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Opinión

No existe rendición de cuentas efectiva, sino se construye en conjunto con la ciudadanía

No existe rendición de cuentas efectiva, sino se construye en conjunto con la ciudadanía No existe rendición de cuentas efectiva, sino se construye en conjunto con la ciudadanía

"Una rendición de cuentas adecuada puede ser una oportunidad para fortalecer la confianza en las instituciones chilenas y promover una mayor participación ciudadana en el debate público".

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Coordinador de Networking y Comunicaciones de la Fundación Observatorio del Gasto Fiscal.

15 de Enero de 2019

Existe un panorama complejo en América Latina, la corrupción y mal uso de los recursos públicos carcome las instituciones democráticas de forma vertiginosa. La desconfianza se apodera de las sociedades y debilita la cultura ciudadana, algo muy perjudicial para una sana deliberación política.

Bajo este contexto, Chile se encuentra dentro de una proyección favorable. La transparencia como política pública por parte de los distintos gobiernos, se puede apreciar. Instituciones como el Consejo para la Transparencia o los portales de Datos Abiertos del Gobierno son reconocidos por organizaciones de la sociedad civil, académicos y organismos internacionales. Existe una independencia fuerte de los Poderes Públicos y no existen altos niveles de impunidad. Como se suele decir: “En comparación al resto de Latinoamérica, Chile se encuentra muy bien”.

Sin embargo, existe una desconfianza latente. Según, el último informe de Latinobarómetro 2018, cerca de 84% de los chilenos manifiesta que la democracia tiene problemas. Además, solo 4 de cada 10 chilenos, se muestra satisfechos con la democracia.

Estas cifras implican una serie de retos que, la sociedad chilena debe asumir en su conjunto, especialmente para evitar cualquier problema al mediano y largo plazo. En función de eso, uno de los pasos fundamentales debe ser un avance sustancial, en informar sobre el que hacer del régimen democrático, en otras palabras, en la rendición de cuentas por parte de las instituciones del Estado, especialmente en relación al gasto público.

Normalmente, cuando se menciona este punto, las autoridades gubernamentales suelen responder de forma automática, que todos los datos están publicados en determinados sitios web, que no se está ocultando nada, que no existe ningún tipo de restricción. En parte, esto es cierto. No hay impedimentos legales que nieguen a los ciudadanos conocer las ejecuciones de ciertas políticas o programas.

Pero desde las instituciones, se suele olvidar una premisa básica de la comunicación, no todos los datos son información; y no la toda información se puede comunicar de manera eficaz. Todo está condicionado bajo un contexto y un horizonte de conocimiento, siempre limitado
. Esto trae ciertas interrogantes como ¿La transparencia es igual a rendir cuentas? o ¿Brindar información compleja para informar sobre la gestión del Gobierno es igual a rendir cuentas?

Podemos encontrarnos frente a un paradójico juego, donde los funcionarios públicos creen que cumplen a cabalidad sus labores de transparencia y rendición de cuentas. Pero, no se detienen a pensar, si esos datos son comprensibles para la ciudadanía o si al menos se corresponde con las exigencias de información por parte de la gente.
Simplemente, se ciernen a la Ley. Mientras tanto, en el otro lado de la vereda, los ciudadanos pueden verse impotentes al no poseer el conocimiento necesario para comprender los datos que brinda el Gobierno.

Esto no es un problema menor, ya que este efecto puede contribuir a una falta de desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones. Por esa razón, hoy resulta pertinente identificar cuáles son las brechas de información que existen en la rendición de cuentas del Estado, no solo por la importancia a nivel de la transparencia, sino para contribuir al fortalecimiento de esa confianza vital para la deliberación política y la búsqueda de acuerdos.

Bajo esta línea, desde la Fundación Observatorio del Gasto Fiscal en colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicamos el estudio “Brechas de Rendición de Cuentas del Gasto Público: Comparación de expectativas ciudadanas versus el estado de la transparencia fiscal en Chile”. Esta investigación dirigida por Jorge Rodríguez Cabello es un primer intento para identificar como país, las principales brechas de información sobre el gasto público en Chile; y así contrastar, entre las necesidades de distintos actores de la ciudadanía, y la información que actualmente publican las instituciones públicas.

La importancia de este estudio, recae principalmente en los hallazgos sobre las necesidades de información del gasto público por parte de múltiples actores de la sociedad chilena como organizaciones no gubernamentales, universidades, analistas financieros, periodistas y grupos vecinales. Además, se brinda una serie de sugerencias a nivel técnico y de buenas prácticas para seguir avanzando en la rendición de cuentas.

Pero, la idea principal de un estudio de esta magnitud, considerando el panorama de desconfianza y el contexto internacional, subyace en que sólo será posible una rendición de cuentas efectiva y con impacto, si los parámetros de presentación se construyen en concordancia con la participación y las necesidades de la ciudadanía.

Si se analiza, desde una perspectiva amplia y en miras a la modernización del Estado democrático. Resulta necesario contar con mecanismos de control ciudadano eficaces para el adecuado funcionamiento del sistema. Por eso, puede ser un poco ingenuo delegar de forma exclusiva los criterios de rendición de cuentas a los mismos funcionarios que la sociedad busca fiscalizar.

Es necesario entablar conversaciones y diálogos entre los distintos actores sociales e instituciones públicas, para así determinar cómo cerrar esas brechas de información en la rendición cuentas del gasto público. Que los datos se puedan transformar en información útil para la sociedad y su derecho de control ciudadano debe ser una meta compartida. Si se cumple parte de los compromisos del 4to Plan de Acción del Gobierno Abierto por parte de la Dirección de Presupuestos, referente a la creación de un Consejo de la Sociedad Civil, amparado en Ley 20.500, sería un buen primer paso en esa dirección.

Una rendición de cuentas adecuada puede ser una oportunidad para fortalecer la confianza en las instituciones chilenas y promover una mayor participación ciudadana en el debate público. En una época, donde las conversaciones se disminuyen dentro de significantes vacíos, impulsando argumentos radicales, desde la ignorancia y la frustración. Aplicar parte de las propuestas sugeridas en este estudio, resulta algo tremendamente innovador y positivo para el país.

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