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Opinión

Un país capturado

Un país capturado Un país capturado

"Para la autoridad, lo urgente es terminar con el conflicto lo antes posible y evitar mayores costos políticos. ¿Cuántos funcionarios del Registro Civil fueron sancionados por la larga huelga ilegal por todos conocida?".

11 de Julio de 2019

Llama poderosamente la atención un fenómeno que va en fuerte aumento en Chile. Nos referimos a la captura del Estado y crecientemente de todo el país, entendiendo por tal las acciones de determinados grupos de presión que logran apoderarse – literalmente -de determinadas áreas del país o del Estado. Se trata principalmente de instituciones que prestan servicios, diseñan y ejecutan políticas públicas, o administran bienes básicos para todos los chilenos. Desgraciadamente el problema ha escalado a tal punto que ya se podría hablar del una captura del país, no sólo del Estado.

Esos grupos de interés buscan impedir el desarrollo de muchas actividades legítimas y legales, aprovechando que su acción impone costos tan altos a la sociedad qué les permite lograr sus objetivos. Lo consiguen denegando la circulación de personas, el uso de bienes públicos, e incluso el destrozo de los mismos, la ruptura abierta del orden público, y hasta la comisión de delitos.

¿Necesitaré dar ejemplos? Podría dar una larga lista pero mencionaré sólo algunos: hace poco, los trabajadores portuarios de Valparaíso; periódicamente, el gremio de la salud (CONFUSAM); los sindicatos de Codelco; el Colegio de Profesores; los estudiantes de muchas regiones, los funcionarios públicos de diversos servicios fundamentales para el normal desarrollo la vida cotidiana del país (Registro Civil, Aduanas), etc, etc. Estos grupos de presión no sólo son capaces de saltarse olímpicamente leyes que obligan a todos los ciudadanos, sino que también generan problemas y costos para una enorme cantidad de compatriotas que no tiene nada que ver con sus demandas. Así generan enormes costos para el País. Pero no les importa mientras les sirva para “defender sus derechos” (o adquirir nuevos) y obtener “justicia” y lo que “se exige” o lo que “les pertenece”. Y esto no ocurre solamente en Santiago. A menudo es más grave y dañino lo que ocurre en muchas regiones.

¿Alguien piensa que Chile realmente podrá ser parte de corredores bioceánicos para Brasil o Argentina mientras sigan las prácticas de los gremios portuarios chilenos, que paralizan justo para la llegada de los cruceros o en la temporada exportadora clave para la fruta? Se pide autorización para una marcha por la principal avenida del país y la autoridad casi siempre la concede, sabiendo que van a ocurrir numerosos destrozos e impidiendo que el resto de la ciudad desarrolle sus actividades normales, a las cuales también tienen todo el derecho. Trate usted de bucear o navegar cerca de una caleta de pescadores y lo pueden correr a balazos, porque los productos costeros “les pertenecen”. Lo mismo se observa con los funcionarios del aeropuerto y otras entidades semejantes. Al final, siempre “la culpa es de las autoridades, que son intransigentes”.

Me parece que la estrategia de estos grupos de presión es de una cobardía sistemática, al utilizar las necesidades o carencias de las personas más modestas que necesitan de servicios públicos como instrumentos de presión para lograr sus objetivos. Para la autoridad, lo urgente es terminar con el conflicto lo antes posible y evitar mayores costos políticos. ¿Cuántos funcionarios del Registro Civil fueron sancionados por la larga huelga ilegal por todos conocida?
Da la sensación que el País está sufriendo el síndrome de “La rana en la olla hirviendo”. Este consiste en poner una rana en una olla de agua al fuego y que se va calentando poco a poco; la rana se va acostumbrando paulatinamente hasta que, cuando el agua está tan caliente, muere porque ya es tarde para saltar fuera.

Con el correr de los años nos hemos ido acostumbrando a las acciones de diversos grupos de presión que van conquistando pedazos del Estado o del país, sin que nadie reaccione para ponerle un freno efectivo. Ya sea por razones políticas; por razones de DDHH; por razones de conveniencia electoral o lo que sea. Pero no hay mayor reacción pese a los innegables daños para todos.

¿Realmente alguien cree que es posible modernizar el Estado con este tipo de prácticas y conductas? En el mejor de los casos se podrán modernizar aquellos pocos servicios públicos que cuenten con el visto bueno de los respectivos grupo o que aún no hayan sido cooptados. Así, de repente nos vamos a dar cuenta que ya es demasiado tarde. Que el Estado y el país en general ya está entregado “en concesión” a grupos de presión minoritarios pero audaces. Entonces habrá muerto la mejor época histórica de esta nación que con tanto sufrimiento creíamos haber logrado construir.

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