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Opinión

Venezuela y la No intervención

Venezuela y la No intervención Venezuela y la No intervención

Lo peor sería un silencio cómplice desde las Cancillerías Latinoamericanas frente a un proceso político venezolano que pone más incertezas respeto de la protección de los derechos humanos.

Jaime Abedrapo

Por


Doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y Director de la Federación Palestina de Chile.

Fue el Presidente estadounidense James Monroe (1823) quien al oponerse a la intervención de las potencias europeas en el nuevo continente Americano, inició los primeros contornos de lo que se conocerá como el Principio de No Intervención o Injerencia en Asuntos Internos.

En efecto, el principio en comento fue un elemento central en la construcción de un nuevo orden mundial impulsado desde Washington. Potencia que instrumentalizó el principio a su favor a objeto de establecer su zona de influencia y dominación. Esta situación ha sido conocida desde Latinoamérica como Imperialismo, el cual recibió sus directrices más particulares con el Presidente Teodoro Roosevelt (1904). Esta política de “influencia” dio otro cariz al Principio de No Intervención en los Asuntos Internos por parte de los países de América Latina, ya que estos han intentado defender su soberanía de la manipulación y extorsión con las que habitualmente actúa la potencia estadounidense.

Para fines de la Segunda Guerra Mundial se asentó en la estructura jurídica del sistema interamericano el Principio de No Intervención, quedando cautelado en la Carta de la OEA (1948) y desde allí tuvo una relevante influencia sobre el sistema de Naciones Unidas, el cual en su artículo 2.7 sostiene que “ninguna disposición de esta Carta autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados”. Así se prohíbe la intervención no sólo de la organización, sino también de los Estados miembros.

Hasta acá se comprende la defensa que algunos (muy pocos) hacen del proceso político eleccionario que presenta el gobierno de Venezuela para salir de su actual crisis política – institucional – en la que está sumergida. Los leales al chavismo o socialismo del siglo XXI sostienen que la Declaración del Grupo de Lima, y otras acciones diplomáticas de países de la región, han transgredido el Principio de No Intervención.

Al respecto, primeramente debemos considerar que la denominada “competencia nacional exclusiva”, que está resguardada tras el principio de defensa de la soberanía (la no Intervención), tiene límites desde la perspectiva del avance normativo respecto de la legitimidad de protección de los derechos humanos.

El consenso en materia del régimen internacional de los derechos humanos transita hacia una aplicabilidad directa de estos derechos, es decir, no están los Estados de por medio en la interpretación de ellos, puesto que los sujetos de derecho son las personas mismas y no es el Estado quien los interpreta. Por tanto, ningún proceso político puede ser contradictorio a salvaguardar o garantizar los derechos consagrados dentro del ámbito de las normas Imperativas, es decir, los derechos tales como la libre asociación, libertad de expresión, juicio justo, elecciones libres, entre muchos otros. Por ello, la dependencia de los tribunales de justicia en Venezuela al poder Ejecutivo, por señalar un elemento fundamental para un proceso eleccionario creíble, quita legitimidad a la propuesta del Presidente Maduro.

Por supuesto que los Golpes de Estado, como han insinuado quienes promueven un levantamiento militar para superar la crisis venezolana, están lejos de otorgar las condiciones para que se respeten los deberes que imponen los tratados de derechos humanos. Esa propuesta se comprende desde la perspectiva geopolítica y las relaciones de poder, pero en absoluto da cuenta de una salida política que atienda al interés de los venezolanos por superar su crisis política, sino que más bien empuja hacia una dominación ideológica al servicio de intereses políticos, comerciales y/o financieros, algo muy parecido a los lineamientos heredados desde los tiempos de Roosevelt.

El derecho internacional, en un mundo menos coherente con el respeto de los derechos humanos, ha aceptado fundamentar la protección de los derechos humanos como esencial, incluso como un objetivo más trascendente que los derechos estatales.

Sostener que todos los países de Latinoamérica han caído bajo el influjo de la política exterior de Estados Unidos, y que TODOS (menos Bolivia) están por no aceptar el Principio de No Intervención, es solamente explicable cuando la ideología imposibilita la comprensión de la realidad.

Por último, lo peor sería un silencio cómplice desde las Cancillerías Latinoamericanas frente a un proceso político venezolano que pone más incertezas respeto de la protección de los derechos humanos, en esta ocasión, de los hermanos venezolanos.

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