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Opinión

La novia tampoco tenía certeza jurídica

La novia tampoco tenía certeza jurídica La novia tampoco tenía certeza jurídica
Patricio Herman

Por


Presidente Fundación Defendamos la Ciudad

A raíz del grotesco episodio de la joven e inexperta ingeniera comercial, señorita Fernanda Bachelet, nominada a dedo con un alto sueldo por el presidente Piñera como agregada comercial en Nueva York, EEUU, ciudad en donde está radicado su novio, con quien tiene previsto contraer matrimonio en un par de meses más, supimos que la aludida es hija de Ricardo Bachelet, muy amigo y socio en emprendimientos inmobiliarios del actual mandatario, quien en estas actividades mercantiles inició su considerable fortuna.

Gracias a las facilidades que nos entrega internet, Piñera incursionaba en este tipo de lucrativos negocios con sus inseparables colaboradores José Cox e Ignacio Guerrero, aparte del nombrado Bachelet y por ello no nos debe extrañar en absoluto el amiguismo desenfrenado empleado por quien ejerce el mando de la nación.

En todo caso, leyendo un reciente comunicado de prensa de ProChile, dependiente de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Direcon, del Ministerio de Relaciones Exteriores, supimos que su jefe, Jorge O`Ryan, también actor inmobiliario, había decidido reducirle el sueldo a la agraciada en el 25% en aras de la necesaria economía de recursos en la función pública, dejando entrever en su texto que la novata diplomática ya no es soltera, pues allí se le menciona como “la Sra. Fernanda Bachelet”. Desde esta tribuna la felicitamos por su nuevo estado civil, reconociendo en todo caso el acierto noticioso del periodista J.P. Sallaberry, @jotapez, del diario La Tercera.

Lamentamos sinceramente que esta joven profesional esté durante tantos días en el ojo del huracán y los causantes del desatino son su propio padre inmobiliario y su marido arquitecto, quienes hasta ahora se han mantenido mudos, no han dicho una sola palabra en defensa de ella o por lo menos no la han aconsejado para que presente su renuncia indeclinable al cargo que ostenta desde hace unos meses atrás.

Ya que hemos aludido a La Tercera, este diario de circulación nacional publicó el sábado 29 de diciembre de 2018 un editorial titulado “Contraloría y permisos de construcción”, expresando propuestas sobre la certeza jurídica que debieran tener ese tipo de actos administrativos municipales.

Entre otras cosas allí se decía que “resulta evidente que a esta situación se le debe dar una salida legislativa, tal que los derechos de los desarrolladores inmobiliarios y de aquellas partes que se pudieran sentir perjudicadas por la realización de un proyecto se vean debidamente armonizadas. Ello implica que las direcciones de obras sean reconocidas como la instancia técnica definitiva, y donde las controversias sean resueltas ante los tribunales, evitando que la Contraloría deba asumir roles jurisdiccionales”. (sic)

Debido a que la idea de quitarle atribuciones a la Contraloría era un simple y lamentable desvarío del redactor del editorial, sobre la marcha le enviamos una carta al director del medio, aclarando la situación y así fue como el jueves 3 de enero reciente se publicó nuestra nota, ver acá.

La Tercera no tenía ninguna obligación de dar a conocer nuestra opinión sobre el rol que ejerce la Contraloría y si lo hizo, a la luz de la compresión de dicha carta, significa que privilegió la libertad de expresión en resguardo de la verdad jurídica y administrativa sobre la materia que deben tener en cuenta sus lectores.

Avalando lo que ya dijimos, en orden a que no se pueden impedir las acciones de la Contraloría, también es pertinente recordar lo dispuesto en el artículo 51, de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades: “Las municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República, de acuerdo con su ley orgánica constitucional, sin perjuicio de las facultades generales de fiscalización interna que correspondan al alcalde, al concejo y a las unidades municipales dentro del ámbito de su competencia.”

Por último, recomendamos a todos los interesados a que lean la Ley Nº 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría, en especial al abogado de apellido Mori quien, dentro del litigio judicial por los guetos verticales en la comuna de Estación Central, declarados ilegales por la Contraloría, acusó al autor de esta columna por los contenidos de sus artículos de prensa y entrevistas. Lo hizo en la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante un téngase presente, en su solicitud de orden de no innovar para que no tuviera efecto el dictamen de la Contraloría. Los magistrados no se impresionaron en lo más mínimo con la información que les suministró dicho jurisconsulto inmobiliario y así fue como se rechazó la pretendida orden de no innovar. Constatamos entonces que el denunciante fue por lana y salió trasquilado.

Tampoco podemos perder de vista que en los 2 últimos días, algunos medios de prensa, divulgaron 2 recientes informes de auditoría de la Contraloría que dejaron muy mal a las Direcciones de Obras de las Municipalidades de Santiago y Valparaíso en lo que dice relación a los otorgamientos de permisos de edificación. Ya conoceremos nuevos informes de auditorías en otros municipios que dirán lo mismo, pues el despelote es a nivel nacional.

Así las cosas, por un lado queda de manifiesto que el sueldo de la novia, ahora ya casada civilmente el 26 de diciembre de 2018, no tenía certeza jurídica pues el gobierno se lo disminuyó y por otro lado, la Contraloría continuará fiscalizando todas las actuaciones municipales, con lo cual la certeza jurídica de los permisos de edificación estará supeditada siempre a la correcta aplicación de la ley por parte de los funcionarios que ejercen el cargo de Director de Obras. De esta manera, los privados solicitantes de permisos deberán tener consciencia de que no pueden valerse de sus propios dolos o culpas para obtener beneficios adicionales en sus proyectos de inversión.

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