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Opinión

Al mal oficio, ¿buena cara?

Al mal oficio, ¿buena cara? Al mal oficio, ¿buena cara?

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Investigador en Instituto Res Publica.

11 de Mayo de 2020

Los parlamentarios deciden sobre las reglas que les rigen y parecieran gozar de una inmunidad casi total. Nadie más que sus pares puede sancionarlos por conductas impropias, no tienen el riesgo de ser despedidos y sin importar que la confianza de la ciudadanía en ellos no supere el 3% -según la CEP de diciembre-, los vemos constantemente diciéndole al resto de la sociedad y a los otros poderes del Estado, cómo han de comportarse. Lo anterior responde al comportamiento de un grupo de parlamentarios y es necesario reconocer que existe otro grupo, que se ve perjudicado por aquellos, que demuestra una destacable capacidad intelectual y un oficio y preparación que inspira admiración; sobre todo al contrastar con aquellos que cantan sus argumentos o se encapuchan en el hemiciclo.

El Congreso debe aprobar las leyes que modifican sus sueldos, pueden modificar a gusto el sistema electoral que determina el mecanismo -y la dificultad- para ser electos, tienen una comisión de ética en la que deciden si sancionan a alguno de ellos -o no-, tienen la posibilidad de presentar mociones inadmisibles e inconstitucionales para obtener figuración pública y podrían someter indiscriminadamente a todos los ministros y altos funcionarios de gobierno a interminables acusaciones constitucionales, con los efectos que ello conlleva y sin tener que sufrir costo alguno por ello. Las atribuciones parlamentarias son variadas y en su concepción consideran necesario a un grupo de políticos responsables y serios que entienda el espíritu de la norma y la labor del representante, más no que actuase en función del garrote y la zanahoria.

Lamentablemente, hemos visto cómo la labor parlamentaria ha sido opacada notoriamente por algunas coaliciones y personajes específicos. Ellos han transformado al Congreso Nacional en una especie de show de talentos donde una parte importante de aquellos que fueron electos por la ciudadanía para representarlos, hace fila frente a las cámaras no para enunciar una argumentación, avanzar en la construcción de un acuerdo o defender un conjunto de ideas y principios. No, lo hacen para recibir el pase -a cualquier costo- a la siguiente ronda, que sería la entrevista personal o el matinal, mientras otros pasan al repechaje y deben reinventarse con propuestas más llamativas.

Así, durante esta legislatura hemos visto proyectos, actitudes y declaraciones que llaman la atención. Por ejemplo, el bullado proyecto sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas, encarna un simplismo y una irresponsabilidad en la forma de legislar que hace mucho daño al país. Traduce consignas panfletarias en modificaciones del ordenamiento jurídico nacional, sin meditar las gravísimas consecuencias y sin propuestas para resolver las externalidades negativas causadas.

En cuanto a actitudes, lo visto a partir de los hechos de octubre, donde parlamentarios usaron los más variados eufemismos para justificar la violencia y el vandalismo, muestra una falta de compromiso con las instituciones y la democracia que podría calificarse, al menos, de poco ética, viniendo de un miembro de uno de los poderes del Estado. Han sido cuestionables las actuaciones de diputados que han irrumpido en la Cámara encapuchados y gritando o utilizando ropa interior como mascarilla. Con estas actitudes demuestran el poco respeto por el cargo que ejercen y el lugar en el que se encuentran.

En cuanto a las declaraciones, una de las tantas desafortunadas e indebidas fue la de una diputada oficialista, que desafió al Gobierno a llevar ante el Tribunal Constitucional un proyecto claramente inconstitucional presentado por la parlamentaria, ya que implicaba gasto público y aquello es materia exclusiva del Presidente en cuanto a la formulación de proyectos de ley. Otra particularidad de este caso fue que la institucionalidad de la Cámara Baja determinó en una primera instancia que el proyecto era inadmisible y quedó en manos de la sala, esto es, de los diputados, la decisión de tramitarlo, la que finalmente declaró admisible el proyecto. Lo anterior es otro ejemplo de parlamentarios ignorando y torciendo las reglas para ir más allá de sus atribuciones, de forma antojadiza y sin ninguna consecuencia más que las posibles implicancias electorales.

Y así es larga la lista de casos de comportamiento desafortunado por parte de congresistas. Aquí podrían agregarse el caso del diputado que posó con una polera que hacía apología al asesinato en democracia de un senador, y quien luego visitara fuera del país, al perpetrador de dicho crimen. No se quedan atrás los diputados que se han hecho conocidos ante la opinión pública por difundir fake news en redes sociales, a tal punto, que uno de ellos se encuentra en medio de un proceso que podría culminar con su destitución por adoctrinamiento político a niños y promover discursos de odio.

La lista de desagradables casos de un mediocre oficio y comportamiento legislativo podría seguir extendiéndose. En este sentido vale la pena mencionar también el hecho de que el Congreso no respetara las urgencias legislativas que el Gobierno imponía o bien, que el ex presidente de la Cámara haya sugerido en prensa que el Presidente de la República debía aceptar un “parlamentarismo de facto”.

Todo lo expuesto, muestra la necesidad de establecer mecanismos para asegurar un mejor nivel en la calidad, preparación, vocación democrática y honestidad en nuestros parlamentarios. Si bien, algunos de ellos enaltecen la función legislativa, los incentivos o disuasores no son suficientemente poderosos para frenar a quienes la rebajan a un mal espectáculo.

¿Qué pasaría si existiera un organismo externo que pudiera sancionar a los parlamentarios de mal oficio?¿se verían cambios en su desempeño?.

El panorama actual hace que no sea extraño preguntarse si, por ejemplo, fuera necesario que Contraloría u otro organismo pudiera fiscalizar el cumplimiento de las reglas, el no abuso de herramientas de control y la muestra de estándares éticos compatibles con el honorable cargo que ostentan parlamentarios de nuestro país.

¿Es descabellado pensar que Contraloría pudiera amonestar, suspender temporalmente o destituir definitivamente a un parlamentario por no respetar las reglas o por tener un mal oficio?

La gran mayoría de trabajadores chilenos dependientes tienen un superior a quién rendirle cuentas y, de no realizar correctamente su trabajo, corren el riesgo de ser desvinculados. Quizás un camino para conectar de mejor forma a esta institución con la ciudadanía es hacer a sus miembros vivir similares condiciones de trabajo que el resto de los chilenos.

Para salvaguardar la integridad de las instituciones, la credibilidad de la democracia, la efectividad de la política en su rol social y proteger y profundizar el progreso que ha logrado nuestro país, es que se hace necesario que aquellos parlamentarios que no respetan las reglas ni la Constitución y que no cumplen con los estándares mínimos de comportamiento y oficio, dejen de participar en el Congreso Nacional.

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