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3 de Marzo de 2011

Familia Allende plantea reparos a posible exhumación a juez Carroza

Durante una hora se reunieron este jueves la hija del presidente Salvador Allende, la senadora Isabel Allende, con el juez Mario Carroza, a cargo de investigar las causas de la muerte del ex mandatario.

 

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Durante una hora se reunieron este jueves la hija del presidente Salvador Allende, la senadora Isabel Allende, con el juez Mario Carroza, a cargo de investigar las causas de la muerte del ex mandatario.

 

A la reunión, sostenida en forma reservada en el despacho del magistrado, también asistió la abogada Pamela Pereira, quien junto al jurista Hernán Quezada representarán a la familia Allende en el proceso.

 

A la salida, la legisladora del PS aseguró que es muy importante para el país desarrollar la investigación por la muerte de su padre, aunque, aseguró, eso no pone en cuestionamiento que el suicidio haya sido la causa de muerte del ex presidente.

 

La familia tiene su propia convicción y está formada no de forma antojadiza y no vamos a poner en duda las versiones del doctor Guijón u Oscar Soto. Pero es distinto que haya una investigación desde el punto de vista del país histórico. Una cosa es la convicción que no ponemos en duda y otra cosa es el contexto y las circunstancias que lo llevaron a ello”, explicó la parlamentaria.

 

En ese contexto, Allende precisó que no cree necesario practicar una autopsia a su padre, toda vez que tras la vuelta a la democracia y antes de su traslado desde Valparaíso a Santiago, sus restos ya habían sido analizados. “Ya la hicimos el año 90′. Antes de proceder al traslado de sus restos hubo una exhumación y por lo tanto eso ya existió. Y por lo tanto eso ayuda a confirmar lo que han sostenido los médicos”, concluyó.

 

El juez Mario Carroza, en tanto, ya se comunicó con el doctor Patricio Guijón para interrogarlo. De acuerdo a fuentes de la investigación la próxima semana se concretaría la diligencia.

 

En ese plano el abogado querellante por el Movimiento Socialista Allendista, Roberto Ávila, solicitó al magistrado los nombres de los pilotos de los aviones Hawker Hunter que bombardearon La Moneda el 11 de Septiembre de 1973, y de otros oficiales que autorizaron o dirigieron la misión.

 

En cuanto al sentido de esta petición el abogado Ávila dijo que “el bombardeo a La Moneda se constituye en si mismo en el delito de homicidio calificado en grado de frustrado, independientemente de las circunstancias en que el presidente Allende muriera en definitiva. Son dos hechos jurídicamente independientes y el primero de acuerdo al articulo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional suscrito por Chile es un delito de lesa Humanidad; imprescriptible e inamistiable”.

 

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