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10 de Noviembre de 2014

Plantean a energía moratoria en proyecto Río Cuervo mientras no se defina Política Energética Regional

Dirigentes de organizaciones expresaron que otro elemento que es necesario considerar antes de una posible decisión del Comité de Ministros es el trabajo de priorización de cuencas y los resultados de las Mesas de Hidroelectricidad.

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Con cautela se toma la sociedad civil de Aysén su participación en la Mesa de Gestión Territorial que impulsa el ministerio de Energía en gran parte del país con el objeto de definir una política de ordenamiento territorial y elaborar un proyecto de Ley de Asociatividad, en el marco de la discusión de los lineamientos del sector con miras al año 2050. El viernes 7 se realizó en la Casa Belén de Coyhaique un segundo taller, luego del primero organizado el 2 de septiembre también en la capital regional.

La directora de la División de Desarrollo Sustentable de la cartera Nicola Borregaard expuso en la ocasión los avances del ministerio en torno a la elaboración del proyecto de ley que buscará sentar una nueva forma de relación entre las empresas y las comunidades, con una más activa participación del Estado. En trabajo de grupo los participantes -representantes de ONGs, el sector privado, funcionarios públicos y ciudadanos- discutieron sobre el rol del sector público y los posibles mecanismos e institucionalidad para un sistema que permita compartir beneficios con las comunidades donde se instalen grandes proyectos energéticos. La moderación y sistematización de los talleres está a cargo del Instituto de Construcción de Consensos (CBI, por sus siglas en inglés).

Un primer aspecto que hicieron notar los representantes de la sociedad civil fue su preocupación por que la discusión se centre en “distribuir utilidades”, en circunstancias de que lo primero que se requiere establecer es un marco de ordenamiento territorial claro y participativo, evaluación ambiental estratégica e incluso instrumentos participación ciudadana vinculante. En un modelo de garantización de derechos sociales, ambientales y económicos.

A Rodrigo Vergara, de la organización Wentru Domo de Puerto Aysén, el proceso no le ha dejado conforme. En su opinión existe un manejo de la información por parte del ministerio con el fin de imponer el proyecto de Ley de Asociatividad. Es por ello que buscarán “hacer un trabajo de investigación de todo lo que se ha hablado acá, ya que no nos consta lo que dicen en el sentido de haber recopilado la información en otras ciudades y regiones, por tanto vamos a trabajar en eso. En el fondo, no estamos conformes ya que nos parece que se nos está imponiendo la nueva Ley de Asociatividad”.

“En los dos talleres hemos dicho que hay un error metodológico profundo. Por ejemplo estar discutiendo temas de asociatividad, de ordenamiento territorial sin tener definiciones previas sobre la Política Energética Regional. Eso se lo hemos expresado fuertemente al ministerio, pero no ha tenido eco desde el punto de vista de la cartera. Continúan esos sesgos, se continúa avanzando” señaló al concluir este segundo encuentro Erwin Sandoval, de la Agrupación Mañíos y Baguales de Villa Mañihuales.

Agregó que “se ha dicho que el proyecto de Ley de Asociatividad va a ingresar al Congreso durante el próximo mes y la verdad eso no es lo que ha salido de las mesas que se han realizado en la región, reflejándose en las mismas diapositivas es la que ha tenido mayor participación ciudadana en los distintos temas”. Por último, indicó que una conclusión importante es que “es necesaria una matriz energética regional, ojala predominantemente con energías renovables no convencionales, pero una matriz para el sustento autónomo de la región”.

Para el coordinador de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida, Peter Hartmann, “queda claro que antes de incentivar asociatividad con grandes empresas y todo lo demás, primero hay que solucionar cosas previas e incentivar soluciones más blandas y más sustentables como las renovables y la eficiencia”. Sobre el proceso indicó que en el ministerio “también están impresionados por la tremenda participación que hay acá, lo cual se ve reflejado en las diapositivas”.

En coherencia con lo anterior, se planteó que previo a cualquier avance en torno al proyecto río Cuervo –actualmente en evaluación y en espera de la definición del Comité de Ministros- es necesario tener definiciones en tres ámbitos: la Política Energética Regional, las conclusiones de las Mesas de Hidroelectricidad que se llevan adelante en diversas ciudades del país y los resultados del proceso de priorización de cuencas que ejecuta el consorcio compuesto por Teco Natural Resource Group Chile y la Universidad Católica. En este sentido, se expresó la necesidad de una moratoria antes de tomar cualquier decisión que implique intervenir dicha cuenca, lo cual fue refrendado en un inserto a página completa publicado el mismo día en la prensa regional bajo el título “Río Cuervo, la represa que amenaza la vida de los ayseninos”.

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