Energía: Cuando la asociatividad es obligatoria, no es realmente asociatividad

Varias organizaciones hemos acogido favorablemente la convocatoria del ministerio de Energía para participar en talleres y reuniones bilaterales asociadas con el proyecto de Ley de Asociatividad. No existe una propuesta definitiva, pero sobre la base de lo conversado y las informaciones en medios vemos con preocupación el cariz que está tomando la iniciativa.

Hasta ahora sabemos que el proyecto tendría dos componentes.

El primero, de “equidad territorial”, obligaría a las empresas a pagar las patentes en las localidades donde se instalan e igualaría las tarifas eléctricas en el país. Este elemento nos parece necesario, ya que remedia una situación injusta. Es el segundo aspecto, denominado “de desarrollo local”, el que nos genera preocupación.

El proceso de diálogo para promover el desarrollo local sería realizado antes del ingreso de los proyectos energéticos al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), pero sin ningún tipo de decisión vinculante. De acuerdo al ministerio, no se quiere mezclar el “desarrollo local” con el componente “ambiental”. Luego de un proceso de conversación local, el titular se comprometería al pago de cierta cantidad de dinero (en función de los megawatts generados), monto que sería administrado por corporaciones locales una vez aprobada su iniciativa.

Lo anterior sería problemático por varias razones. Primero, estamos hoy ante distintos paradigmas de desarrollo. La asociatividad sigue en la línea de las compensaciones económicas por daño ambiental. El rol del Estado es limitado y no resuelve las asimetrías de poder entre empresas y comunidades. Tampoco posibilita un verdadero diálogo respecto del desarrollo local, ya que el proyecto de generación no está en cuestión (no es posible rechazarlo a la hora de pensar ese desarrollo). La iniciativa confunde asociatividad, que se refiere a un acuerdo entre socios iguales que voluntariamente entran en una relación, con licencia social.

Segundo, el ministro Pacheco ha dado señales claras y sistemáticas al empresariado en el sentido de querer “agilizar las inversiones”. Si este es el contexto donde se inserta la asociatividad, queda claro que es una forma de destrabar proyectos ofreciendo compensaciones económicas a comunidades carenciadas.

Tercero, estos procesos de diálogo no se insertan en procesos más amplios de ordenamiento territorial ni se articulan con la evaluación ambiental. El diálogo y la promoción del desarrollo local se encuentran en el momento en que se toma la decisión sobre el proyecto, y esta decisión no se deja en manos de las mismas comunidades llamadas a decidir su futuro. Se separa lo “ambiental” del “desarrollo local”, como si lo ambiental no fuese parte fundamental del desarrollo. Es además peligroso que el ordenamiento territorial se haga sólo desde la lógica del sector energético y no con una mirada integral.  ¿Mañana habrá un ordenamiento territorial para las forestales, la minería, la acuicultura? Esta mirada parcial no es lo que hoy requerimos como país.

Valoramos los esfuerzos del ministerio de abrirse a la participación de variados actores, pero nos parece que no hay que seguir avanzando en esta nueva versión de Ley de Compensaciones. Hay que impulsar el proyecto de ley de equidad eléctrica, pero no debe confundirse con el desarrollo local. El trabajo debiese aprovecharse en una instancia superior y multisectorial de ordenamiento territorial para avanzar hacia la construcción de un país más democrático y sustentable.