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Opinión

El juicio abreviado del caso Penta

El juicio abreviado del caso Penta El juicio abreviado del caso Penta

"A Pablo Wagner se le entregaron dineros. Lo que no está acreditado es el acto de Wagner a favor de Penta o sus socios".

Patricio Artiagoitia

Por


Empresario, Ingeniero civil Industrial y magister en Economía.

La semana pasada se dio la autorización para el juicio abreviado contra los imputados del caso Penta. Con esto se reconoce delito tributario de los principales involucrados (Délano, Lavín y Wagner) y se aceptó el cargo de enriquecimiento ilícito de Wagner. Como parte del acuerdo se condenaría a 4 años de cárcel con pena remitida a Délano y Lavín y 2 años de cárcel con pena remitida además de 3 años de inhabilidad para ocupar puestos públicos para Wagner. Adicionalmente, Délano y Lavín tuvieron que compensar el perjuicio fiscal pagando US$ 9 millones además de una multa que debe fijar el SII. Wagner, por su parte, debió restituir al fisco los $45 millones recibidos.

Inmediatamente conocido el acuerdo, las críticas se centraron en la eliminación del cohecho para estos imputados. La gran mayoría de quienes lo cuestionan argumentan contra el hecho de que se haya sacado de la acusación.

¿Actuó bien la fiscalía?

Creo que sí.

En primer lugar, la fiscalía obtuvo condenas para casi todos los delitos incluidos en la formalización inicial. Todos los imputados serán condenados por delito tributario, no hay hechos constitutivos de este delito que estén quedando libre de condena. Además, se condenará el enriquecimiento ilícito de Wagner. En segundo lugar, a través de restituciones y multas, se recuperará todo el perjuicio fiscal.

¿Por qué la crítica entonces?

Por la desaparición del delito de cohecho y soborno en la acusación de Délano, Lavín y Wagner.

Dos son los argumentos para criticarlo.

Primero, está el argumento de que, si no hay delito de cohecho, eso lo debe decidir el juez y no la fiscalía. La fiscalía está para acusar, no para perdonar.

Por otro lado, están los dineros entregados a Wagner mientras era subsecretario de Minería y ciertas gestiones realizadas por este que favorecían a los controladores de Penta.

El primer argumento es errado. La fiscalía debe presentar acusaciones que tengan verosimilitud. La fiscalía no puede ni debe presentar cargos sin evaluar los hechos que la sustentan. De hecho, la naturaleza de juicio abreviado establece una acuerdo de las partes sobre los hechos constitutivos de delito. Si este acuerdo fuera idéntico a todas las acusaciones de la fiscalía, siempre sería preferible el juicio oral. Por lo mismo, la fiscalía debe ponderar sus opciones y buscar un acuerdo intermedio.

Esto lleva al segundo argumento, el que debería ser el único. ¿Es viable o no una acusación de cohecho?

Todo indica que no. El delito de cohecho/soborno en Chile, exige dos actos, el del pago al funcionario público y la contraprestación de éste favoreciéndolo con un acto propio de su cargo. Lo primero puede estar acreditado. A Pablo Wagner se le entregaron dineros. Lo que no está acreditado es el acto de Wagner a favor de Penta o sus socios. En esto coinciden casi todos los penalistas. Lo más cercano, es un mail de Wagner recomendando a Lavín para el directorio de Codelco. Sin embargo, nombrar al directorio de Codelco no está dentro de las responsabilidades de su cargo. Las platas a Wagner son antiestéticas y antiéticas. Pero sin contraprestación no son soborno/cohecho.

¿Qué son? Enriquecimiento ilícito. Wagner recibió esos recursos sin dar servicio alguno a quien le pagaba. Por ese delito será condenado.

En resumen, no parece haber soborno o cohecho. Todos los demás delitos imputados terminarán con condena. Las críticas del CDE, los ex fiscales, la ONG llamada “Ciudadano inteligente”, los periodistas, etc, se hacen eco del deseo de linchamiento que se instala en las sociedades cuando hay cualquier caso penal de interés público. El papel del sistema judicial consiste, precisamente, en no dejarse llevar por ese deseo y castigar sólo aquellos delitos que están acreditados en un juicio y con una pena objetiva y proporcional a la gravedad de los hechos.

Es fácil en estos tiempos de ciudadanos omniscientes en redes sociales, dejarse tentar por el populismo penal. Es una garantía para todos los ciudadanos, saber que ni la fiscalía ni los tribunales, están cayendo en esa tentación.
Falta para el futuro discutir si se debe transformar en delito el simple pago a un funcionario público, como no lo es, el desempeño de la fiscalía ha sido impecable.

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