Abogado de comunidades del Huasco dice que Punta Alcalde afecta garantías constitucionales
En esta jornada continúan los alegatos de cara a los recursos de protección que frenaron al proyecto termoeléctrico y que enfrentan los representantes de Endesa, el Comité de Ministros, con los opositores. Álvaro Toro dice subrayó que cualquier chileno debe tener derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación.
Por RedacciónCoincidiendo con el inicio de la segunda jornada de alegatos que enfrentan a los representantes de Endesa, el Comité de Ministros, con los opositores al -paralizado- proyecto Punta Alcalde, el abogado de las comunidades de Huasco, Álvaro Toro, apuesta por que la Corte Suprema, finalmente ratifique la resolución de la Corte de Apelaciones de Copiapó que suspendió el proyecto.
En la antesala de su alegato frente a los tres recursos de protección que frenaron el proyecto, Toro subrayó, en diálogo con Cooperativa, que la termoeléctrica afecta las garantías constitucionales de las personas.
“La Corte de Apelaciones sostuvo claramente que estamos hablando de un proyecto que genera un impacto al medio ambiente. Vamos a reiterar que lo que tiene que hacer la Corte Suprema es ratificar fundadamente el fallo de la Corte de Apelaciones en el sentido que este proyecto es un afectación directa a la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación“, dijo.
A su turno el edil de Huasco, Rodrigo Loyola, reiteró el reclamo frente a la contratación por parte del Gobierno del abogado, Jorge Bofill, quien representa al Comité de Ministros.
“Nos llama la atención que el Comité de Ministros, que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), teniendo sus equipos jurídicos, haya contratado a abogados externos de mucho renombre para llevar esta causa”, señaló Loyola.
El edil agregó que “nos preguntamos de dónde salen esos recursos de todos los chilenos, pero estamos confiados en que lo que ha sentenciado la Corte de Apelaciones de manera unánime de declarar esta actuación del Comité de Ministros de manera ilegal, irracional y arbitraria es lo que ha justificado estos procesos judiciales“.
La respuesta de Bofill
Por su parte, el aludido abogado Bofill insistió en que la decisión del Comité de Ministros de aprobar la termoeléctrica, no fue política sino técnica.
“En los recursos y en la sentencia de la Corte de Apelaciones se cuestionaba que el Comité de Ministros hubiera ponderado nuevos antecedentes, nuevos en el sentido que no estuvieron durante la evaluación (ambiental) en la región. Lo cierto es que la ley faculta explícitamente al Comité para solicitar informes técnicos, por lo que en esa parte de la sentencia la Corte estaba equivocada”, detalló.
“El Comité solicitó un informe al Servicio de Evaluación Ambiental para que modelara el eventual impacto de la central y sobre esa base se establecieron las medidas de mitigación”, puntualizó.
