La apuesta del Gobierno para acercar a empresas y comunidades en municipios afectados por conflictos ambientales

El establecimiento de los llamados Consejos para la Recuperación Ambiental y Social (CRAS) es la apuesta del Gobierno a través del Ministerio de Medio Ambiente para lograr un acercamiento entre empresas y comunidades en municipios con alta presión social.

La meta apunta a componer las confianzas, descomprimir el ambiente y la judicialización de proyectos, en comunas que han hecho frente a impactos ambientales de grueso calibre como Huasco, Tierra Amarilla, Coronel y más recientemente Quintero y Puchuncaví,

El ministro Pablo Badenier, detalló que “este plan va a incluir medidas responsables, plazos claros y un financiamiento bien establecido. Esto se construirá en un proceso participativo amplio, en el que los habitantes de los sectores más afectados por décadas de contaminación van a decidir cuáles son las medidas que se implementarán en sus territorios”, consigna Pulso.

En el Ejecutivo apuestan por evitar episodios críticos como el ocurrido con Freirina con en el Complejo Huasco de Agrosuper. Un caso en el que la presión social finalmente llevó a la firma de Gonzalo Vial a descartar una inversión superior a los US$500 millones, y cerrar la unidad productiva.

Según el ministro, en los citados territorios, ya se culminó con la etapa de los diagnósticos. “Ahora llegó la hora de adoptar la decisión política de iniciar la recuperación ambiental y social de estas zonas altamente impactadas, en un trabajo conjunto entre el gobierno, los ciudadanos y las empresas emplazadas en este lugar”, sostiene.

Quintero y Puchuncaví

La primera reunión del programa CRAS se realizó en Punchuncaví-Quintero, instancia donde participaron las empresas Codelco, con su división Ventanas, Enap y Asiva, asociación de empresarios de la Región de Valparaiso.

El siguiente paso es que se sumen las empresas con presencia en otras comunas. Y en la lista figuran compañías como Caserones, Colbún, Endesa, CAP, entre otras.

Con respecto a Coronel, el trabajo del CRAS podría calzar con el proceso de participación ciudadana que se desarrollará para el proyecto de Endesa de Optimización de la segunda unidad de Bocamina, que involucra una inversión de US$148 millones.

Para Badenier, estas instancias entre empresas y comunidades implican una “gran oportunidad para los titulares de los proyectos, ya que les permitirá mejorar su relación con las comunidades y además ser parte de la solución de los problemas. En muchas de estas comunas la relación está seriamente resentida entre las industrias y sus vecinos, y los conflictos son constantes. Esta es una oportunidad de validarse socialmente en esos territorios”.

Estadísticas de Sofofa y el SEIA, señalan que a mediados de año cerca de US$70 mil millones en proyectos se encontraban paralizados o cuestionados en sede judicial, principalmente por falencias en la participación ciudadana de los proyectos.