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Polémica por corrupción: gobierno de Argentina compró alimentos un 50% más caro para comedores sociales

El daño para el fisco fue por más de 885 millones de pesos chilenos,

Por , 8 de Abril de 2020

El gobierno de Argentina, a través del Ministerio de Desarrollo Social, hizo millonarias compras en alimentos con un 50% sobre el precio máximo para abastecer comedores sociales en medio de la pandemia del coronavirus.

Durante los primeros días de la emergencia, el ministerio fue el encargado de comprar toneladas de productos de primer necesidad como son los fideos, las legumbres, el arroz y el aceite, para ir en ayuda de los sectores más vulnerables del país.

Según medios locales, el Gobierno pagó 158 pesos (2.057 pesos chilenos) por 1,7 millones de botellas de aceite y 42 pesos (547 pesos chilenos) por medio millón de paquetes de fideos, 9 pesos argentinos más que el valor comercial de la unidad.

Junto a ello, el sobreprecio superó el 50% en el caso del azúcar y el 85% en las lentejas, informó el diario La Nación de Argentina.

De esta forma, el daño para el fisco fue por más de 885 millones de pesos chilenos, una cifra extremadamente alta si se sitúa en el contexto de la emergencia sanitaria  y la recesión económica por la que atraviesa el gobierno de Argentina.

Por ello y ante la gravedad de los hechos, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, le solicitó la renuncia a Gonzalo Calvo, funcionario responsable de la secretaría de Articulación de Política Social tras autorizar la compra de elementos de primera necesidad a sobre precio.

Esta medida se adoptó luego de que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ordenara revisar todo el circuito administrativo para las compras de dicha cartera, asegurando de que si hubo corrupción esta “será perseguida”.

Asimismo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, abrió una investigación sobre esta polémica compra.

Según fuentes judiciales citadas por Clarín, se evaluó el grado de “verosimilitud de lo denunciado” y “su trascendencia desde el punto de vista económico” y se ordenó una serie de medidas que incluyen informes sobre las empresas implicadas hasta sumarios administrativos que se hayan iniciado desde el Estado a los responsables.