Empresa de grupo Matte involucrada en crímenes contra los Derechos Humanos en 1973

A una semana del Golpe de Estado en Chile, el 11 de septiembre de 1973, ocurrió la “Masacre de Laja”, cuando un piquete de Carabineros asesinó a 19 personas de los poblados de San Rosendo y Laja, en la VIII región.

Este hecho estuvo bajo secreto por más de cuarenta años, pero ahora ha presentado avances. Se cuentan 10 procesados y se revela la colusión entre una empresa privada, policía, gobierno y Justicia para la violación de los Derechos Humanos.

El ex carabinero Samuel Vidal, en entrevista con En La Mira, de Chilevisión, rompió el pacto de silencio.

“Por primera vez voy a dar una entrevista, voy a contar mi verdad. Para el año 1973 yo prestaba servicio para la Tenencia Laja. Tenía como 22 años”, indicó Vidal, para agregar que “a veces hacíamos guardia o salíamos de acompañante de un superior. Para el Golpe de Estado me fueron a buscar a mi domicilio”.

En ese contexto, el ex policía indicó que “nos hicieron hacer un juramente de que no podíamos decirle a nadie esto. Habían dos civiles y éramos 13 Carabineros. Nos dijeron que el que rompía el pacto de silencio iba a tener problemas, la familia o uno”.

“Entré por vocación a Carabineros y no para ser asesino. A los familiares les pido perdón. Acataré lo que la justicia diga (…) Sentí pena, amargura, y pensé por qué yo estaba metido en esto”, indicó el ex carabinero.

Un ex camionero, Sebastián Cifuentes, agrega que al ver el lugar donde fueron asesinados los trabajadores “uno sospechaba que ahí mataron gente, pero lo que ocurrió al día siguiente fue peor, ya que se llenó de funcionarios de la empresa”.

El 11 de septiembre de 1973 los 16 carabineros de la tenencia de Laja se acuartelaron, por orden del teniente Alberto Fernández Michell. Los dos suboficiales a cargo suyo eran el mayor Evaristo Garcés Rubilar y el sargento Pedro Rodríguez Ceballos.

Ese mismo día, por parte de sus superiores en Los Ángeles, recibieron órdenes de detener a todas las autoridades del gobierno recien depuesto., además de sus delegados y el alcalde de Laja.

En esa línea, una patrulla detuvo a un grupo de trabajadores de la planta de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), de la familia Matte, uno de los más importantes grupos empresariales de Chile.

Cuando terminó esa jornada, les ordenaron formarse y fueron detenidos a partir de una lista negra que fue realizada por Carlos Ferrer, superintendente de la planta, y el jefe de personal Humberto Garrido. Los detenidos fueron llevados al Regimiendo de Los Ángeles.

Luego, Manuel Becerra fue detenido en la estación de trenes de Laja, donde se despedía de su madre para regresar a Curacautín. Allí asistía a la escuela industrial y su culpa fue “ser del MIR”.

Poco después fue detenido el obrero comunista Luis Armando Ulloa en la barraca Burgos. Tenía 41 años, estaba casado y tenía 5 hijos.

El 13 de septiembre, a la salida de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, fueron detenidos Juan de Dios Villarroel, Jack Gutiérrez (del MAPU), Heraldo Muñoz, del Partido Socialista de Chile (PS), y Federico Riquelme. Fueron llevados por Carabineros a la tenencia, donde también llegó Alfonso Macaya, regidor de la comuna, que se presentó voluntariamente al ser citado por Radio.

El 14 de septiembre detuvieron a la salida de la Compañía a Wilson Muñoz y Fernando Grandón, y otras siete personas fueron detenidas al día siguiente.

Luego detuvieron a Luis Alberto Araneda, que era dirigente del sindicato Federación Santiago Watt de la empresa de Ferrocarriles del Estado, militante del PS y presidente de la Junta de Abastecimientos y Precios.

La misma patrulla llegó a la casa de Juan Antonio Acuña, que también era maquinista y dirigente del sindicato de ferrocarriles.

También fueron detenidos el trabajador de la CMPC Dagoberto Garfias, Mario Jara, Raúl Urra y el director de la Escuela 45 de San Rosendo, Óscar Sanhueza, de 23 años. Los detenidos fueron llevados primero a la plaza de San Rosendo, donde también fue detenido Jorge Zorrilla, un obrero de 25 años que voluntariamente se presentó.

Todos los mencionados cruzaron a pie el puente peatonal del Río Laja, y en un microbus, de la Compañia, fueron llevados a la tenencia de Carabineros del mismo sector. El director del sindicato Industrial del CMPC, Jorge Lamana, quedó detenido en el retén al presentarse voluntariamente.

El 16 de septiembre llegaron detenidos Juan Carlos Jara, por una riña callejera y el director de la Escuela Consolidada de Laja, Rubén Campos.

El 18 de septiembre, de madrugada, un microbus con los 19 detenidos, además de otros vehículos con todos los carabineros de la tenencia, exceptuando tres que quedaron haciendo guardia, avanzaron en dirección a Los Ángeles por el sector sur del Río Laja. Cruzaron el Puente perales y, guiados por el agricultor Peter Wilkens, llegaron a un claro del bosque de pinos a unos 300 metros del camino, dentro del Fundo San Juan.

Allí cavaron con unas palas un foso de cerca de un metro y medio de profundidad. Ahí descendieron todos los detenidos. Tras discusiones, se dio la orden de disparar a estas personas. Todos los uniformados dispararon.

Los cuerpos que no cayeron a la fosa fueron arrastrados. Todos fueron cubiertos con arena. Colocaron unas ramas sobre la tierra removida y al volver a Laja y empezar a beber, juraron nuevamente no decir ninguna palabra sobre lo ocurrido, y quien rompiera aquel trato compartiría la suerte de los detenidos.

Poco después, el 20 de septiembre, se presentó ante carabineros el obrero de la CMPC, Luis Sáez, dirigente sindical y militante del MAPU. Su cuerpo apareció seis años después cerca de donde fueron fusilados los otros 19 detenidos.

En octubre de 1973 un agrucultor avisó a carabineros de Yumbel, 20 kilómetros al norte de Laja, que sus perros habían encontrado restos humanos. El parte oficial fue enviado al Juzgado de Letras de esa comuna, pero la jueza Corina Mera ordenó esconderlo y nunca se investigó.

El teniente Fernández exhumó secretamente los cuerpos y ordenó enterrarlos en el cementerio parroquial de Yumbel.

Ya en el 2010, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFEP) y el Ministerio de Interior, a través de su programa de Continuación Ley 19 mil 123, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Concepción la reapertura de la causa.

El ministro Carlos Aldana revisó los antecedentes y reabrió la causa. De los 17 carabineros de la tenencia, murieron tres, y los otros que estuvieron de guardia fueron sobreseídos. Los otros 11 están siendo procesados por el delito, entre los que está el oficial que es acusado como autor del homicidio. Todos los procesados están en libertad condicional mientras dura el proceso.

Los familiares de Ejecutados Políticos de la VIII región exigen la renuncia de la ministra de la Corte Suprema, Rosa Egnem, porque aseguran que tiene responsabilidad en este caso.

Quien fuese el comisario de Yumbel, Héctor Rivera, entregó la información de los crímenes a la jueza Corina Mera, la que habría derivado el caso a su secretaria, la abogada Rosa Egnem, ya que la primera había empezado a hacer uso de su licencia médica.

Egnem entonces actuó como subrogante y -aseguran- guardó el parte por inhumación ilegal en la caja fuerte del juzgado e incluso habría alterado registros judiciales.

Con esto, los familiares de los desaparecidos reflotaron el cuestionamiento al rol de Egnem, hoy ministra de la Corte Suprema.

Fresia Ponce, sobrina de una de las víctimas, Alfonso Macaya, indicó que “se supone que ella no tiene por qué estar en ese cargo cuando ella no hizo nada de todo lo que estaba pasando y vio los hechos que era en ese momento cuando encontraron los cuerpos en Yumbel. Queremos que esa gente dé la cara y diga la verdad y diga realmente qué pasó, por qué no siguieron con todo el proceso”.