Opositores a Pascua Lama tras anulación de multa: “Se nos dio la razón”

Luego de que este lunes el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, diera a conocer su decisión de anular la resolución y multa de 16.000 UTA (poco más de US$ 16 millones) de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en contra del proyecto Pascua Lama por una serie de irrrgularidades de forma, las reacciones no se hicieron esperar.

El abogado Lorenzo Soto, quien ha representado a las comunidades indígenas Diaguitas en causas en contra de Barrick Gold, la firma responsable del proyecto, comentó que “acabamos de conocer esta sentencia y creemos que va a sentar una jurisprudencia en la labor del Tribunal Ambiental y la nueva institucionalidad ambiental”.

Además destacó que el fallo no hará más que retrasar aún más el polémico proyecto y aumentar sus costos. “A lo que se apunta -en la práctica-  es a que no basta con la paralización aplicada y se anula el proceso sancionatorio existente y se vuelve a foja cero, por lo que existirá un retraso aún mayor para el proyecto dadas las incertidumbres y estas nuevas demoras”, dijo en diálogo con CNN Chile.

“El costo del proyecto se va a elevar aún más, ya no van a ser US$ 16 millones en total, sino que se puede llegar a considerar multas de US$ 10 millones cada una y si consideramos que hay al menos 22 infracciones, a nuestro juicio son más de 30, el costo puede subir a US$ 300” transformándolo en inviable, agregó.

Soto recordó igualmente que “la sanción máxima era la revocación del permiso ambiental lo que no se había aplicado, pero con este fallo el Tribunal Ambiental ha dicho que la Superintendencia debe ponderar estos antecedentes e incluso aplicar la revocación, ya que existen los antecedentes para ello”. 

Consultado sobre los alcances de este golpe del Tribunal Ambiental en contra de la labor de la SMA, Soto indicó que pese a que valora el trabajo de la nueva institucionalidad ambiental incluyendo a la Superintendencia, “eso no significa que lo hagan bien y conforme a derecho, se pueden equivocar y eso es lo que ha dicho hoy la justicia, y no quiero creer que haya una mala intención o mala fe (…) Se nos dio la razón y esperamos que, conforme a este fallo, se cambien los criterios y metodologías y que se resuelva conforme y que se tome cada hecho por separado y no se ‘paqueticen’ en uno solo y eso se debe aplicar a todos los proyectos”.

Para las comunidades, en tanto, el fallo viene a ratificar lo sostenido desde el comienzo en relación a que un proyecto de esta envergadura en los ecosistemas Hídricos y Glaciares de la alta cordillera del desierto más árido del mundo, es un despropósito, nunca debió ser aprobado y debe ser revocada su calificación ambiental. Rubén Cruz, quien es uno de los demandantes ante el órgano judicial señaló que “estamos satisfechos porque la autoridad consideró nuestros argumentos que demuestran que se está encubriendo un crimen ambiental y social en el Valle del Huasco, el que se ha seguido perpetrando hasta la actualidad, existiendo nuevos episodios los que hemos denunciado a la autoridad. Esperamos que esto se traduzca en el cierre definitivo de este inviable proyecto, por el bien de nuestra gente, de nuestros cultivos, de la vocación agrícola de nuestro valle”.

En tanto, Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), señaló que “este es sin duda una muy interesante señal para la institucionalidad ambiental, los Tribunales están exigiendo estándares ajustados a Derecho, están diciendo que no basta con cursar las multas más altas para dar la impresión de rigurosidad, sino que hay que estudiar a fondo, escuchar de verdad lo que señalan los habitantes de los territorios impactados, está llamando a la diligencia a los organismos del Estado, está solicitando que se atienda de verdad, que se validen las denuncias de las comunidades, cuestión que hasta ahora no había ocurrido en la administración ambiental de nuestro país”.

En esta línea, agregó que el nuevo proceso sancionatorio permitirá comprobar las denuncias que existen contra el proyecto, por lo que la resolución no podría ser otra que la revocación del permiso ambiental, pues la sanción ya aplicada el 2013 por el órgano fiscalizador era la más alta establecida antes de la revocación de la RCA.

Las Comunidades del Valle del Huasco tanto agricultores, regantes, indígenas crianceros y habitantes de este lugar, agregaron que insistirán en ser parte de este nuevo proceso continuando así la defensa de la vida de nuestro hogar: El Valle del Huasco.

La manga ancha de la Superintendencia

Desde el ambientalismo, Sara Larraín, directora ejecutiva de la ONG Chile Sustentable, destacó que se trata de “un fallo adecuado y justo de parte del Tribunal Ambiental. De hecho, recordemos que en el Parlamento, integrantes de la comisión investigadora de la Cámara sobre el proyecto Pascua Lama, liderados por los diputados Robles y Accorsi, tras haber oído a los trabajadores, comunidades, al Obispo de Copiapó y a los distintos servicios del gobierno, recomendaron  la revocación del permiso ambiental de la empresa en la medida en que la violación  de las condiciones del permiso ambiental han sido sistemáticas y reiteradas. En el caso del impacto sobre glaciares hay tres o cuatro sumarios, en el caso de contaminación de las aguas hay unos cuatro o cinco eventos de infracción e incluso en el cumplimiento de permisos laborales hay problemas serios”.

Larraín fue clara al subrayar que “a nuestros juicio, la Superintendencia tuvo manga ancha porque lo que correspondía era la revocación de la resolución y que la empresa nuevamente presentara un estudio y que la autoridad pusiera nueva condiciones, pero lo que ocurrió fue que se fueron poniendo una serie de nuevas condiciones y que se sumaban a la resolución de calificación ambiental del 2005. Por lo tanto, lo que se tenía al final era una especie de árbolito de Pascua y la empresa además de no cumplir la resolución tampoco cumplió las siguientes exigencias”.

Y fue más allá al ejemplificar irregularidades como, “por ejemplo, la creación de un fondo de sustentabilidad para compensar los impactos, la mayoría de ese fondo de gastó en la Provincia de Copiapó y no en El Huasco, es decir, de trata de irregularidades gruesas, gruesas”.

De cara al cuestionado rol de la Superintendencia de Medio Ambiente, organismo que pese a ser creado en el Gobierno de Bachelet comenzó a funcionar en bajo el mandato de Piñera, Larraín sostuvo que la creación de una institucionalidad ambiental, a la que se sumó -en este Gobierno-, el Tribunal Ambiental,  “es el camino correcto”.

Por su parte, Patricio Rodrigo el director ejecutivo de Chile Ambiente, Patricio Rodrigo,ahondó en la controversia entre la Super de Medio Ambiente y el Tribunal Ambiental, comentando que ésta apunta a dos aspectos. “Uno general, donde está a la vista un periodo de ajuste de los criterios de funcionamiento entre ambas instituciones y las interpretaciones de la legislación que cada una hace; y por otro lado, en lo específico del caso, un llamado de los Tribunales a una mayor acuciosidad y exhaustividad con que el Superintendencia hace su trabajo fiscalizador, donde se le pide que aplique sanciones infracción por infracción, las fundamente adecuadamente y evite el empaquetamiento arbitrario de los incumplimientos. Criterios que sin duda harán aún más severa el monto de la multa que deba pagar la empresa”.

“Los Tribunales Ambientales, que en la negociación política original en el parlamento para la modificación de la Ley 19.300 y la creación de la Superintendencia Ambiental, fueron propuestos por la derecha para tener una instancia donde recurrir para bajar las multas a las empresas, hoy al parecer afortunadamente están dando resultados a la inversa de lo que se diseñó en dicha visión política de anteponer a toda costa el crecimiento a la sustentabilidad”, sentenció Rodrigo.

A ojos de Sara Larraín, “lo que corresponde es tener una Superintendencia dura que discipline al sector ambiental. El caso de Pascua Lama se suma a lo ocurrido en Valdivia con Celco o en Freirina con Agrosuper. Tenemos un empresariado muy mal comportado y, por lo tanto, la Superintendencia debe ser mucho más clara con el objeto de desincentivar el mal comportamiento, pero los Tribunales van a tener siempre la última palabra”.