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Opinión

Cuando el chantaje tributario se torna intolerable

Cuando el chantaje tributario se torna intolerable Cuando el chantaje tributario se torna intolerable

"Esperemos por el bien del país, que la oposición revise técnicamente la Reforma Tributaria, y concuerde que un factor determinante para hacer o no una inversión, es la estabilidad normativa, especialmente en lo que respecta a los tributos".

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Magister en Derecho Económico, post graduado en legislación tributaria y asesor del Colegio de Contadores de Chile AG. Ha sido académico y es autor de libros especializados en el área. Miembro y actual presidente del comité tributario de la Cámara Nacional de Comercio. Actualmente, es abogado de Alliende Villarroel Contreras y Eguiguren | Lecaros y Aste (AVL).

El Chantaje que se define naturalmente como la amenaza que se hace de provocar un daño, a quien no obra del modo que uno quiere, es lo que se ha visto en la tramitación de la actual Reforma Tributaria (TR).

La oposición que sabe que tiene mayoría en el Congreso y que sabe también que el eje del discurso político del Presidente Piñera está en aprobar la Reforma Tributaria, ya que le atribuye la capacidad de atraer inversiones y mejorar consecuentemente los indicadores económicos, está en un dilema que en absoluto les desagrada.

Pueden rechazar la idea de legislar y herir mortalmente al equipo económico del gobierno. Ese gustito pueden dárselo sin tener que asumir, según ellos, ningún costo. Por de pronto nadie se ha encargado de marcarles lo que significó la Reforma anterior. Es más, muchos de los actuales legisladores están convencidos de que esa Reforma le hizo bien al país, recaudó más dinero, y emparejó la cancha al introducir la variable de la integración parcial. Resulta frecuente leer o escuchar al anterior Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, responsable del diseño de esa Reforma, defenderla con ahínco. Lo mismo han hecho los funcionarios del mismo Servicio, que concurrieron incluso al Parlamento para pedir su rechazo.

Otra opción y que es la que hasta ahora han usado, es recurrir al chantaje y decirle al gobierno que están llanos a mejorar el sistema tributario, siempre que no implique cambiar el foco de la Reforma anterior, que permitía recaudar más, y siempre que se compense lo que el Fisco dejaría de ganar producto de la integración planteada.

El ejecutivo se allanó a esta sugerencia, introduciendo una serie de cambios, que apuntan a compensar la integración. Sin embargo, en la misma Comisión ya se notificó al gobierno que las compensaciones planteadas resultaban insuficientes.

Para entender en fácil la problemática actual, resulta conveniente explicar la situación actual. Luego señalar lo que el gobierno quiere principalmente mejorar; precisar la posición de quienes son mayoría; detallar las compensaciones propuestas por el gobierno; las razones por las que se consideraron insuficientes en la comisión; y las conclusiones políticas y técnicas de esta discusión.

Situación actual:

La Reforma que se quiere cambiar, introdujo dos sistemas alternativos de tributación. Uno el que la empresa paga una tasa de un 25%, y los dueños un impuesto final – Global Complementario o Adicional – de 35%, sobre la totalidad de la utilidad del ejercicio, la que se distribuye en base la participación societaria. El segundo sistema y que aplica al resto de los contribuyentes, grava con una tasa del 27% a la empresa, y a los dueños con una tasa del 44,45% cuando retiran o remesan. Sólo es un 35% cuando se trata de inversionistas extranjeros de países con los que Chile tiene convenio de doble tributación. Se reconoce para las empresas PyMES que se acojan a una norma especial, una operatoria igual a la del primer sistema, con la particularidad de que los ingresos y los gastos se deben reconocer cuando estén percibidos y/o pagados.

Para controlar lo que se atribuye y lo que se retira, más las utilidades acumuladas que no se han distribuido y que provenían de antes de la Reforma, se exigió llevar una serie de registros.

Propuesta del gobierno

Considerando que la diferencia entre pagar 35% y 44,45% obedece no a la renta que se perciba sino a la forma de estar organizados, y que esa diferencia atenta contra un principio basal como es la equidad horizontal, se propone integrar para todos el sistema, de modo que el impuesto final sea el mismo. Atendido además que las empresas PyMES sólo podían acogerse al beneficio de pagar menos, si estaban conformadas de una determinada forma y siempre que pagaran impuesto por la diferencia experimentada por su capital propio, se decidió ampliar la aplicación de este beneficio a todas las empresas que tuvieran ingresos menores a 50.000 UF.

Posición de la mayoría de la comisión

El reconocer el 100% del impuesto como crédito, producirá una merma en la caja fiscal, porque hoy se paga un 44,45% y en el futuro sólo un 35%. Además que quien paga ese mayor impuesto es quien más tiene, por lo que lejos de ser un impuesto regresivo es progresivo.

Atendido lo anterior, el proyecto se rechaza salvo que está merma que se producirá sea compensada.

Compensaciones del gobierno

Que la integración se produzca pero que los retiros o remesas que se hagan en las sociedades se realicen de acuerdo a la participación societaria.

Posición de la mayoría

Insuficiente, porque se supone que esas distribuciones deben hacerse de acuerdo a la participación societaria. Respecto del resto, como es el pagar impuesto por el seguro con ahorro, el SII entiende hoy que deben pagar impuesto, por lo que hacer un cambio en esa parte no modifica el escenario.

Conclusiones técnicas y políticas

La integración es necesaria, porque la diferencia entre un sistema y otro, no responde a que unos tengan más o menos riqueza. De hecho, en el gobierno anterior, el actual Ministro de Justicia, senador Larraín y la Cámara Nacional de Comercio propusieron un sistema progresivo de renta para las empresas equivalentes al que existe para las personas. Había progresividad y justicia. Sin embargo, nadie políticamente lo apoyó.

La argumentación que se dio en la Cámara en orden a que la compensación propuesta es insuficiente, adolece de un error técnico porque efectivamente hoy en el Sistema Parcialmente Integrado se pueden hacer distribuciones asimétricas. Sólo que si se opta por ese sistema el costo es pagar un impuesto final que es un 27% mayor al que paga quien está sometido a renta atribuida.

Lamentablemente en la discusión nadie explicó a los diputados que este cambio legislativo si puede tener un efecto recaudatorio significativo. Se hicieron eco de lo planteado por el diputado Jackson en orden a que las distribuciones en ambos sistemas era simétrica, lo que constituye un error técnico. Respecto del caso de los seguros, ahí tiene un punto, que se salva si en esa parte la ley es interpretativa.

Para salvar esta problemática la CNC planteó que el Impuesto de Primera Categoría se integrara, pero que nunca diera derecho a devolución a sus dueños, independientemente de su porcentaje societario.

Es decir hay alternativas que permiten compensar la integración, lo que no hay o no se vislumbra que lo haya es la voluntad de evitar obtener una ventaja política ante un proyecto que el mismo gobierno calificó de central.

Lo que los políticos no consideran es que el impuesto siempre se traslada y quien termina pagándolo aunque no lo queramos es el que menos tiene, porque las empresas procuraran siempre conservar sus márgenes de utilidad y si estos de algún modo se resienten, lo traslada o a precio – demanda elástica – o de algún modo a sus trabajadores, sea con menos beneficios, fiestas o eventos – si las empresas son grandes -, o lisa y llanamente despidiendo trabajadores, o incluso vendiendo sus compañías a extranjeros, transformándose de empresarios a especuladores o rentistas.

Esperemos por el bien del país, que la oposición revise técnicamente la Reforma Tributaria, y concuerde que un factor determinante para hacer o no una inversión, es la estabilidad normativa, especialmente en lo que respecta a los tributos, ya que queramos o no, el Fisco participa en todos los negocios. Es un socio forzado, del que sólo se pide no abuse del control y la autoridad que tiene. Que no recurra al poder que el Estado le da, para modificar cuando le parezca su participación, y la forma de controlar la parte que se lleva.

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