Crisis en Salud: parlamentarios presentan acusación constitucional en contra de la ministra Castillo

El Ministerio de Salud está enfrentando días complejos. Después de que se redujera en el presupuesto la cantidad de recursos asignados a la construcción de hospitales por parte del gobierno, presentó su renuncia a la subsecretaría de redes asistenciales Angélica Verdugo.

La principal discusión en este sentido tiene que ver con la reposición de la política de concesiones hospitalarias. Además, está en tela de juicio la gestión de los recursos de esta secretaría de estado, ya que en la pasada interpelación a mediados de año, la ministra Carmen Castillo reconoció una deuda de los hospitales públicos que ascendía a 246 mil millones de pesos.

Asimismo, en horas de esta mañana renunció la jefa de inversiones del ministerio, Francisca Toro. El diputado Juan Luis Castro (PS), de acuerdo a Radio Cooperativa, confirmó esta dimisión y enfatizó en que “estamos en un marasmo, estamos en una situación de vacío y eso requiere sincerar las cosas”.

Es en este contexto que un grupo de parlamentarios de tres partidos (la UDI, RN y Evópoli), presentarán a medio día una acusación constitucional en contra de la ministra.

Algunos de los fundamentos, según describe La Tercera, tiene que ver con “las graves falencias en materias de hospitales, deuda hospitalaria y listas de espera auge”. Otro de los motivos responden a que “las leyes Auge y Ricarte Soto han quedado sin ejecución (por listas de espera)” y añaden que la titular de Salud “aún no responde el cuestionario de la interpelación”.

Esta acusación debe presentarse en la Cámara de Diputados, y ésta debe ser aprobada. Luego la Cámara de Diputados actúa entregando los antecedentes que fundarían la acusación y el Senado determina si estos corresponden o no.

Si se llegara a justificar, por parte de la cámara alta, esta acusación, la titular de salud podría ser destituida. Este escenario, al menos a nivel de proceso constitucional, es similar al que enfrentó el ex ministro de Educación Harald Beyer el 2013, que quedó inhabilitado de ejercer cargos públicos durante 5 años.

En el actual período, la Alianza presentó acusaciones en contra del ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en el contexto del caso SQM, y también se evaluó realizar lo mismo en contra del Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. Ninguna de estas acciones se concretó a causa de que no contó con el respaldo de los parlamentarios.