Educación

Superintendencia de Educación Superior fiscalizará implementación de ley contra acoso y discriminación

El plan de revisión incluye a todas las casas de estudio del país, priorizando a aquellas que se encuentren en procesos de acreditación.

La SES revisará el cumplimiento de las nuevas políticas en materia de acoso, discriminación y violencia de género en las instituciones. AGENCIA UNO/ARCHIVO
La SES revisará el cumplimiento de las nuevas políticas en materia de acoso, discriminación y violencia de género en las instituciones. AGENCIA UNO/ARCHIVO

La Superintendencia de Educación Superior (SES) aprobó el primer plan de fiscalización a las instituciones de educación superior para constatar el cumplimiento de la Ley 21.369, que busca prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas, la que entró en vigencia el 15 de septiembre.

El plan contempla la solicitud de información sobre la implementación de algunas medidas, como el establecimiento  de una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, que contenga un modelo de prevención y un modelo de investigación y sanción.

A ello se suma la creación de unidades responsables de la implementación de las políticas, planes, protocolos y reglamentos sobre violencia y discriminación de género; y de llevar o cabo los procesos de investigación y sanción del acoso sexual, la violencia y la discriminación de género y de protección y reparación de las víctimas.

Junto con esto, las instituciones de educación superior deberán trabaja en una estrategia de comunicación que garantice que las políticas, planes, protocolos y reglamentos sean conocidos.

La SES podrá ordenar la realización de acciones de fiscalización específicas sobre aquellas instituciones de educación superior en que se requiera contar con mayores antecedentes respecto a las materias objeto de fiscalización, o bien cuando se tome conocimiento de reclamos y denuncias presentados por parte de las comunidades educativas relacionadas con dicho ámbito.

En la selección de las instituciones a fiscalizar, la Superintendencia priorizará a las que se encuentren en proceso de acreditación institucional ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA); las que presenten reclamos y denuncias relativas a acoso sexual, discriminación y violencia de género; que presenten retrasos o inconsistencias en la información reportada a este organismo fiscalizador; y otras elegidas por muestreo aleatorio estratificado.

El organismo podrá instruir los procedimientos administrativos sancionatorios que correspondan, respecto de aquellas instituciones que no acrediten haber dado cumplimiento a una o más de las obligaciones contenidas en la nueva ley.

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