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Opinión

La nueva ley de educación superior y el sentido común

La nueva ley de educación superior y el sentido común La nueva ley de educación superior y el sentido común

"La legislación propuesta por la presidenta Bachelet y aprobada en nuestro Congreso está reñida con el sentido común...".

José Pedro Undurraga Izquierdo

Por


Ingeniero Comercial PUC, MBA U of Chicago y académico. Director AIEP, ex rector de INACAP y actual gerente general de Inmobiliaria Educacional SpA.

El presupuesto fiscal para educación ya ocupa el 23 % del gasto fiscal anual. El gasto fiscal para educación asigna app. 20% para educación superior lo que mantiene una tendencia en gasto per cápita casi 57% mayor para educación superior que para el promedio de primaria y secundaria, lo que evidencia que el discurso de la igualdad de oportunidades no comulga con la distribución de los dineros.

La gratuidad para la educación superior supone una carga significativa y permanente sobre el gasto fiscal, que debe cubrir además crecientes necesidades en otras áreas de gasto social, así como mejoras en la calidad de las etapas previas de la educación pública. La presión sobre el gasto en educación superior que conlleva la promesa de gratuidad será controlada por la vía de requisitos para acceder a ella, tanto para instituciones como para estudiantes.

Muchos estudiantes se notificarán prontamente que la educación superior será gratis pero no para ellos y en especial no para los más pobres. Las instituciones, a través de la fijación de los aranceles y la limitación al número de estudiantes, verán sacrificada su autonomía tanto académica como financiera, además de su calidad.

El nuevo sistema de financiamiento prohíbe el copago totalmente para algunos deciles y parcialmente para otros, y obliga a todas las universidades a incrementar sus grados de complejidad. En palabras sencillas, la nueva ley baja los aranceles al eliminar el copago y les sube los costos al obligarlas a prestar servicios diferentes a los que prestaban antes de la reforma.

Esto estrangulará al sistema y en el futuro es altamente probable que observemos: una reducción en el número de alumnos que accedan a la educación superior; numerosas instituciones caer en insolvencia; otras cayendo en incumplimiento de la ley de aseguramiento de la calidad; una pérdida de autonomía de las instituciones que logren sobrevivir; así como una creciente intervención directa del estado en las demás.

Cuando era pequeño mi madre muchas veces me pidió que corriera a la cocina a levantar la válvula de la olla de presión, cuyo pito sonaba acusando alarmantemente que la presión superaba lo que la olla podía soportar. Nuestras autoridades pusieron a calentar el sistema de educación superior, al tiempo que se encargaron de eliminar válvulas que permitieran bajar la presión cuando el calor alcance niveles insoportables. Esperemos que el proyecto de nuevo crédito estudiantil no termine por cerrarlas por completo.

La legislación propuesta por la presidenta Bachelet y aprobada en nuestro Congreso está reñida con el sentido común y presagia un oscuro futuro para la educación superior, como lo han anticipado algunos rectores, de dentro y fuera del CRUCH. Unos por unos motivos, otros por otros, pero parece haber coincidencia en que habrá problemas en el futuro, que para algunas instituciones ya se están manifestando. ¿Será necesario que ello se agrave, antes de enmendar el rumbo?

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