Cornejo admite “chascarro” en proyecto que permite a empresas financiar la política: “Hoy me di cuenta”

Si bien hace 22 días en la Comisión de Constitución una serie de parlamentarios impulsó un pequeño “agregado” en el proyecto de ley de “Fortalecimiento de la democracia”, el cual en pocas palabras permite la donación de empresas a los partidos políticos, hoy algunos de ellos se están preguntando qué estaban pensando o cómo estaban redactando.

Esto, porque el cambio en el artículo 33 del cuerpo normativo, que pone límites en los aportes de no más de 500 UF al año por parte de personas naturales o jurídicas, contraviene por completo lo que planteó tanto la Comisión Engel como también la Presidenta Bachelet.

Uno de los 9 diputados -de un total de 13- que impulsó aquel cambio, el DC Aldo Cornejo, manifestó que no fue en el debate legislativo, sino hoy cuando la indicación fue cuestionada por la prensa, cuando se dio cuenta de que la indicación podía ser polémica: “Para qué voy a mentir. Hoy día me di cuenta de que es una pésima indicación. Lo resolvimos mal”.

Ésta ha sido una jornada de discusiones en el Congreso respecto a este tema, cuya polémica se levantaba desde ayer. Ex integrantes de la Comisión Engel, como Claudio Fuentes entre otros, alertaban de la situación.

Para hoy estaba programada la discusión del proyecto, en la Comisión de Hacienda de la Cámara, y luego sería votado, con suma urgencia, en Sala. Sin embargo, finalmente este debate se aplazó hasta la próxima semana porque el Ejecutivo aún no ingresa las últimas indicaciones al proyecto.

No obstante, a tal nivel llegó el repudio de este cambio a la norma que la Izquierda Cristiana y el Partido Comunista presentarán este martes una propuesta de cambios a la iniciativa. Esto tendría por objetivo justamente prohibir todo tipo de aporte de personas jurídicas a la política, tanto a los partidos como a las campañas.

El presidente de la instancia parlamentaria, el socialista Leonardo Soto, planteó que “estamos hablando con el Ejecutivo para corregir esta indicación y cerrar la puerta completamente a que las empresas puedan seguir aportando a política, porque ese no era el espíritu de esta indicación“.

Cabe recordar que este martes la diputada Marisol Turres (UDI), también integrante de la Comisión de Constitución -que junto al resto de los parlamentarios gremialistas se abstuvo de esta votación- explicaba el por qué de estos cambios: “Algunos partidos han gestionado su patrimonio de tal forma que tienen empresas propias y de alguna manera reciben recursos de empresas que les son propias. Entonces hubiera sido muy complejo el impedirle percibir la rentabilidad que le dan sus propios bienes”.

Así las cosas, el gobierno hoy manifestó, a través de su vocero Marcelo Díaz, que desde el Ejecutivo se mantiene la intención inicial respecto de normar la relación entre empresas y política. Díaz aseguró que desde La Moneda la intención es “prohibir que la política se financie con dineros de privados”, y agregó que los parlamentarios tienen la soberanía para introducir indicaciones. “Ellos son responsables de lo que presentan y cómo las votan”, sentenció.