Política

Ex ministros de Frei y Bachelet advierten sobre el impacto económico negativo de la nueva Constitución

De acuerdo con un análisis elaborado por CIEPLAN, la aprobación del texto en el Plebiscito va en contra del crecimiento. 

Según un estudio del Cieplan, la aprobación de la nueva Constitución mermaría económicamente al país y fragmentaría el aparato estatal. AGENCIA UNO /ARCHIVO
Según un estudio del Cieplan, la aprobación de la nueva Constitución mermaría económicamente al país y fragmentaría el aparato estatal. AGENCIA UNO /ARCHIVO

Un informe elaborado por la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN), y firmado por los economistas José Pablo Arellano (Director de Presupuestos en los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei) y René Cortázar (ministro del Trabajo en el gobierno de Frei, y de Transporte y Educación con Michelle Bachelet), advierte respecto del impacto económico que tendría la aprobación de la propuesta para nueva Constitución, que los chilenos votarán el próximo 4 de septiembre.

El texto ahonda en torno a las propuestas en ocho áreas que, afirma, son clave para el desarrollo del país: estabilidad macroeconómica, inversión y crecimiento, conflictividad social, calidad de regulación económica, gobernabilidad y creación de bienes públicos, modernización del Estado, derechos sociales y cuidado del medioambiente.

Los autores plantean que son riesgosas para la estabilidad macroeconómica nacional algunas de las propuestas del borrador del texto constitucional, sobre todo en lo referido a gasto público. 

“Hace alrededor de medio siglo (1970) se logró un acuerdo transversal respecto de la necesidad de iniciativa exclusiva del gobierno en materia previsional, de gasto e impuestos. Fue una conclusión práctica, a partir de la larga experiencia de inflación crónica que había vivido el país. Dicho acuerdo se quiebra en este proyecto que propone la Convención Constitucional”, aseguran.

Además, agregan que el texto emanado de la Convención Constitucional tiene espíritu “refundacional”, lo que mermaría la capacidad de inversión y crecimiento. 

“La propuesta en materia de aguas es una muestra clara del espíritu refundacional de la Convención Constitucional. En abril de 2022, entró en vigor una reforma al Código de Aguas que después de años de discusión se aprobó por unanimidad en el Senado y por una amplísima mayoría en la Cámara de Diputados. Con la propuesta constitucional se hace inviable la aplicación del nuevo código laboriosamente escrito”, afirman. 

“Tampoco se incluyó el reconocimiento a la propiedad intelectual e industrial (sólo se consideró el derecho de autor), lo cual, con la importancia del conocimiento en la economía del siglo XXI, debilita la inversión e innovación, factores críticos para el progreso”, enfatizan.

Contra la “paz social”

El informe plantea que la amplitud del derecho a huelga abre un flanco complejo, pues “cabrían las paralizaciones ajenas a la negociación colectiva”, dando espacio a “las huelgas de solidaridad o con motivación política”, resultando “claro el impacto de estas normas sobre la paz social”.

“Adicionalmente al deterioro en la calidad de la política al que conduciría el proyecto de Nueva Constitución”, refieren también Arellano y Cortázar, “debemos reconocer que un problema del sistema político actual, que se profundiza en el nuevo proyecto, es su excesivo fraccionamiento […] Las nuevas normas constitucionales propuestas no corrigen el fraccionamiento político al no abordar el sistema electoral. En vez de corregirlo, le suman un mayor fraccionamiento territorial, a través de la autonomía política, administrativa y financiera de regiones, comunas y territorios indígenas. A estos últimos les agrega el concepto de autodeterminación. Crecerían las dificultades para crear bienes públicos, esenciales para el desarrollo”, alertan en materia de gobernabilidad.

Otro aspecto negativo de la propuesta según los autores es que “el camino extremo de autonomías”. Y es que, de acuerdo con su visión, “el texto propone las autonomías regionales estableciendo un sistema cuasi federal que fragmentaría el aparato del Estado, creando permanentes conflictos de competencia y dificultando la toma de decisiones”.

Con todo, CIEPLAN concluye que “en las diversas materias analizadas, el texto constitucional significará un retroceso respecto de la institucionalidad vigente”, y que, finalmente, “lo que se requiere es un texto que contribuya a mejorar las instituciones, promover la generación de recursos y buenas políticas públicas, para lograr una mayor unidad nacional, una democracia de calidad y el desarrollo sostenible, de modo de poder responder con eficacia a las necesidades de las personas”.

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