Cómo fracasó la judicialización de la pandemia del coronavirus en Europa
España fue uno de los primeros países en llevar a la justicia la gestión de la pandemia a través de una denuncia por la marcha del 8M, la que terminó siendo desestimada.
Por Sebastián Dote
La presentación de una querella de parte del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en contra del Presidente Sebastián Piñera y el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, abrió la posibilidad de entablar demandas en contra de las autoridades por el manejo de la pandemia del coronavirus.
La acción aparece en medio de una situación sanitaria compleja para el Gobierno, que ha recibido múltiples críticas, especialmente por el establecimiento de cuarentenas y los cambios en las metodologías para la entrega de información sobre los fallecidos.
Europa va cerca de un mes adelantado a todos los acontecimientos. Con una primera ola de la pandemia ya controlada y el inicio del proceso de “nueva normalidad”, diversas organizaciones en los países más comenzaron a “pasarle la cuenta” a sus respectivos gobernantes por la gran cantidad de contagios y fallecidos.
La judicialización de la crisis sanitaria tuvo como punto de partida España, con un resonado fracaso que golpeó duramente a la oposición. En Italia, en cambio, recién se está armando un movimiento que por ahora tiene a las autoridades sin la condición de imputados.
El fracaso de la demanda española
Irene Montero, ministra de la Igualdad de España. (Foto: Marta Jara / Wikimedia Commons)
España registró sus primeros casos de COVID-19 a inicios del mes de marzo. Durante esa fecha, en la ciudad de Madrid, se autorizó la realización de una multitudinaria marcha por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
A la manifestación del 8M español asistieron autoridades como la ministra de la Igualdad, Irene Montero, y Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez. Ambas terminaron contagiadas con SARS-CoV-2.
Para algunos, la marcha promovida por las autoridades centrales fue la causa central de la propagación del virus en la Comunidad de Madrid. Durante el peak de contagios aquella teoría dio vueltas especialmente entre los políticos del Partido Popular (PP) y Vox, quienes son opositores a la coalición conformada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP).
La batalla judicial comenzó a inicios de abril, cuando un particular ingresó una demanda en contra del delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco. En ella se aseguraba que el representante de Sánchez sabía de los efectos que tenían las reuniones masivas en la epidemia.
La disputa en tribunales también generó otro tipo de conflictos, ya que desde el gobierno acusaban a la oposición de atacar al movimiento feminista. El ex presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que PP y Vox querían buscar réditos electorales tal como lo corrido tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Atocha.
Desde la oposición, una de las impulsoras indirectas de las demandas por el coronavirus fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La autoridad local culpó directamente al PSOE y a UP del trágico balance que dejó el COVID-19 en su zona, el que arrojó más de 8 mil muertes.
Durante cerca de dos meses la justicia tomó declaraciones a cerca de 18 personas, entre demandantes y convocantes a la manifestación. Además se tomaron informes forenses y de la Guardia Civil, en donde se apuntaría a un eventual conocimiento de parte de la ministra Montero de los peligros que implicaba protestar en medio de la pandemia.
Sin embargo, y con todos estos antecedentes, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, decidió archivar la causa, considerando que el gobierno “no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones”.
El fallo (que aún podría ser revisado) implicó un gran golpe para la oposición, que ya estaba armando una estrategia para atacar a Sánchez por su gestión de la crisis, proyectando incluso pedidos de dimisión.
El camino de Italia
Giuseppe Conte, primer ministro de Italia. (Foto: Unión Europea)
Italia fue uno de los países más afectados con la pandemia en Europa. Con más de 34 mil muertes, el SARS-CoV-2 arrasó con los hogares de ancianos del norte del país, principalmente en Bérgamo.
Una organización llamada “Denunciaremos. Verdad y justicia para las víctimas del COVID-19” presentó una serie de demandas en contra el primer ministro Giuseppe Conte, la ministra de Interior, Luciana Lamorgese, y el titular de Sanidad, Roberto Speranza, entre otras autoridades, por su presunta negligencia a la hora de administrar la epidemia del coronavirus.
Todos los representantes del gobierno central -que está conformado por una coalición de centroizquierda- fueron citados como “personas informadas” y no como imputados. Bajo esa misma condición fueron citados a declarar el gobernador de Lombardía, Attilio Fontana, y su consejero para la Salud, Giulio Gallera, quienes están vinculados al partido opositor Liga del Norte.
Conte se presentó ante la justicia y se mostró tranquilo por lo realizado. “Aclaré los pasos tomados al más mínimo detalle”, señaló el gobernante luego de ser interrogado por cerca de tres horas por la fiscal de Bérgamo, María Cristina Rota.
En este caso deberá ser el Ministerio Público el que determinará que, si en primer lugar, hay alguna autoridad responsable de lo ocurrido, si el responsable es el gobierno central o de la región de Lombardía, y si aquella responsabilidad implica algún delito.
