tribunal, a través de un oficio, le comunica a Carabineros lo que debe hacer una vez que el imputado queda con medidas cautelares y, en este caso, el 13 Juzgado de garantía envió un fax informando el procedimiento.

Sin embargo, según señala La Segunda, el número al cual se remitió el documento… ya no existe. Ahora las comunicaciones de la 16 Comisaría de Carabineros se hacen de manera electrónica. Por ello, la orden de vigilar a Niemeyer recién se habría recibido el lunes siguiente.

El abogado defensor, Rodrigo Román, justificó la fuga del sociólogo por fallas procesales.

Para el jurista desde  que Niemeyer permanece en la casa de su madre, en La Reina, “carabineros no ha concurrido en ninguna oportunidad, incumpliendo la medida que ordenaba su comparecencia tres veces al día”.

“Eso da cuenta de la falta de seriedad de la persecución del delito que se señala“, añadió Román según publica La Nación , aludiendo a que a juicio del Ministerio Público, el delito por el que formalizó a su defendido es de carácter terrorista.

La Fiscalía Sur, la PDI y Carabineros realizan en estos momentos intensas diligencias para capturar a Niemeyer

En este sentido la Novena Sala del tribunal de alzada ordenó al Fisco y a los restantes acusadores cancelar cerca de un millón de dólares que serán destinados a los seis imputados en la causa que fueron absueltos.

La Corte, en fallo dividido, decretó que tanto Gustavo Fuentes como Francisco Solar recibirán $100 millones cada uno, mientras que Felipe Guerra, Omar Hermosilla, Carlos Rivero y Mónica Caballero serán beneficiados con 80 millones, detalla Emol.

Cabe recordar que la Corte Suprema ratificó en forma unánime la absolución de los seis  imputados llevados a juicio por colocación de artefactos explosivos y financiamiento al terrorismo.

Según detalla La Tercera, estos son el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, el Consejo de Defensa del Estado, Hoteles de Chile y la Parroquia Inmaculada Concepción de Vitacura.

De tal forma, se determinó que el costo total en que incurrieron las defensas de los acusados fue de 520 millones de pesos.

Así lo determinaron los magistrados Marcela Sandoval, Carlos Carrillo y Blanca Rojas.

La suma se divide en: $100 millones para los abogados de Francisco Solar y la misma cifra para la Defensoría Penal Pública, quien representó a Gustavo Fuentes Aliaga.

De igual forma, se señala que los abogados de Mónica Caballero, Felipe Guerra, Omar Hermosilla y Felipe Riveros recibirán $80 millones.

Cabe recordar que la Corte Suprema ratificó en forma unánime la absolución de los seis  imputados llevados a juicio por colocación de artefactos explosivos y financiamiento al terrorismo.

“Uno ve que algunos jueces de garantía no están aplicando la ley con el espíritu con el cual fue aprobada, y a veces están más preocupados de los derechos de los delincuentes que de los derechos de las víctimas y de la inmensa mayoría de los chilenos”, sostuvo el Mandatario.

Según informa La Tercera, Piñera se refirió al reciente fallo que rechazó la nulidad presentada por el ministerio del Interior y la Fiscalía en el proceso por la colocación de artefactos explosivos y financiamiento de actividades terroristas.

“Se colocaron durante años, décadas, cientos de bombas que han causado un tremendo daño, dolor, y lo cierto es que el sistema no ha sido capaz de llevar a los responsables ante la justicia y condenarlos. Algo está funcionando mal“, comentó.

El Presidente aseguró que lo ocurrido en este caso fue “otro impulso”  para llevar adelante la publicitada “reforma a la reforma” procesal.  ”Muchas de las pruebas que ahí existían fueron declaradas impertinentes -es decir, no relevantes- por un juez de garantía (Luis Avilés, quien eliminó más de 4.000 evidencias). Yo me pregunto: ¿Puede la sociedad quedar solamente con esa decisión que imposibilitó haber avanzado más en un caso tan grave?”, manifestó.

Las palabras del Mandatario fueron conocidas por el Poder Judicial. El vocero de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, afirmó que serán analizadas en el pleno a realizarse hoy.