La cita tuvo por finalidad contribuir al debate sobre los procesos de reforma a la Constitución y al Código de Aguas, con miras al reconocimiento jurídico del agua como derecho humano y colectivo, consigna Chile Sustentable.

Ante un lleno total, los invitados expusieron respecto de la necesidad de modificar la actual legislación hídrica del país, luego de los últimos acontecimientos en materia de aguas en Chile, coronados por la reciente marcha ciudadana por el agua del 22 de abril.

La directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, subrayó en su intervención que existe un consenso generalizado respecto a las inequidades y abusos que existen en la distribución y acceso al agua en nuestro país.

En esta línea indicó que bajo el actual régimen jurídico, cuyos orígenes se remontan a 1981, el Estado ha otorgado derechos de propiedad sobre las aguas en forma gratuita y a perpetuidad, permitiendo el lucro y la especulación en un verdadero “mercado de las aguas”. Esta situación ha favorecido la concentración de las aguas en manos de grandes empresas productivas y extractivas, mientras hay familias y comunidades en serio peligro por contaminación, sequía y falta de acceso a este recurso vital, especialmente en el norte del país.

A su turno, la ex ministra de Medio Ambiente y representante del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Ana Lya Uriarte, sostuvo que el actual código de aguas ha privilegiado la dimensión económica del agua, dejando de lado sus dimensiones sociales y ambientales, “siendo esta última por lejos la más olvidada”, dijo.

Consuelo Labra, abogada del Observatorio Ciudadano, detalló que el acceso al agua es un derecho humano reconocido a nivel internacional y que es exigible al gobierno, porque el país ha suscrito las convenciones y acuerdos sobre esta materia ante Naciones Unidas.

El abogado Pablo Jaeger, ex jefe legal de la Dirección General de Aguas (DGA) criticó duramente al modelo, recordando al auditorio que el Código de Aguas vigente se aprobó en dictadura. Sin embargo, cuestionó la forma en que las organizaciones sociales están exigiendo la recuperación de las aguas, señalando que dado que el derecho de agua es un derecho de propiedad, el gobierno se vería obligado a indemnizar a los actuales dueños, en caso que un cambio en la legislación avalara el desconocimiento de su propiedad sobre el agua y autorizara su expropiación.

Los casos y sus rostros

El segundo panel recogió los testimonios de dos organizaciones ciudadanas que, con estrategias distintas y desde realidades diversas, luchan por defender su acceso al recurso hídrico.

Luis Soto, del Movimiento por la Defensa del Agua, Protección de la Tierra y Respeto al Medio Ambiente (MODATIMA) se refirió a la extracción ilegal de agua que realizan grandes agricultores en Petorca, en desmedro de pequeños campesinos y las familias.

Soto destacó que la denuncia de este hecho ha significado que el ministro de Bachelet y Frei, Edmundo Pérez Yoma, dueño de uno de estos predios y principal sospechoso de extracción ilegal, haya interpuesto una demanda en contra de Rodrigo Mundaca, dirigente de la organización, señalando que las acusaciones habrían afectado su honra.

En tanto Héctor Canales se refirió a la lucha de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo para evitar el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, en la cuenca hídrica que abastece el agua de la región.

Según denunció, el desarrollo de este proyecto pondría en riesgo no sólo la biodiversidad y calidad de vida de los habitantes del Maipo, sino también la seguridad en el abastecimiento de agua potable para Santiago.

“No voy a proponer ninguna modificación de la Constitución”, sostuvo la presidenta durante un acto multitudinario en el popular distrito de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, donde defendió la polémica reforma judicial que le ha provocado un enfrentamiento con la oposición y con organizaciones de jueces y abogados.

Fernández admitió que la reforma no es “el milagro o la panacea”, sino “simplemente un instrumento, seis instrumentos, seis leyes”, que el oficialismo está sacando adelante en el Congreso.

En este sentido, admitió que para que la reforma fuera completa habría sido necesario que la Constitución pudiera “ser modificada”, pero descartó proponerlo.

Las declaraciones de Fernández zanjan la polémica sobre las supuestas intenciones del oficialismo de proponer una reforma constitucional que abriría la puerta a una segunda reelección de la presidenta para un tercer mandato.

Cristina Fernández eligió el cierre del congreso sobre democratización de la Justicia organizado en la Universidad de La Matanza para realizar el anuncio, en un gesto que algunos medios locales interpretan como el pistoletazo de salida de la campaña oficialista para las elecciones legislativas del próximo octubre, en el ecuador de su mandato.

La reforma impulsada por el Gobierno amplía la composición del Consejo de la Magistratura y habilita la elección popular de sus miembros.

Además, la propuesta limita la posibilidad de presentar medidas cautelares contra el Estado y crea tres cámaras de casación, entre otras iniciativas.

El Gobierno argentino defiende que los cambios pretenden “democratizar el Poder Judicial”, pero la oposición y organismos internacionales, incluida una relatoría de la ONU, advierten que suponen “la politización” de la Justicia y ponen en riesgo su independencia.

La reforma coincide, además, con el aumento de los escándalos por corrupción que salpican al entorno presidencial y que han llegado a la Justicia, que investiga causas por asociación ilícita.

Entre los testigos de uno de los procesos abiertos figura la secretaria del fallecido expresidente Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, que declaró hoy ante un juez de Buenos Aires, a puerta cerrada, tras revelar en un programa de televisión que colaboradores del exmandatario trasladaban bolsas de dinero desde la Casa de Gobierno a la residencia familiar del matrimonio presidencial.

Sus revelaciones se suman a las denuncias periodísticas sobre la supuesta relación del empresario Lázaro Báez, estrechamente ligado a Kirchner, con presuntas actividades de lavado de dinero.

Báez acudió hoy a la fiscalía de Río Gallegos y se puso a disposición de la justicia para tratar de demostrar su inocencia.

Entretanto, el Gobierno, que se había mantenido en silencio hasta ahora, salió a descalificar las denuncias asegurando que son “chusmeríos” de “alcahuetes mediáticos”.

Mientras el Ejecutivo de Cristina Fernández carga contra la prensa, el jefe de Gobierno de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, firmó hoy un decreto de necesidad y urgencia “para la protección de la libertad de prensa y expresión” en la ciudad.

“El orden jurídico nos obliga a resguardar la libertad de prensa y expresión, no es una alternativa, es una obligación”, aseguró Macri en una improvisada rueda de prensa.

“En términos prácticos, el decreto afirma la autonomía de la ciudad y enmarca una protección para los periodistas en nuestro territorio”, concluyó.

La decisión de Macri coincide con un incremento de la tensión entre el Gobierno de Fernández y el Grupo Clarín, el principal multimedia del país, que ha denunciado un aumento de la presión oficial contra el holding con 14 peticiones de información de la Comisión del Mercado de Valores en los últimos cuatro días.

Así se determinó que Óscar Alejandro Castro González y Ricardo Ambrosio Aránguiz Gallardo están exentos de toda responsabilidad en la tragedia, cuyo veredicto ya había sido comunicado el 24 de abril pasado.

En el caso de Castro González, el Ministerio Público señaló que la decisión se adoptó al no lograr configurarse los requisitos para determinar que le cupo responsabilidad en los hechos.

“Respecto de Ricardo Ambrosio Aránguiz Gallardo, tampoco concurren los elementos del tipo referidos en el motivo precedente y, por ende, deberá también ser absuelto; teniendo para ello en consideración que si bien éste hizo entrega de un plano a la constructora Consanit limitada para ser utilizado en la licitación”, sostiene la resolución, según Bío Bío.

“Según su propio reconocimiento, se trataba de un plano tipo que se había usado en proyectos anteriores y en diversas ciudades del país; éste debía ser complementado o rectificado una vez que se contara con el estudio de mecánica de suelo”, agrega el documento.

El 31 de julio de 2012, la Corte de Apelaciones de Talca había ordenado la realización de un nuevo juicio oral en el caso por el derrumbe los edificios, pero sólo respecto de Óscar Castro González y Ricardo Aránguiz Gallardo, quienes habían sido condenados en el primer juicio -el 3 de mayo de 2012- a penas de 540 días de presidio.

En dicho fallo, se absolvió a los imputados Manuel Antonio Lazcano Maldonado, Hernán Lazcano Hurtado, Doris Illanes Romero, Mario Pérez Vilches, Luis Fuentealba Higuera y Gastón Esteban González Rojas.

En la madrugada del 27 de febrero de 2010, los blocks de departamentos 765 y 775, pertenecientes al conjunto habitacional Cerro O’Higgins de Constitución, colapsaron con el terremoto y quedaron prácticamente destruidos el primer piso de ambos inmuebles, consigna La Nación. 

El desplome del edificio provocó la muerte inmediata de los residentes del departamento 102 del block 765, Iván Marcelo Bravo Meza, su esposa María Fernandina Valdés Valdés, y sus hijas Valentina Ignacia y Aurora Belén Bravo Valdés; y de los habitantes del departamento 101 del block 775, Pedro Juan Araya Valdés, su cónyuge Gloria del Carmen Crespo Jaque y sus hijas Carol Ivonne y Martina Javiera Araya Crespo.

Los jueces Wilfredo Urrutia Gaete, Cecilia Díaz Arrué y Gretchen Demandes Wolf, determinaron por unanimidad en su fallo que en el caso de Óscar Castro, ingeniero que formó parte de la comisión técnica del Serviu que recibió conforme las obras, no se le puede imputar el cuasidelito de homicidio porque no hubo imprudencia temeraria, omisión al cumplimiento de los reglamentos ni negligencia. Además, añaden, ni siquiera presidía la comisión.

Por otra parte, el tribunal estimó , por mayoría, que Ricardo Aránguiz, ingeniero y autor de los planos de estructura de los edificios, no es responsable de los delitos imputados, porque “si bien éste hizo entrega de un plano a la constructora Consanit Ltda. para ser utilizado en la licitación en comento, éste debía ser complementado o rectificado una vez que se contara con el estudio de mecánica de suelo”. 

Es así como, por ende, “en concepto de estos jueces de mayoría, se trata de un plano preliminar o provisorio, sujeto a una modalidad aceptada en las normas por las que se rige la licitación. De otro lado, cabe considerar que el cumplimiento en la entrega de la mecánica de suelo, no le era exigible al señor Aránguiz, por cuanto ello era un deber de la empresa constructora”.

La magistrada Cecilia Díaz Arrué fue de la opinión de declarar culpable a Ricardo Aránguiz.

Finalmente, la audiencia de comunicación de sentencia –que será redactada por la jueza Gretchen Demandes Wolf- quedó fijada para el próximo 4 de mayo, a las 11 horas.

A continuación las imágenes de la vigilia al acto principal, que se realizó a la misma hora del sismo (3:34 horas), que incluyó una velatón.

Piñera inició este martes en Dichato, Región del Biobío, la gira que lo llevará a visitar los principales lugares afectados por la tragedia del 27F. En el lugar, el mandatario inauguró la Villa Horizonte, 210 casas construidas para darle un hogar a los damnificados de la comuna, y luego inauguró la Costanera de la ciudad, informó ADN.

Posteriormente se trasladó a la Región del Maule, donde pensaba inaugurar el memorial en la Isla Orrego. Pasadas las 21 horas, Piñera junto a la Primera Dama, Cecilia Morel, se embarcaron en una lancha para cruzar el río Maule y llegar a Isla Orrego, lugar en el cual participaría de una ceremonia en recuerdo de las 36 personas que murieron el 27 de febrero de 2010 tras el tsunami que afectó a ese lugar.

La lancha Emilito José, que lleva ese nombre en recuerdo de uno de los niños que murió en la tragedia, recibió al Mandatario, quien viajó en compañía de familiares de las víctimas y con quienes arribó hasta el memorial que les recuerda. Allí encendieron velas y realizaron un minuto de silencio, consigna Emol.

La nota inesperada de la jornada la puso Piñera pasada la medianoche -y al cierre de esta edición- cuando por radio ADN se señaló que finalmente el Presidente se habría restado de participar de la vigilia que se realizó en la costanera de Constitución.

Cabe recordar que la asistencia a este homenaje produjo un fuerte impasse entre los candidatos presidenciales de la derecha Andrés Allamand y Laurence Golborne. Ayer, en La Segunda, Golborne llamó a los aspirantes presidenciales a abstenerse de participar en los actos conmemorativos del 27F para “no aprovecharse” del dolor de las víctimas con fines políticos, y Allamand, quien viajaría con su mujer, Marcela Cubillos, a la vigilia en Constitución, explotó y calificó a los dichos de Golborne de “ofensivos e injustificados” y que “transgreden los códigos del respeto y de la buena fe que deben prevalecer entre candidatos de una misma coalición”.

Finalmente, Allamand declinó asistir al homenaje en Constitución.

Un ejemplo es el de quienes vivían en el edificio Alto Río de Concepción. El próximo 4 de marzo, las familias esperan que la Corte de Apelaciones penquista confirme la sentencia del 31 de octubre de 2012 que condenó al ingeniero calculista René Petinelli por cuasidelito de homicidio respecto a las ocho personas que murieron bajo los escombros del edificio la noche del sismo. Sentencia en contra de la cual la defensa de Petinelli interpuso un recurso de nulidad, que de ser acogido obligaría a repetir el juicio, consigna El Mercurio.

Otro de los casos donde se ha logrado una condena penal es el del edificio Cerro O’Higgins, de Constitución. En mayo del año pasado, el Tribunal Oral en lo Penal de Talca emitió un fallo condenatorio contra los ingenieros Óscar Castro y Ricardo Aránguiz, a raíz de la muerte de ocho personas luego del derrumbe de la construcción. Según el fallo, en 1997 los ingenieros validaron cálculos de ingeniería que no se adecuaban a la norma sísmica vigente.

En este caso, sin embargo, se produjo el escenario que temen en Concepción: la Corte de Apelaciones de Talca acogió el recurso de nulidad que presentó la defensa, lo que obliga a realizar un nuevo juicio a contar del 8 de abril.

Pero no todo han sido apelaciones. La constructora de los edificios Don Luis y Don Tristán, ubicados en Maipú y destruidos tras el 27-F, obtuvo la suspensión condicional del procedimiento,  tras llegar a un acuerdo con los residentes, que les significó a éstos una indemnización de $100 millones.

En una situación parecida, los residentes del edifico Sol Oriente de Macul también recibieron una indemnización después de llegar a un acuerdo previo.

Los juicios civiles

Fuera del ámbito penal, los perjudicados han tenido mejor suerte.  Hasta ahora, tres demandas por indemnización de perjuicios han sido acogidas favorablemente para las víctimas, en primera instancia. Uno de estos casos corresponde al edificio Alto Río; allí la inmobiliaria fue condenada a pagar $100 millones.

En otro caso, una familia de San Pedro de la Paz, Concepción, obtuvo una reparación de $10 millones por el desplome de su casa, la que se derrumbó en un condominio de 44 casas.

Sólo una demanda por perjuicios debidos al tsunami ha llegado hasta la Corte Suprema. Se trata del caso de Ariel Soto Fonseca, que pese a ser acogida en primera instancia, más tarde fue rechazada por el máximo tribunal. Soto Fonseca habría escuchado por la radio, la noche del sismo, que se descartaba el peligro de maremoto. A raíz de esto, bajó a Talcahuano a buscar a su familia, donde fue arrastrado por las aguas.

“En caso de que el presidente Chávez quede permanentemente inhabilitado para servir, nuestro entendimiento es que la Constitución venezolana requiere que haya una elección para buscar a un nuevo presidente”, indicó hoy la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, en su conferencia de prensa diaria.

Chávez, de 58 años y en el poder desde 1999, llegó el lunes desde La Habana de madrugada y por sorpresa a Caracas para continuar en el Hospital Militar de la ciudad el tratamiento contra el cáncer que le fue diagnosticado en junio de 2011 en Cuba.

“Hemos visto los informes sobre su regreso. Obviamente, corresponde a los venezolanos decidir cómo se va a producir la transición. Ha habido elecciones, pero no ha habido juramento del cargo”, recordó Nuland.

Chávez, reelegido en los comicios de octubre pasado, no tomó posesión el 10 de enero de su nuevo mandato (2013-2019), como establece la Constitución, porque su estado de salud no le permitía volver a Venezuela desde Cuba, y el Supremo venezolano avaló postergar su juramento hasta que el presidente se recuperara.

Según la Constitución venezolana, solo se celebrarían elecciones anticipadas en caso de falta absoluta del presidente, lo que pasaría, principalmente, por su muerte, su renuncia o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.

Una vez declarada la falta, la Carta Magna establece que se debe proceder a una nueva elección dentro de los treinta días siguientes quedando interinamente frente a la Presidencia el titular del Parlamento, si el mandatario no ha sido juramentado, o el vicepresidente, en caso de haber sido ya juramentado.

Según la agencia de noticias estatal Mena, los manifestantes han levantado unas 24 tiendas de campaña en los alrededores del palacio, en el barrio cairota de Heliopolis, mientras que ha desaparecido el despliegue policial de ayer.

Durante la manifestación de este martes, se vivieron momentos de tensión entre los asistentes y la Policía, ya que las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, lo que causó dieciocho heridos.

En los muros del complejo, los opositores han escrito grafiti con eslóganes contra Mursi y los Hermanos Musulmanes, grupo al que pertenecía el presidente antes de jurar el cargo en junio pasado.

En la céntrica plaza cairota de Tahrir también continúa hoy la acampada opositora contra el borrador de la nueva Constitución, que será sometido a referéndum popular en dos semanas, y contra el decreto emitido el 22 de noviembre por Mursi por el que blindó sus poderes ante la Justicia.

Las manifestaciones de ayer fueron convocadas por varios grupos y formaciones políticas laicas y revolucionarias como el Partido Egipcios Libres, el Partido Socialdemócrata Egipcio y los movimientos 6 de Abril, Kifaya y Jóvenes de Maspero.

Varios partidos, que han forman el llamado “Frente de Salvación”, han dado a Mursi de plazo hasta el próximo viernes para responder a las peticiones de los manifestantes y formar una nueva Asamblea Constituyente, “que represente a todos los sectores del pueblo”, informa hoy el diario independiente Al Masri al Youm.

La actividad, que se prolongó por cuatro horas, congregó a alrededor de 300 representantes de diversas organizaciones sociales, sindicales y gremiales del país, y a escasos representantes del mundo político y parlamentario, permitió debatir sobre “Los cambios que Chile requiere” y sobre los contenidos que debe tener una “Agenda progresista”.

El presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Cristián Cuevas, expuso sobre reformas laborales, mientras que el coordinador de la Asamblea Constituyente, Gustavo Ruz, centró su exposición en las reformas políticas.

Para el presidente del Movilh, Rolando Jiménez, la principal conclusión de la cita es la coincidencia entre la sociedad civil y los partidos políticos de no es posible transformar sustancialmente la realidad chilena si no es con una nueva institucionalidad.

“Por lo tanto, la necesidad de una nueva Constitución, vía asamblea constituyente es la principal conclusión de este encuentro. Esa asamblea constituyente y esa nueva Constitución tiene que ser amplia, diversa, pluralista y construida desde la sociedad civil con la participación de todos los ciudadanos que tengan algo que decir para construir una nueva institucionalidad, un nuevo trato entre los chilenos y chilenas”, recalcó a Agencia UPI.

En tanto, el senador radical, José Antonio Gómez, propuso durante su discurso la instalación de “la cuarta urna” para las próximas presidenciales, donde la ciudadanía plebiscite si desea o no una nueva Constitución.

“Si la respuesta es sí, el próximo gobierno y el próximo Presidente tendrá la obligación de convocar a una asamblea constituyente, con la participación de la ciudadanía”, explicó sobre el proyecto de ley que presentará próximamente.

Por su parte, el obispo de Aysén, Luis Infanti, afirmó que el encuentro lo dejó con mucha esperanza, porque encontró “mucha participación” y porque “encuentros como éstos se siembran semillas al viento para que florezca todo el país con ideas, propuestas y presencias participativas para hacer un país más justo, fraterno e inclusivo”.

“Encontré muchas personas no sólo con buenas ideas, sino que con buenos propósitos, con ganas de luchar, con ganas de la búsqueda de un Chile más participativo y cambiar tanta injusticia y el luchar contra tanta persona, contra tantas instituciones, grupos económicos, políticos que promueven cada día más la exclusión y la pobreza en Chile”, advirtió.

Según el senador del PPD, Guido Girardi, “es fundamental y urgente volver a unir lo que se separó, que es la alianza estratégica entre el mundo político progresista y el mundo social. No es posible cambiar Chile si no hay un giro hacia la ciudadanía”.

“Es imposible pensar que se pueda hacer un programa de gobierno, que se puedan construir consensos, acuerdos, gobernabilidad para Chile de espaldas al movimiento social. Para mí un programa de gobierno tiene que ser hecho en diálogo horizontal y que los futuros equipos de gobierno, ministros, subsecretarios, tienen que incorporar a representantes del movimiento social y que en las futuras listas parlamentarias tiene que estar presente la ciudadanía”, resaltó.

Según los organizadores, los contenidos del encuentro se convertirán en un documento que será la base de un futuro programa de gobierno de la sociedad civil.

Agregaron que dicha plataforma será uno de los insumos de la “Cumbre Social” que se prepara para el próximo 7 y 8 de septiembre, actividad a la que también convoca la Mesa Social por un Nuevo Chile.