Gobierno japonés decidió que continuará pescando ballenas en el Pacífico Norte

El Gobierno japonés ha decidido continuar con la caza de ballenas en el Pacífico Norte, aunque recortará las capturas, a raíz de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que ordenó a este país detener esta actividad en la Antártida.

El ministro nipón de Agricultura y Pesca, Yoshimasa Hayashi, anunció hoy esta medida tras una reunión de su gabinete con el primer ministro, Shinzo Abe, en la que también se decidió “rediseñar” el programa científico de pesca de ballenas en la Antártida para 2015.

El Ejecutivo nipón estudiaba la continuidad de su campaña de pesca en el Pacífico Norte a raíz del reciente fallo de la CIJ, que sólo afectaba a la Antártida.

La decisión de la CIJ y las críticas de la comunidad internacional elevaron la presión sobre Japón para que pusiera fin también la caza de ballenas en el Pacífico Norte, que según Tokio también tiene fines científicos.

El Ejecutivo nipón ha decidido finalmente aplicar nuevos métodos de investigación que no requieran necesariamente la pesca de ballenas, así como reducir el número máximo de capturas anuales desde las actuales 380 hasta 210, según explicó Hayashi.

“En base al veredicto, llevaremos a cabo el JARPN II (segunda fase del programa ballenero en el Pacífico Norte), pero reduciendo su escala”, dijo Hayashi.

La flota del Pacífico Norte zarpará desde la costa de Miyagi el sábado 26 de abril, cuatro días más tarde de lo previsto inicialmente. El argumento ofrecido es que el organismo tendría así más tiempo para consultar con la policía y la guardia costera.

En cuanto a la campaña de la Antártida, el ministerio “elaborará estudios extensivos” sobre la cuestión y enviará “un nuevo programa de investigación” sobre ballenas el próximo otoño a la Comisión Ballenera Internacional (CBI), basándose en los criterios que recoge la sentencia del tribunal de La Haya, afirmó Hayashi.

El pasado 31 de marzo el CIJ ordenó a Japón cancelar su programa de pesca con fines científicos en el océano Antártico por considerar que los mismos no se ajustan a los exigidos por la legislación internacional.