“Lo que yo le puedo decir es que el juicio al padre Fernando Karadima ha sido posible en la Congregación Para la Doctrina de la Fe gracias a que se han entregado los documentos”, aseguró el arzobispo y señaló que no ha leído lo publicado por el periódico.

“Tengo la experiencia de haber publicado falsedades acerca de mí, lo que era increíble. Uno esperaría por lo menos que pregunten si es que eso es cierto o no es cierto, eso pertenece a toda ética periodística pero no lo hacen”, afirmó Ezzati a Cooperativa; mientras que Errázuriz señaló que “es sabido que este órgano no tiene mucho cariño por la Iglesia”.

Errázuriz afirmó, sobre un posible encuentro, que “yo lo ofrecí (una reunión). En concreto, le mandé decir a una persona de toda la confianza de uno de ellos. La persona dudó, no le parecía. ¿Qué le va a hacer uno?”, según menciona Cooperativa.

Tras estas declaraciones, Cruz utilizó su cuenta de Twitter para contrariar al ex arzobispo de Santiago.

Card Errazuriz dice q trató de juntarse con nos @cooperativa .X años tratamos de llegar a él y nada. Mentiroso.ahora quiere a lavar imagen

— Juan Carlos Cruz Ch. (@jccruzchellew) 15 de febrero de 2013

Card Errázuriz x años se negó a juntarse con nos.Su cobardía +manejo del Bosque no se lo permitió.Hoy quiere lavar su imagen? No. Muy tarde.

— Juan Carlos Cruz Ch. (@jccruzchellew) 15 de febrero de 2013

Increíble lo q hacen Cardenales como Errázuriz para lavar su imagen antes del Consistorio. Creerá q somos tontos? No.

— Juan Carlos Cruz Ch. (@jccruzchellew) 15 de febrero de 2013

Jenny Book, magistrada del Séptimo Juzgado Civil de Santiago, se declaró incompetente para instruir la acción civil, ya que, según explica,  el Código Orgánico de Tribunales impone cuando el libelo es en contra del Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezatti, representante legal de la Iglesia Católica capitalina.

De acuerdo con lo publicado en publimetro.cl,  la jueza Book señala en su resolución  que “se trata de una causa civil en que es parte o tiene interés un Arzobispo, de manera que su conocimiento en primera instancia corresponde a un Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, según el turno fijado por ella, y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículos 108 y 182 del Código de Tribunales, se declara que este Tribunal es incompetente para conocer tanto de la medida prejudicial intentada en lo principal, como de la acción indemnizatoria que se pretende deducir” dice el texto legal.

Con esto ahora la causa será enviada a la presidencia de la Corte Apelaciones de Santiago para que se designe a uno de sus integrantes que deberá cursar el proceso como tribunal de primera instancia.

A ese respecto, en noviembre del año pasado, la Iglesia Católica dio a conocer un listado oficial de “personas con impedimento para el ejercicio del ministerio por delitos graves contra menores de edad“, que publicó el diario La Segunda.

La nómina obedece a las medidas anunciadas en abril del 2011 por la Conferencia Episcopal tras el caso Karadima, tales como la creación del “Consejo nacional para la prevención de abusos contra menores de edad y acompañamiento a las víctimas” y la elaboración de un “listado único nacional de sacerdotes y/o ex seminaristas que tienen impedimentos para ejercer el ministerio o para ingresar al seminario“.

Incluídos en la lista se encuentran 17 sacerdotes y un diácono, quienes recibieron una sanción de los tribunales del crimen o bien una sentencia canónica, aunque la justicia no los haya declarado culpables.

Clérigos condenados en la justicia penal chilena:

1. José Andrés Aguirre Ovarre, diocesano de Santiago.
2. Víctor Carrera Triviño, diocesano de Punta Arenas.
3. Jorge Galaz Espinoza, de la Obra Don Orione.
4. Juan Henríquez Zapata, diocesano de Valparaíso.
5. Jaime Low Cabeza, diocesano de Punta Arenas.
6. Marcelo Morales Márquez, de la congregación salesiana (condenado por producción y almacenamiento de pornografía).
7. Ricardo Muñoz Quinteros, diocesano de Melipilla.
8. José Miguel Narváez Valenzuela, diácono de Ancud.
9. Eduardo Olivares Martínez, diocesano de Valparaíso.
10. Juan Carlos Orellana Acuña, diocesano de San Felipe.

Clérigos que han recibido sentencia canónica:

1. Gerardo Araujo Sarabia, franciscano peruano.
2. Jorge Baeza Ramírez, diocesano de Chillán.
3. Nibaldo Escalante Trigo, diocesano de La Serena.
4. Fernando Karadima Fariña, diocesano de Santiago.
5. Juan Miguel Leturia Mermod, de la Compañía de Jesús.
6. René Benavides Rives, diocesano de San Felipe.
7. José Román Zúñiga, diocesano de la preladura de Illapel.
8. Francisco Valenzuela Sanhueza, diocesano de San Felipe.

En entrevista con La Tercera, el religioso hace un balance de su tiempo al frente de esta parroquia, admitiendo que no ha visitado a Karadima en su encierro, “porque sería alimentar la morbosidad”, deslizando críticas al rol de los medios de comunicación en este caso.

Frente a la situación en que recibió a la comunidad, Yrarrázaval indicó que ”objetivamente, estaban muy apaleados por el escándalo, que eso es una cosa de toda la iglesia y también por el maltrato de los mismos medios, porque hay que diferenciar los pecados de una persona respecto de la parroquia en general”.

Respecto a la situación financiera de la parroquia, que fue intervenida tras conocerse que Karadima había pagado a diversas personas para que guardaran silencio respecto a lo que ocurría, el padre Yrarrázabal señala que  ”no tengo conciencia ni ciencia de los pagos a feligreses, lo que recibí lo recibí bien, me entregaron carpetas ordenadas”, acotó.

El sacerdote manifestó que no ha visitado a Fernando Karadima en el Convento Siervas de Jesús de la Caridad, de Providencia, donde se encuentra. “No lo he visto. No he podido hacerlo. Nunca desistí de la idea, no tengo canónicamente un impedimento de ir a verlo, pero uno tiene que ser prudente y ver bien cuál es el momento, no creo que me cierre a la obra de caridad de visitar a un hermano cura que está pasando por una situación delicada”.

“Ahora, quizás una de las cosas más prudentes es esperar que ustedes dejen tranquilo al pobre personaje, porque hay que ser sinceros, ir a verlo es volver a abrir la herida, que yo vaya es darle comida a ustedes, y es darle comida de mala forma, porque como esto se está alimentando de un modo morboso“, puntualiza Yrarrázaval.

“Son ustedes los que no me han dejado ir a verlo con cariño sacerdotal de caridad, no estoy dispuesto a alimentar la morbosidad, no hay nada malo en ir a ver un cura que está en la cárcel, o que está en un hogar de ancianos, y en la situación que está, es una obra de caridad“, añadió.

Sobre la sentencia del Vaticano, el prelado sostuvo que “La Santa Sede tomó una decisión a partir de los datos  que le fueron recabados y enviados, y determinó la sentencia con plena atención a los hechos y tiene el derecho, yo me atengo a lo que la Santa Sede ha dictaminado, no lo ha hecho superficialmente, sino que después de una investigación exhaustiva, no cabría de alguna manera dudar de su actuar”,  sentencia.

Respecto a las víctimas, el actual párroco de El Bosque reconoce que “no he visto a ninguna de las tres víctimas, antes sí con uno en el Rosario me lo topé. No me toca tampoco, si los pobres también quieren privacidad, ellos quieren sanar su herida y entiendo que los pobres han sufrido mucho, si en algo los puedo ayudar lo haré con gusto, pero creo que una de las ayudas más concretas es cerrar la herida y mirar para adelante“, finalizó.

Hace poco presentó su libro Confianza Lúcida, donde de alguna manera plantea la justificación filosófica y los lineamientos que sustentan su opción. Ahí define a la “confianza lúcida” como una alternativa al sin sentido de la desconfianza generalizada que surge frente a los abusos masivos de las instituciones, en contraposición a la “confianza ciega”, ese espacio propicio para los abusos.

Su Fundación Para la Confianza, que desde fines de 2010 busca promover el buen trato infantil través de relaciones sanas y protectoras, y proporcionar espacios de prevención de abusos a la intimidad, especialmente sexuales, responde también a ese ánimo de fortalecer la confianza lúcida y el empoderamiento del yo.

Desde esa tribuna no sólo ha creado una red de apoyo y protección de las personas que podrían ser víctimas de esas situaciones, sino que también ha participado activamente en las discusiones y debates en torno a la necesidad urgente de que Chile salde una deuda histórica: la creación de una ley integral de protección de la infancia.

Esa iniciativa estuvo a punto de cuajar a fines de enero de este año, pero hoy enfrenta un importante traspié en el seno del gobierno, para desconcierto de todas las instituciones no gubernamentales que habían logrado un consenso con el Ministerio de Desarrollo Social, cartera que ha liderado la discusión del proyecto.

“En Chile, país que ratificó hace más de 21 años la Convención por los Derechos del Niño, aún no hay una ley que haga garantizable los derechos del niño de manera efectiva, pese a que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas le ha llamado la atención varias veces por ello”, dice Murillo, quien planea próximamente viajar a Ginebra para entrevistarse con el presidente de ese comité internacional.

¿Cómo ves el hecho de que el proyecto consensuado que había hace algunos meses ahora sea una iniciativa totalmente distinta, desprovista de varios puntos irrenunciables para las instituciones que participaron en su discusión?

Participé en varias reuniones y estuve presente en el momento en que el gobierno, la sociedad civil y la UNICEF dieron por cerrado el acuerdo para promulgar esta ley. Después de eso, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) tenía que darle una última revisión, pero hubo algunas interpretaciones con las que no todos estamos de acuerdo. Se pierde el sentido de la protección integral, porque ya no está el foco puesto en el niño como sujeto de derechos, sino en el niño como simple objeto de protección, de vulneración.

Además, no está explícita la protección y el compromiso de parte de todos los organismos unificados para proteger el ejercicio de los derechos del niño, que no tienen que ver con un momento ideológico, ni con un gobierno u otro. Aquí hay una melodía de fondo, que es la Convención de los Derechos del Niño, y que no es algo arbitrario ni caprichoso de un gobierno en particular. Por eso estamos preocupados.

¿Piensas que sigue siendo viable llegar a una ley consensuada y de buena calidad?

Yo soy un optimista. Creo que cuando uno establece una ruta a seguir, a veces hay pasos correctos y otras veces pasos en falso. Y estos últimos son simplemente una manera de ir corrigiendo el camino. Yo no creo que estemos en un momento cero. Estamos en un momento de negociación en el que evidentemente hay visiones distintas acerca de qué es la infancia. En mi opinión, éste es un momento filosófico importante en el que tenemos que ver cuáles son las visiones que hay detrás. El camino no ha sido fácil, sin embargo, tiene que haber una energía complementaria urgente para que salga un proyecto realmente enfocado en los derechos del niño y no sólo en los intereses de los adultos, dos cosas que muchas veces se confunden.

Los niños son seres humanos que necesitan de nuestro compromiso radical, absoluto e incondicionado para ejercer activamente su infancia y para que podamos proporcionarles un mundo más confiable. Un mundo confiable para un niño es un mundo confiable para un adulto también. Pero un mundo confiable para un adulto, no siempre es un mundo confiable para un niño.

¿Qué contenidos del proyecto consideras irrenunciables?

La necesidad de crear un defensor autónomo de los derechos de los niños, y con poder real, me parece que es irrenunciable. También la voluntad irrestricta por parte de todos los órganos del Estado y de todos los miembros de la sociedad, incluyendo a la familia, de prohibir explícitamente cualquier tipo de maltrato a los niños.

Otra idea del proyecto consensuado era eliminar la visión, para muchos sesgada, según la cual niño maltratado equivale a niño pobre.

Los niños maltratados no son sólo los niños del Sename ni los que están en situación de calle o de vulneración. Todos los niños, sin excepción, deberían contar con un espacio real garantizable para el ejercicio de sus derechos. Esa es una idea de fondo que todos debemos defender, no sólo la sociedad civil y la Unicef, sino también el gobierno. Y está en nosotros la capacidad de dar a conocer y explicar la urgencia y el fundamento real de este punto de vista, que tampoco es un capricho ni una ideología. Siempre está detrás, como insisto majaderamente, la melodía de fondo, que es la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por el Estado de Chile, razón por la cual tiene rango constitucional.

La infancia es un momento de fragilidad donde hay una urgencia de protección, donde hay una urgencia de unificación de políticas públicas que puedan garantizar que los niños vayan adquiriendo progresivamente los derechos ciudadanos que todos tenemos. Nosotros estamos del lado de los más frágiles, de los que han sufrido vulneraciones. Y en Chile los niños son constantemente vulnerados por el sólo hecho de no tener una ley integral de protección de sus derechos.

En lo cotidiano, ¿cómo se experimenta esa vulneración?

Partamos primero del hecho de que el 40% de los hogares del Sename ha cerrado en los últimos dos años por problemas de abuso sexual, maltrato, o problemas económicos. Además, hay una lista de 7 mil niños esperando para poder entrar al sistema. Por otra parte, cuando un niño, del sector que sea, levanta la voz para pedir ayuda, no tiene necesariamente una caja de resonancia donde puedan ser acogidas sus demandas, sus derechos. No hay a quién acudir. Podemos enumerar cientos de vulneraciones constantes y permanentes a los derechos de los niños, simplemente porque no hay una política integrada de protección a sus derechos. Y eso no sólo ocurre con los niños de la calle.

¿Cómo engancha esta política integrada con el espacio íntimo de la familia, donde está la primera oportunidad para romper el silencio ante un maltrato?

El 80% de los casos de abuso sexual infantil se da en ambientes de confianza, o de la familia, o de personas cercanas a la familia. Además, un 75% de los niños en Chile son maltratados por su familia, en algún ámbito -ya sea emocional, sexual o físico-, en el círculo íntimo. Hoy ya no existe impunidad o espacios libres donde las familias puedan hacer cualquier cosa, sino que el Estado tiene el deber de monitorear y garantizar que los derechos de los niños no sean vulnerados dentro de la familia, y si llegan a serlo, el Estado y la sociedad entera tienen el deber absoluto e irrestricto de transformarse en caja de resonancia de esa voces débiles.

¿Cómo debiera estar capacitada la familia o el círculo íntimo del niño?

Con una política de formación y de transformación, que es lo que algunas fundaciones como nosotros estamos intentando hacer: crear redes de padres, de profesionales comprometidos con el tema, para que podamos transformarnos en caja de resonancia. En realidad ese rol debería cumplirlo también el Defensor Nacional del Niño, que tiene que tener capacidades concretas, autónomas y efectivas de hacer cumplir los derechos. Esa debería ser la política más importante.

Ante caso de abuso uno puede levantar la bandera de la confianza, de la paranoia o de la venganza, o puede querer construir un mundo más confiable, más humano, protector y amigable para todos y los más vulnerables, que son los niños. Yo no quiero quedarme en la lógica de la venganza, de la paranoia y de la desconfianza con las familias y las instituciones, sino que quiero transformar la indignación, (porque realmente da indignación que las instituciones que deben estar al servicio de los más frágiles aprovechen esa confianza para abusar), para que haya instituciones confiables.

¿Crees que la reflexión y el debate en torno al caso Karadima le ha dado un plus a esta discusión?

Puede ser. Hay una suma de factores que han influido en que el tema de infancia se haga urgente. Puede ser que el caso Karadina sea uno de ellos. Y no sólo el caso en sí, sino la manera en que nosotros (los denunciantes) lo hemos llevado. Hemos transformado este dolor, este trauma, en una energía creativa, creadora y transformadora. Y cuando un país, una sociedad, es capaz de transformar los traumas, los dolores y las transgresiones, no en simples paranoias, rabias o deseos de venganza, sino en políticas públicas de protección, en transformaciones sociales profundas, estamos avanzando como sociedad.

¿En qué estado está la idea de ampliar la imprescribtibilidad de los delitos sexuales a menores?

Está presentado el proyecto de ley que busca la imprescrictibilidad o la ampliación en los plazos para las acciones penales en caso de abuso sexual infantil, pero no se le ha dado todavía urgencia. Y necesitamos ampliar esos plazos, porque hay lo que algunos llaman una especie de secuestro de conciencia antes de que un niño pueda darse cuenta de un abuso sexual por parte, sobre todo, de una figura de confianza, como sería un miembro de su familia, un amigo o líder espiritual, un religioso o sacerdote.

En esos casos, la víctima se demora mucho tiempo en asumir y ver con claridad que aquello que vivió fue realmente una vulneración, un abuso. Y el Estado tiene que estar en condiciones de escuchar y hacer justicia, aunque haya pasado mucho tiempo. Cuando una persona se da cuenta de lo que vivió, generalmente no tiene ninguna acción posible para poder perseguir a quien vulneró sus derechos y probablemente sigue vulnerando los de otros.

¿Qué opinas del regreso a Chile de sor Paula?

Yo estoy del lado de las víctimas y hablo desde el lado de las víctimas. Me gustaría que la Iglesia pensara más en las razones humanitarias de la víctima y no sólo las razones humanitarias de la victimaria. Este caso hay que investigarlo. Hay razones suficientes para creer que sí hubo abuso sexual por parte de una persona que tenía más jerarquía que otras, o que tenía a cargo a otras personas. Eso es inaceptable. Y también lo es que la Iglesia mantenga silencio, sobre todo por el derecho que tienen las víctimas de poder ver reivindicada su propia verdad y su biografía.

Cruz relata en la publicación que antes mantenía una relación de cercanía con el sacerdote. Sin embargo, esta recientemente se quebró en malos términos.

El periodista afirma que el motivo del alejamiento fueron las críticas a la jerarquía de la Iglesia tras el caso KAradima.  ”Le dije que no se hacían cambios radicales (en la Iglesia) y que el actuar de Ezzati era trágico. Entonces él se enfureció conmigo y me contestó con otro e-mail que me dejó tremendamente impactado. Me dijo que el encubridor había sido básicamente yo desde los ’80, porque no había hablado antes de los abusos sexuales que supuestamente Karadima me había hecho. Yo le había pedido que no hiciera nada en 2006 ó 2007, es verdad, porque me sentía tremendamente asustado y solo”, declaró.

Frente a los reclamos de Cruz -según la versión de éste- vino la arremetida de Contreras. “Me dijo que qué me creía interpelándolo y me amenazó con ir a los medios de comunicación a mostrar los correos que había entre él y yo, y que daría a conocer esto porque su imagen está sanita”, afirmó el profesional,

El petitorio realizado por el médico lo puedes encontrar acá.

Señor Presidente de Chile, : Urgencia a proyecto de ley por imprescriptibilidad del abuso de menores change.org/petitions/se%C… vía @change

— James Hamilton (@YverYactuar) mayo 18, 2012

La petición de Hamilton se relaciona con la decisión de la jueza Jéssica González, quien a finales del año pasado decidió sobreseer a Fernando Karadima por las denuncias de delitos sexuales, ya que si bien se acreditaron los delitos,  la causa fue prescrita por la demora que hubo entre los hechos y las investigaciones.

A través de su cuenta @YverYactuar, Hamilton ha llamado a firmar el petitorio que está dirigido al propio Presidente Sebastián Piñera.

Gracias a todos por el apoyo y buenas vibras para la iniciativa , que entusiasmo!

— James Hamilton (@YverYactuar) mayo 18, 2012

Una de las autoras del libro “Los secretos del imperio de Karadima”, dijo a radio Cooperativa que “es una muy buena decisión, pero incompleta, porque falta conocer el detalle del informe que hizo el obispo uruguayo (Carlos María Colazzi) que hizo la visita que pidió el Vaticano para intervención de la Unión, luego que se conocieran los abusos de Karadima y usando los bienes que le daba la Unión Sacerdotal”.

La directora de Ciper Chile añadió que “me parece que ese informe es clave, falta lo más importante de la medida, porque la cabeza de esa unión era el obispo auxiliar de Santiago, Andrés Arteaga, que ha tenido roles muy importantes”.

González manifestó además que “no se sabe como se le va a sancionar (a Andrés Arteaga) y digo sancionar porque los bienes de la Pía Unión Sacerdotal se utilizaron, no para servir a los pobres, no para ayudar a los desvalidos, sino que para las decisiones, los gustos, los lujos y los placeres de Karadima”.

La periodista precisó que al actuar con un mismo RUT, tanto la iglesia El Bosque como la Unión Sacerdotal de Karadima no pagaban impuestos por ninguna de las propiedades, ni por los movimientos de dinero que tenían en esa organización.

“Gracias a sacerdotes valientes q han firmado la carta para remover a Obispos encubridores d Karadima” (sic), escribió Cruz en su cuenta de Twitter , invitando además a continuar con las firmas de apoyo a la iniciativa que pretende ser enviada al Vaticano.

En la misma se advierte que  “los Obispos Chilenos Andrés Arteaga (Auxiliar de Santiago), Juan Barros (Castrense), Tomislav Koljatic (Linares) y Horacio Valenzuela (Talca) fueron hombres cercanos a Karadima. Lo blindaron y apoyaron siempre incluso sabiendo de los abusos que cometía. Testigos los veían”.

Entre los 1225 firmantes de la carta, hasta esta mañana, también se encuentran personas de distintos sectores como las conductoras Savka Pollak y María Gracia Subercaseaux, la cineasta Marcela Said, la abogada Carmen Hertz, o la directora de teatro Constanza Brieba.

Puedes ver la carta acá.