El Gobierno reactiva definición de zonas específicas para centrales a carbón y gas

Con la meta de hacer frente a las dificultades que enfrentan los proyectos de generación sobre todo de cara a la judicializaciones, el Ministerio de Energía en conjunto con su símil de Bienes Nacionales ha echado a andar un análisis para definir un ordenamiento territorial que establezca zonas específicas para instalar centrales a carbón y gas.

Esta medida reflota un antigua promesa del Presidente Sebastián Piñera, quien tras acordar con GDF Suez la paralización de Barrancones en 201o, anunció la creación de un mapa territorial para la ubicación de unidades eléctricas.

Aunque la iniciativa se había desechado a inicios de 2013, según consigna Emol, debido a que no existía consenso en el Gobierno sobre el rol que debía cumplir el Estado en esta materia, la preocupación por la oposición a los proyectos y su judicialización junto a la importancia de contar con energía a precios competitivos, reactivaron este trabajo que además se sumaría al proyecto de compensación a las comunidades que estudia el Ministerio de Energía.

El objetivo es ubicar zonas donde la construcción de una central genere el menor efecto posible en el medio ambiente y que las comunidades no se sientan afectadas con su levantamiento y operación. La iniciativa sería presentada antes de fin de año y no requiere un proyecto de ley.

La mirada de la industria 

En 2011, la comisión asesora de Desarrollo Eléctrico recomendó un mayor rol del Estado en la planificación eléctrica con la venta de bienes nacionales, la entrega de concesiones y el otorgamiento de permisos territoriales y ambientales.

Luego a principios de este año, el presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Diego Hernández, pidió una mayor planificación territorial para la instalación de centrales.

Por su parte, René Muga, gerente general de la Asociación de Generadoras de Chile, plantea que estas medidas son un avance para empezar a destrabar proyectos, pero que deben ir acompañadas por acciones que involucren a las comunidades. “Un ordenamiento territorial debería ir de la mano de una medida de valor compartido que promueva el desarrollo de las comunidades locales y su progreso social”, dice.

Desde el Consejo Minero afirman que la Ley del Medio Ambiente contempla el uso de una Evaluación Ambiental Estratégica para los instrumentos de ordenamiento territorial. Esto implica que las zonas aptas deben ser analizadas en sus impactos ambientales, incluyendo consultas públicas.

Agregan que una vez definida la zonificación, las empresas deben someter sus proyectos a un análisis de impacto ambiental, pero sin que el emplazamiento sea un factor expuesto a cuestionamiento. Para José Tomás Morel gerente de estudios del Consejo Minero, “es importante que el ordenamiento territorial no implique un bloqueo al establecimiento de proyectos en lugares distintos a esas zonas de uso industrial preferente. En estos casos, los proyectos deberían someterse a las reglas generales del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)”.