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Opinión

Deuda pública latinoamericana, ¿un déja vu?

Deuda pública latinoamericana, ¿un déja vu? Deuda pública latinoamericana, ¿un déja vu?

"El derrotero de la deuda externa latinoamericana definirá también los grados de influencia de EEUU y China en la región, en el escenario post COVID19".

24 de Mayo de 2020

La profunda crisis económica en curso está exigiendo un enorme esfuerzo de gasto fiscal, para atender la ola creciente de necesidades de la población de nuestros países, partiendo por la alimentación y otras necesidades básicas. A esto se debe agregar el financiamiento de masivos paquetes de estímulo a la economía, también con cargo al erario fiscal.

Lamentablemente esto sorprende en mal pie a la mayoría de nuestras economías y a nuestros estados. Las razones son varias, desde problemas estructurales hasta coyunturales como la depreciación general de las monedas que han hecho más oneroso el pago de la deuda en dólares. Pero en términos generales, esto se traduce en un abultado déficit fiscal, que en muchos casos ha dejado al Estado sin margen de maniobra en el servicio de su deuda, entrando en cesación de pagos o amenazando con hacerlo. Si para la crisis subprime de 2008-9 la deuda pública latinoamericana promediaba 40% del PIB, actualmente representa 62%. Esta grave situación no solo compromete la reputación de los países y sus opciones de acceso a créditos (fundada en su calificación de riesgo), también impacta en la viabilidad de sus estructuras estatales y sus recursos, en momentos en que estos pueden ser la única alternativa de supervivencia para vastos segmentos de la sociedad. Cada divisa destinada al pago de la deuda, se resta de los fondos que se podrían destinar a mitigar los efectos de la crisis causada por el COVID19.

Aunque son varios los países de América Latina en esta encrucijada, sin duda el más visible por su tamaño, el monto de su deuda (y por lo tanto su impacto en el sistema financiero internacional) y la inminencia de la cesación completa de pagos, es Argentina. Este país recibió en 2018 un crédito récord de USD57.000 millones del Fondo Monetario Internacional. Este préstamo de salvataje, venía amarrado con una serie de requerimientos de austeridad fiscal, que en lo fundamental no se han cumplido por el Estado Argentino, considerando que el país está ya en su tercer año de recesión. Esto ha derivado en una negociación del Gobierno de Alberto Fernández con los acreedores (41% de la deuda pública argentina en moneda extranjera está en manos privadas), incluyendo al FMI, que todavía no llega a destino. Este viernes 22 de mayo, Argentina no pagó un vencimiento de USD500 millones, prorrogando las negociaciones hasta el 2 de junio. Básicamente la petición argentina es establecer una moratoria de 3 años, para después extender el plazo de pago, rebajando los intereses de un promedio del 7% al 2,3%.

Otro caso emblemático, pero con derivadas distintas, es Venezuela. El régimen chavista, por una combinación de voluntad propia y represalias económicas, hace ya varios años que quedó al margen del sistema financiero multilateral formal. Sus fuentes de financiamiento internacional han provenido básicamente de sus aliados políticos, China, Rusia e Irán, ofreciendo como garantía el suministro de petróleo o concesiones para su explotación. Como consecuencia de lo anterior, la única fuente actual de divisas de Venezuela, está básicamente hipotecada al servicio de estos créditos. Ante la desesperada situación que está viviendo el país, producto de la demolición económica realizada por su propio gobierno, Nicolás Maduro ha solicitado al FMI un fondo de emergencia, el que fue denegado por no existir las condiciones requeridas por esta institución para su ejecución. Ante esta situación, es posible un nuevo crédito chino.

Ante la creciente magnitud del problema, es imposible no recordar y revisar lo que sucedió durante los años ochenta del siglo pasado con la deuda en la región, período que por su impacto se conoce como la “década perdida de Latinoamérica”. A comienzos de esa década, varios países entraron en cesación de pagos, lo que derivó en medidas que profundizaron la recesión en curso, extendiendo sus efectos por todo ese lapso. La profundidad de la recesión de esos años que golpeó con particular fuerza a nuestra región, significó una serie de consecuencias, varias más graves que aquellas de la Gran Depresión. Al igual que en este episodio anterior, se desataron importantes transformaciones, que cambiaron el rostro político y económico de la región.

Entre los cambios importantes, estuvo el fin de los regímenes militares y la recuperación de la democracia en prácticamente todo el hemisferio. También significó el paso de economías de fuerte participación estatal y proteccionistas, a la apertura de mercados, con la privatización de la mayoría de las empresas públicas y la llegada de capitales extranjeros. Esto significó también una precarización y empobrecimiento de una alta proporción de la población, con una reducción de la cobertura estatal en materia social. Esto se comenzó a revertir a partir de los noventa, pero fue solo durante la primera década de este siglo que se borraron sus efectos, instalando un nuevo patrón de bienestar para la mayoría.

La situación actual podría derivar en la otra cara de la medalla. Los gobiernos democráticos, aún mayoritarios, se ven acosados por presiones de grupos anti sistema y populismos, lo que se ve agudizado por una pérdida de confianza en las instituciones y una aceptación social cada vez mayor de alternativas autoritarias. En el ámbito económico, la ola de quiebra en curso de las empresas locales podría dar lugar a un proceso masivo de nacionalización, o al menos en algunos sectores considerados de giro estratégico. Todo esto con un retorno a una economía más proteccionista.

¿Quién gana y quien pierde influencia en la región?

El derrotero de la deuda externa latinoamericana definirá también los grados de influencia de EEUU y China en la región, en el escenario post COVID19. Si bien una proporción importante del crédito destinado a América Latina se origina en fondos privados relacionados con EEUU y de entidades financieras multilaterales en las cuales este país tiene un peso importante, en el plano bilateral, desde el 2005, China ha prestado más de USD150 billones a estados y empresas de América Latina. Los principales receptores (y deudores) de estos fondos son Venezuela (67), Brasil (29), Ecuador (18), Argentina (17). Habrá entonces que observar atentamente cómo se comporta cada uno de estos países, en este juego por la influencia regional. China, que ha apostado fuertemente en su estrategia hacia la región en la última década, es quien más puede ganar, pero también perder.

¿Cómo evitar repetir el alto costo social pagado hace casi 40 años?

La clave está en acuerdos con los acreedores que permitan a los estados pagar con facilidades, evitando medidas de shock en materia de austeridad, en momentos en que la población requiere de apoyo económico, que solo el Estado puede proveer masivamente. La experiencia anterior dejó en evidencia que la abrupta reducción del gasto fiscal profundizó el problema. Por eso el G20 declaró una moratoria de pagos para los países más pobres (casi 80 beneficiados, aunque solo 2 latinoamericanos: Honduras y Nicaragua), hasta fines del presente año.

Obviamente “el diablo está en los detalles”. ¿Dónde está la delgada línea que permite a un Estado deudor cumplir su indispensable rol social y apoyar la recuperación económica, pero al mismo tiempo tomando medidas serias y graduales de reforma fiscal, para asegurar su viabilidad presupuestaria y cumplir con el pago de su deuda?

Lo que se resuelva por tanto en la negociación de Argentina con sus acreedores, definirá el rayado de cancha para el resto de los países de la región. Aunque este país tiene un accidentado historial en materia de servicio de su deuda, lo que justifica el recelo de los acreedores, es importante que los organismos multilaterales y en especial el FMI, consideren el trasfondo de cómo esto puede impactar al resto, al momento de acordar las nuevas condiciones. Desde esa óptica puede ser una oportunidad para fortalecer un alicaído sistema internacional y cumplir un rol más efectivo en la superación de este difícil período. No estar a la altura de esta expectativa podría ser un golpe fatal para el futuro del FMI y de los otros organismos financieros multilaterales.

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